Nota de Asocamerlat .- Es muy grato compartir con uds. los conocimientos de Hugo Cabieses que desde hace más de 15 años, sus temas han sido la defensa de la hoja de coca, sus cultivadores y consumidores, así como el desarrollo rural integral en zonas de producción de coca. Es peruano, socialista y luchador como el boliviano Evo Morales, es uno de los grandes conocedores de la geopolítica de la droga. Le agradecemos su colaboración.

¿POR QUE HUGO CABIESES?
El académico de las drogas

Por Cristian Alarcón

Hugo Cabieses tiene una biblioteca en su departamento limeño que avanza sobre la pared repleta de todo aquello que se haya escrito sobre drogas, sobre todo en América latina. Es, a ojos de la poca academia que se dedica a uno de los temas eje de la política latinoamericana, a los 57 años, el máximo experto en desarrollo rural de las áreas cocaleras del Perú, el Alto Huallaga y el Valle del Río Apurímac y Ene. Y sobre todo un testigo de lujo de los procesos de crecimiento y expansión del cultivo de coca, por un lado, y de los tráficos ilícitos y los escenarios de violencia que generan en el continente, por el otro. En ese sentido es que Cabieses, un hombre que al mismo tiempo que trabaja en la vereda de los cocaleros, practica un humor negro que no los sacraliza sino que los ve con sus complejidades.

Su último libro, en colaboración con otros autores de su talla, es "Hablan los diablos: Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú: escritos urgentes". Pero ya en 1976 publicó "Capitalismo y comunidad laboral: alcances y límites". Escribió el análisis "Estrategias nacionales de control de drogas, desarrollo alternativo y cooperación internacional", para AIDA/GTZ en 1997. Es autor de otra quincena de libros, algunos de ellos pilares para comprender la relación entre pobreza, coca y narcotráfico. Ha expuesto en más de veinte países del mundo, y en Naciones Unidas en la Asamblea General Especial sobre Drogas, en Nueva York. Actualmente profundiza sus investigaciones sobre el uso milenario de la hoja de coca en los valles cocaleros del Cuzco. Y ejercita la polémica y la crítica en varios frentes.

Por Cristian Alarcón desde Lima

–¿Cuál ha sido la política de erradicación de cocales de Perú?

–En primer lugar en el Perú, como en Bolivia, no está permitida la fumigación de cultivos, a diferencia de Colombia. Y en el caso del Perú hay leyes concretas que prohíben la fumigación con productos químicos o biológicos. Lo que sí hay es una erradicación que puede ser voluntaria o forzosa, que en la práctica viene a ser más o menos lo mismo porque si tú no aceptas los programas de desarrollo alternativo, por lo tanto no reduces tus cultivos, igual te los van a reducir a través de un programa que se diseña a finales de un año y a principios del siguiente y por una resolución del Ministerio del Interior. La institución encargada de la erradicación forzosa es el Cora, que es un proyecto especial para la reducción de cultivos de coca en el Alto Huallaga.

–¿Cómo se hace esa erradicación sin fumigaciones?

–Es una erradicación básicamente manual, a través de un aparato que es una especie de alicate que extrae de raíz los cultivos de coca. No tengo las cifras exactas pero tengo entendido que el año pasado se erradicaron alrededor de 12 mil hectáreas de las cuales 3 mil son por auto-erradicación y la diferencia, unas 8 mil, 9 mil hectáreas, por erradicación forzosa. El procedimiento es que primero llega una institución que depende también del Ministerio del Interior que se llama CADA, Cuerpo de Apoyo al Desarrollo Alternativo, que en realidad lo que hace es medir dónde están los cultivos de coca y cuáles son susceptibles de ser erradicados. Después llegan lo que los campesinos llaman "los coreanos", que son los erradicadores. Son trabajadores manuales contratados por el CORA, que van acompañados de policías y se trasladan normalmente en helicópteros hacia las zonas previamente determinadas para poder erradicar.

–Hay dos zonas claves en Perú para cultivar: el Alto Huallaga y el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). ¿Cuáles son las especificidades de esas zonas?

–Estas dos zonas no son las únicas en el Perú, ni siquiera son las que tienen la mayor cantidad de cultivos de coca. Hay cultivos de orientación fundamentalmente legal en el departamento del Cuzco, en la provincia de La Convención, los Valles del Río Vilcanota, Quillabamba, el río Yanatile, también en la provincia de Calca y el río Kosñipata en la provincia de Paucartambo del Cuzco. Y a la vez hay otros cultivos en la selva del departamento de Puno. Pero estas dos zonas son las más mediáticas.

–¿Por qué toma tanta relevancia el VRAE?

–Entre 1984 y 1994 prácticamente ese valle estaba cerrado. Era tierra de nadie, mejor dicho de algunos, en este caso de Sendero Luminoso, que estaba desarrollando sus actividades subversivas y terroristas en esa zona. A la vez había una situación de presencia de narcotráfico muy fuerte en el valle del río Apurímac. Durante diez años ese valle estuvo prácticamente cerrado para la entrada del Estado, de los organismos de seguridad del Estado, y de la colaboración internacional. En el caso del Alto Huallaga fue unos años antes, entre el año 1975 y 1983, cuando se produjo el boom de los cultivos de coca.

–En ese sentido, ¿cuál fue el rol de Sendero Luminoso en la expansión del negocio del narcotráfico en Perú?

–Fue un encuentro que se produjo alrededor de los años ’84, ’85. Sendero inicia su lucha armada en el año ’80. Una vez que a finales del ’82 ingresa el ejército por orden de la autoridad política, ellos se repliegan de las partes altas hacia las partes bajas de la selva, y en concreto hacia el valle del río Apurímac y Ene. En el valle del río Apurímac había producción de coca y presencia de narcotráfico, y por lo tanto ahí articula por un lado Sendero Luminoso con el narcotráfico; y por el otro lado los agricultores del valle que, para poder combatir a Sendero, recurren al narcotráfico para poder comprar las armas que les permitieran enfrentar y derrotar a Sendero. La verdad es que la derrota de Sendero comenzó en el VRAE. Las "rondas campesinas" que golpearon fuertemente a Sendero comenzaron en un pequeño pueblo que se llama Pichiwilca, en 1983.

–¿Qué significado tiene ese valle para el desarrollo del narcotráfico en el Perú?

–El VRAE tiene un enorme significado respecto de la derrota de Sendero por un lado, y a la alianza que tanto campesinos como Sendero tuvieron con el narcotráfico por otro. Es una historia un poco diferente que la historia del Alto Huallaga: allí ha habido presencia no solo de Sendero sino del MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Si bien el MRTA comienza como una especie de organización a lo Robin Hood, que les roba a los ricos para entregarle a los pobres, con ideas guevaristas, poco tiempo después de su insurgencia, que es entre el ’85 y el ’86, entre el ’90 y el ’91 se articulan estrechamente a lo que es el narcotráfico, y finalmente son parte del negocio del narcotráfico.

–¿Sendero entonces no es parte del narcotráfico?

–Sendero había estado desde el año ’84, ’85, también en este tipo de actividades, pero hubo un famoso general, el general Alberto Arciniega, que en la parte final del primer gobierno de Alan García desarrolla lo que él llama "la doctrina Arciniegas", que no es algo raro, y consiste en que no se puede derrotar a dos enemigos a la vez. Hay que primero aliarse con uno para derrotar al otro. Y el enemigo principal en su concepción en ese momento era Sendero Luminoso...

–Y no el narcotráfico.

–No el narcotráfico. Entonces para poder derrotar a Sendero lo que tenía que hacer era buscar alianza con el campesinado. El campesinado también estaba articulado al narcotráfico, pero hacía alianzas con ellos para poder derrotar a Sendero, y eso fue lo que hicieron. La situación en el VRAE es una suerte de autonomización de las fuerzas campesinas organizadas en rondas campesinas, que van a enfrentar solos, sin presencia de las fuerzas armadas, a Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque Sendero los había atacado desde el principio de la guerra en un valle donde la pequeña producción no era tan generalizada como sí era en el Alto Huallaga, sino más bien eran medianos productores.

–O sea que tenían armas o capacidad para organizarse.

–Los medianos productores tienen un mundo que perder. Poseen 30 o 40 hectáreas, tenían 30 o 40 cabezas de ganado. Eso permitía que buscaran una situación de autonomización en relación con el ejército y tratar de desarrollar su propia guerra, ¿aliándose con quién? Con los narcotraficantes que estaban en esa zona.

–¿Y quiénes son los aliados del narcotráfico hoy?

–Es difícil saberlo exactamente, pero es indudable que el narcotráfico está infiltrando desde hace varios años diferentes sectores de la sociedad peruana. Hay relación entre el narcotráfico y el gran capital. Hay relación entre el narcotráfico y sectores de las fuerzas armadas. Hay relación entre el narcotráfico y sectores de la policía nacional. Hay relación entre el narcotráfico y la política peruana. Yo tuve la oportunidad de participar durante casi un año en la Comisión Investigadora del Congreso de la República sobre los delitos de la dictadura de Fujimori-Montesinos. Me encargué en concreto de lo relativo a la investigación sobre la articulación entre el tráfico ilícito de drogas y la corrupción.

–¿Qué descubrieron allí?

–La articulación muy estrecha que había entre el poder político y el narcotráfico. En concreto, que el narcotráfico se manejaba casi desde palacio de gobierno y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a través de Vladimiro Montesinos y de lo cual no se excluye de ninguna manera a Fujimori. Que ahora Fujimori quiera hacerse el loco o el sueco sobre este tema es otro problema, pero indudablemente ahí había una relación muy estrecha.

–¿Ha mejorado esa situación de corrupción internacional?

–Yo creo que sí y de manera importante. Además, muchos de los cabecillas de esta narcomafia que nos gobernó durante diez años están presos. Hay procesos judiciales contra ellos aunque muchos quisiéramos que les den muchos más años que los que les han dado. Por ejemplo, hace poco acaban de condenar, creo que es a 6 o 7 años, al general Hermoza Ríos. Al general poco le faltaba para estar dirigiendo avionetas en el Alto Huallaga de entrada y salida de drogas. La verdad es que el poder judicial, que es otro de los poderes del estado enormemente infiltrado y comprado por el narcotráfico, en el caso de muchos magistrados, no ha hecho desde mi punto de vista el esfuerzo necesario como para efectivamente castigar este delito en donde debe ser castigado, que son los altos mandos de las fuerzas armadas, los altos mandos de la policía nacional y los responsables políticos de que esto se haya desarrollado casi a un nivel incontrolable durante el gobierno de Fujimori-Montesinos.

–¿El ex presidente Toledo hizo esfuerzos para tratar de combatir esto?

–Quiso sanear este tema y combatir este delito, pero yo con franqueza pienso que ese esfuerzo ha sido permeado de alguna manera por una estrategia equivocada, que es la estrategia norteamericana para encarar este fenómeno. Estados Unidos piensa que el problema del narcotráfico, el problema del cultivo de coca, el problema de drogas es un problema de seguridad nacional. Yo creo que está totalmente equivocado. Estados Unidos tiene 35 años aplicando esta estrategia y es una estrategia que fracasa en todos lados del mundo.

–Si la visión norteamericana es parte del problema, ¿desde dónde se pueden pensar las soluciones posibles?

–Desde mi punto de vista el problema de las drogas es un problema socioeconómico y cultural por el lado de la producción. Es un problema médico sanitario y de prevención educativa por el lado del consumo. Y por el lado del tráfico el problema es un problema de inteligencia y de aplicación quirúrgica, de tal manera de no equivocar el blanco. El blanco no son los agricultores y el blanco no son los consumidores: el blanco son los grandes traficantes, los lavadores de dinero, los que trafican con precursores químicos para poder producir pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína.

–¿Cómo se traduce la acción de los Estados Unidos en el valle?

–Sus políticas están orientadas fundamentalmente a atacar a los campesinos y a los consumidores, y dejar sueltos de alguna manera a los eslabones intermedios. Esa estrategia, que es una estrategia equivocada, es la que continúa siendo aplicada en el Perú lamentablemente. Por qué, porque los que manejan la política antidrogas a nivel internacional son los Estados Unidos, y son los que ponen plata para combatir al narcotráfico. Lamentablemente el gobierno de Toledo no pudo diferenciarse de esta estrategia, y creo que el gobierno de Alan García tampoco.

–Sin embargo, el gobierno de Bush anunció que reducirá los recursos para Perú durante los próximos años.

–Anuncian una reducción del 37 por ciento para los próximos cinco años. Soy ambivalente en la interpretación de este asunto. Por un lado me da cierta alegría que los norteamericanos dejen de tirar la plata de sus contribuyentes pero pienso que es una enorme hipocresía de parte del gobierno de los Estados Unidos que quiere supuestamente combatir el narcotráfico pero por otro lado disminuye el apoyo a los países andinos otorgándole solamente dólares adicionales al plan Colombia, que es un gran fracaso en cuanto a que los cultivos siguen creciendo, y la provisión de drogas hacia Estados Unidos y Europa sigue creciendo.

–¿Cuál podría ser en esta explosión del narcotráfico el impacto sobre un país vecino como la Argentina?

–A mí me parece que Argentina tiene un rol en la división internacional del trabajo del tráfico ilícito de drogas triple. Por un lado, es un país consumidor: cada día más en la Argentina misma se consume clorhidrato de cocaína y otras drogas de origen natural y de origen químico. Es un mercado importante. En segundo lugar, es un lugar de tránsito de clorhidrato de cocaína hacia otros puertos, fundamentalmente hacia Africa, el sudeste y el este de Europa, y Europa misma. Y por otro lado, es un centro de lavado de dinero de donde se sacan los recursos para que este negocio de alguna manera continúe.

–En las provincias del Noroeste se consume la hoja de coca.

–En Salta y Jujuy hay probablemente entre 200 y 250 mil consumidores tradicionales de la hoja de coca, que no tiene nada que ver con la cocaína. Son solamente consumidores tradicionales que lo consideran como parte de sus buenas costumbres, como parte de su cultura. Aunque no es una cultura campesina sino urbana. Es casi la única zona de América del Sur donde se consume coca en zonas urbanas. Eso va aparte del rol en el mercado de las drogas del país: es indudable que hay consumo, tránsito y a la vez de lavado de dinero.

–¿Cómo se explica la presencia de ex soldados de Sendero Luminoso articulados con narcotraficantes en la Capital Federal?

–En primer lugar, Sendero Luminoso, de ser una organización político- militar devino en una estructura de grupo armado articulado con el narcotráfico. Esos grupos armados que fueron derrotados migraron a otros países, y Argentina es uno de los países adonde estos ex combatientes de Sendero Luminoso migraron. Lo curioso es que parece ser que muchos de éstos provienen de la zona de Trujillo. Trujillo es una plaza, ha sido siempre una plaza de pasta básica de cocaína y de elaboración en laboratorios de esta pasta y de clorhidrato de cocaína. Y además de salida hacia los puertos del norte y los puertos del sur para la venta de clorhidrato. Entonces no me extrañaría que en Trujillo este grupo de ex senderistas, que eran una suerte de vigilantes, guardianes, sicarios quizás del narcotráfico, después de que dejaron de ser revolucionarios entre comillas, ante la persecución de la policía y el aislamiento que tenían respecto de la población en su conjunto, decidieran migrar y migraran a la Argentina.

Estando lejos de las protestas y propuestas de mis amigos agricultores de las cuencas cocaleras, por encontrarme viviendo entre el Cusco y Madre de Dios dedicado a impulsar acciones de desarrollo rural integral sostenible y sustentable en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera del Manu (RBM), quiero opinar y proponer en el Forum "PRESENTE Y FUTURO SE LA HOJA DE COCA" organizado por el Parlamento Andino por iniciativa de mi amiga Elsa Malpartida, parlamentaria andina que tuvo a bien considerarme entre los comentaristas y expositores del evento realizado el 19 de marzo del 2007 en la ciudad de Lima.

Agradezco a Elsa y los organizadores por esta invitación que me saca de la selva para compartir con ustedes mis reflexiones y aprender de los otros expositores y panelistas sobre un tema tan complejo y actual como es el de la hoja de coca, las propuestas de los agricultores cocaleros y las políticas de drogas.

1- Mesa de Diálogo.-

Que se instale cuanto antes y a nivel nacional incluyendo a TODAS las cuencas en las que se cultiva hoja de coca, una Mesa de Diálogo que no debe ser una mecida más como la que se instaló a mediados de setiembre del año pasado para el VRAE y el Alto Huallaga. Esta Mesa de Diálogo no es una concesión del Gobierno, sino de una conquista de los agricultores y otros sectores que desde hace años luchamos por impulsar nuevas y diferentes políticas de drogas y de hoja de coca para nuestro país.

Esto implica rescatar y sistematizar los acuerdos de las más de 40 Actas que han firmado tres gobiernos - Fujimori, Paniagua y Toledo - con los agricultores de diversas zonas productoras de coca, las mismas que han sido incumplidas y burladas por DEVIDA y otras instancias, presionadas por la Embajada de los Estaos Unidos y su agencia de "desarrollo" USAID. Estas Actas no deben ser letra muerta sino elementos vinculantes. Además, debería resucitarse la Mesa de Diálogo que fue creada en marzo del 2001 – DS 009-SA del 24 de marzo de ese año - y que DEVIDA se encargó de destruir.

2- Derogar el D.L. 22095.-

Debe buscarse cambios sustanciales en las políticas de drogas y de la coca mediante la discusión y promulgación de dispositivos legales diferenciados que deroguen el decreto ley 22095 por obsoleto – data de febrero de 1978 - e ineficaz – los "narcos" crecieron y están felices con este dispositivo - y que trastoquen la institucionalidad actual por ineficaz, injusta, inconstitucional y muchas veces corrupta como son DEVIDA, OFECOD, CORAH, CADA y ENACO.

3- Poner de cabeza a DEVIDA.-

Con respecto a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la principal recomendación que le hice a Ricardo Vega Llona cuando me convocó para apoyarlo en octubre del 2001 fue que debía cerrar Contradrogas – la que antecedió a DEVIDA -, despedir o cesar contratos a todos sus trabajadores y técnicos, evaluar a cada uno - muchos de ellos habían sido puestos por el SIN de Montesinos - quedándose con los honestos, reducir el número de miembros y parar de cabeza la institución.

En ese momento había 130 personas, 100 en Lima y 30 en el campo por lo que recomendé que sea exactamente al revés y con menos gente. No más de 80, 60 en el campo y 20 en Lima. Ahora hay más personas - creo que 140 - y la proporción respecto al campo sigue similar. Vega Llona no me hizo caso y me dijo: "tú eres socialista utópico y yo empresario realista que no cambio el caballo a la mitad del río; no puedo cerrar una institución de crearon los gringos". Tuve la razón, A Vega Llona lo destituyeron del cargo y cinco años después el remedio ha resultado peor que la enfermedad.

4- Las esquizofrenias de ENACO.-

Con respecto a la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), se trata de una empresa que tiene en su seno una quintuple contradicción: 1) es un monopolio con posición de dominio en el mercado, cuando estos fueron eliminados por la Constitución de 1993; 2) es una empresa pública de derecho privado, algo así como un pájaro submarino o pescado volador; 3) por ley debe hacer desaparecer un producto que debe revalorar para poder subsistir; 4) compra barato a campesinos pobres en la ceja de selva para venderle caro a campesinos más pobres de las serranías (frase del Ing. Nils Ericsson cuando fue Presidente de ENACO y defendía la hoja de coca y a los cocaleros); y, 5) debe prestar un servicio público fiscalizando que la coca no se vaya para el "narcotráfico" pero capta menos del 30% de la coca de uso legal.

Por ello he sostenido que ENACO debería tener un siquiatra en lugar de gerente o presidente del directorio. La propuesta es que en su reemplazo debe crearse una instancia de fiscalización del cultivo y producción de coca con la participación de los agricultores, los gobiernos regionales y municipios. Los municipios de las zonas productoras de coca podrían comprar hoja de coca a los agricultores a precios más altos mediante sistemas de agricultura por contrato y vender a los municipios de las partes altas de la sierra, quienes se encargarían de distribuir la coca a los consumidores a precios más bajos que los actuales.

5- Nacionalizar la OFECOD, el CORAH y el CADA.-

La Oficina Ejecutiva para el Control de Drogas (OFECOD), creada en 1978 por el decreto ley 22095, es una institución que no tiene oficio ni beneficio, salvo para darle trabajo desconocido y sin fiscalización de nadie a algún policía en retiro con buenas relaciones con la embajada de Estados Unidos en Lima. Lo mismo sucede con el Proyecto Especial para la Erradicación de Coca en el Alto Huallaga (CORAH) – extendido al resto de cuencas con cultivos de coca -, que depende de la Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS) de la Embajada de Estados Unidos y que, dado los hechos lamentables de Sión el año pasado y Tocache este año, más bien debería reestructurarse convirtiéndose de  erradicador de coca en plantador de especies forestales.

Otra institución es el CADA (Cuerpo de Apoyo al Desarrollo Alternativo) que depende de la OFECOD y cuyos técnicos están capacitados y tienen los equipos necesarios, financiados por el Gobierno de Estados Unidos, para impulsar procesos de zonificación ecológica-económica que sirvan a un mejor fin que medir cultivos de coca para erradicar. Sería bueno pasar esta institución directamente al Ministerio de Agricultura.

6- Parar la erradicación hasta nuevo aviso.-

Es indispensable buscar una fórmula adecuada para un cese temporal de la erradicación de cultivos de coca - como la que hubo entre 1989 y 1995 -, para reemplazar está política ineficaz e injusta por una de reducción gradual, manual, pacífica y concertada, hasta los niveles requeridos para el consumo tradicional y su industrialización benéfica.
Este planteamiento fue el que hicieron los dirigentes cocaleros en sus marchas del 2001 al 2003, pero DEVIDA lo distorsionó totalmente a través del DS 044 – que firmó Toledo y al que se opusieron las dirigentes Nancy Obregón y Elsa Malpartida -, buscó financiamiento norteamericano para entregar migajas a los que se sumaran al programa sin siquiera cumplir con las promesas y, finalmente, se burló de la propuesta para decir luego que los radicales dirigentes quieren ahora "coca o muerte".
Lo que se debe proponer no es otra cosa que la racionalización de los cultivos de coca, bajo control social – no policial burocrático y corrupto -, como es la estrategia que está impulsando el Presidente Evo Morales para Bolivia, con la que estoy plenamente de acuerdo.

7- Las drogas no son un problema de "seguridad nacional.-

Se debe dejar claro que el tema de las drogas y de la coca no es de "seguridad nacional" como sostiene el gobierno de ESTADOS UNIDOS y repite el Gobierno del Perú con el apoyo de Fernando Rospigliosi y otros intelectuales, sino que es un tema: 1) socio-económico y cultural por el lado del cultivo y la producción; 2) médico-sanitario, educativo-preventivo y socio-económico (cultural en parte) por el lado del consumo; y, 3) de inteligencia y Seguridad Humana o Ciudadana por el lado del tráfico.

Una política de "seguridad nacional" como la adoptada hasta ahora - siguiendo a pie juntillas la ineficaz impronta  estadounidense - es equivocar el diagnóstico y centrar la estrategia en salidas militares o policiales, lo cuál en mi concepto es un grave error. Estos tres aspectos de un sólo fenómeno - producción, tráfico y consumo - son un "blanco móvil" y no existe fuerza posible para encararlo ya que no se ha inventado aún el "hardware" necesario para ello.

8- Política de Estado propia vs. política de Estados Unidos.-

Es necesario elaborar, discutir y aprobar en el Congreso de la República y con la participación democrática de la sociedad civil incluyendo a los agricultores y consumidores de coca, una Política de Estado sobre Drogas y sobre Coca que no sea "calco y copia" de la Política del gobierno de Estados Unidos. Esta nueva política debe estar centrada en una estrategia integral de Seguridad Humana, de la que debe erradicarse la palabra y el concepto de erradicación.

Los ciudadanos y ciudadanas, no sólo los cocaleros y coqueros, deben asumir la problemática de las drogas y la coca como temas que los atañe, afecta o favorece. Es decir se debe construir el "software" suficiente, la masa crítica necesaria para consensuar un rechazo e impulsar propuestas ciudadanas positivas, no policial-represivas, alrededor de una Política de Estado sobre Coca y Drogas, diferenciando una de otras. No una Política de Gobierno y menos aún la Política del Gobierno de los Estados Unidos, que es lo que hasta ahora se ha estado impulsando con fracasos que están a la vista, analizados e informados con pelos y señales en "Drogas y Democracia en América Latina: el impacto de la política de Estados Unidos" editado por WOLA (Washington Office on Latin America) en el 2004.

9- Estudios y encuestas verdaderas, no las de ESTADOS UNIDOS.-

Debe plantearse la necesidad de realizar encuestas y estudios que permitan que el Estado, el Gobierno y la sociedad civil del Perú no sigan con los "ojos vendados" en lo que se refiere a estos temas, particularmente en cuanto a las extensiones de cultivos de coca - las mediciones no son del Perú sino de la CNC (Crime and Narcotics Center) estadounidense y la UNODD (Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) con discrepancias enormes entre una y otras -, las cantidades requeridas para su uso tradicional - piccheo, medicinal, ritual y otros - y la industrialización benéfica. Pero para ello, hay que saber cuánto, cuántos, por qué, de qué forma, en qué sitios  se cultiva y consume la coca y qué beneficios o perjuicios trae.

La Encuesta del INEI/DEVIDA, realizada en el 2003 y solicitada por los agricultores en sus marchas, realizada con financiamiento de USAID y la NAS, no sirve para saber a ciencia cierta de qué estamos hablando. Aunque DEVIDA y la Embajada de los Estados Unidos sostenga lo contrario - además de Fernando Rospligliosi, Jaime Antesana y otros -, sus resultados y análisis responden al interés del Gobierno de ese país pero no al de los peruanos y peruanas.

Varios críticos de las políticas erradicadoras sostenemos que la tesis de "9 de cada 10 hojas de coca se van para el narcotráfico" es falsa por exagerada y que las cifras que se manejan no son científicas sino políticas, interesadas con golpear los eslabones extremos de la cadena, en este caso a los campesinos, dejando libres a los intermedios: traficantes de precursores químicos, policías corruptos, "narcojueces", lavadores de dinero, empresarios "de alto riesgo", traqueteros mayoristas, etc. Como dijo alguna vez el actual presidente de Bolivia Evo Morales, repitió Elsa Malpartida en el Perú y le dio la razón el embajador de Estados Unidos en Lima, James Curtis Struble: "los narcotraficantes de cuello y corbata andan sueltos".

10- Separar la paja del grano.-

Para la nueva Política de Estado es necesario "separar la paja del grano" en torno a la coca en base a sus tres dicotomías: a) que coca no es lo mismo que la cocaína, aunque la contiene y es también materia prima para producirla, razón por la que debe estar fiscalizada; b) que cultivador de coca no es traficante de drogas ni integrante de la cadena del "narcotráfico" sino interlocutor para el impulso de nuevas políticas; y, c) que consumidor de coca no es droga-dependiente sino ciudadano con derecho a consumir una planta que constituye un símbolo de su identidad y por lo tanto con derecho a participar en la formulación e impulso de las nuevas políticas.

11- El falso "desarrollo alternativo".-

Debe cambiarse de raíz la estrategia del llamado "desarrollo alternativo" por una de desarrollo rural integral sostenible y sustentable que comience por investigar qué se ha hecho con los fondos internacionales donados para ello, que impulse una estrategia que no esté basada en cultivos y actividades de exportación sino de mercado interno, que tome como eje la participación de los agricultores en la elaboración de la estrategia, que no considere mendigos a los agricultores sino empresarios con derecho a crédito, que impulse actividades económicas que aprovechen la biodiversidad andino-amazónica, que considere a la hoja de coca coma parte consustancial a esta biodiversidad y que no se base en poner por delante la disminución de los cultivos de coca sino el desarrollo.

12 -La "ayuda" de los Estados Unidos y la búsqueda de otras fuentes.-

Señalarle al Gobierno del APRA que es un grave error estratégico que más del 85% de los fondos de la cooperación internacional para la lucha contra las drogas y el "desarrollo alternativo" provenga del Gobierno de Estados Unidos. Debe haber una diversificación de fuentes y para ello, convocar a los embajadores de la Unión Europea, Alemania, Canadá e Italia a fin de reconstruir lo que se conocía como el Dublin Group.

En los últimos cinco años, dada la prioridad que el Gobierno del Presidente Toledo le dio a las relaciones con el de Estados Unidos, particularmente en el tema del Tratado de Libre Comercio (TLC), no hubo la voluntad política ni la capacidad técnica para diversificar fuentes. Además se dejó en manos de USAID a través de la NAS y la UNODD el tema del "desarrollo alternativo" lo que también es un grave error estratégico.

Se debe restablecer la Mesa de Donantes de Bruselas – creada en 1998 -, apoyar la reconstrucción del Dublin Group, fortalecer las relaciones con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), trabajar fuentes de financiamiento con el BID y articular propuestas hacia la Corporación Andina de Fomento (CAF) en coordinación con la Corporación Financiera del Desarrollo (COFIDE).

13- Revalorización de la hoja de coca.-

Es indispensable la necesidad de iniciar una campaña nacional de revalorización de la hoja de coca, comenzando por eliminar los insultantes carteles de DEVIDA, CEDRO y Alianza por un Perú sin Drogas del tipo "coca = delincuencia" o "de cada 10 hojas de coca 9 se van al narcotráfico". Esta campaña también debe ser internacional, acompañando a Bolivia y Argentina en la solicitud del retiro de la hoja de coca de la Lista 1 de estupefacientes de la ONU. En lo interno es necesario crear un instituto de investigaciones científicas y antropológicas sobre este recurso andino-amazónico.

Acorde con ello aborda aspectos críticos y los convierte en exhortaciones que, teóricamente, no son vinculantes pero ningún Gobierno puede hacerse de la vista gorda frente a ellas. Los temas señalados por los Magistrados del TC son las que se resumen a continuación.

1- La hoja de coca no es sinónimo de cocaína.-

El TC sostiene lo siguiente: "(la hoja de coca) ni siquiera constituye, en su estado natural, la fase inmediatamente previa a la obtención en el ciclo productivo de aquel alcaloide altamente adictivo, pues dicha fase intermedia se encuentra constituida por la elaboración de pasta básica de cocaína bruta y lavada, a la que debe añadirse el uso de insumos químicos que, en sí mismos, tampoco constituyen productos prohibidos, sino regulados en su comercialización y uso industrial" (Punto 94).
En otras palabras, según el planteamiento de los Magistrados la coca debería ser regulada y no prohibida, como quiere e impone el Gobierno de Estados Unidos.

2- El consumo de coca debe ser respetado.-

El TC argumenta lo siguiente : "En tanto el uso tradicional de la hoja de coca determina una identidad socio cultural entre esta planta y un importante sector de la población, toda política orientada a su regulación, no puede perder de vista esta innegable realidad, que debe ser afrontada sobre la base de un amplio conocimiento de sus particulares dimensiones y no bajo la influencia de iniciativas nacionales o extranjeras carentes de identificación con el tema." (Punto 101).

Es decir, los gobiernos del Perú y Estados Unidos no conocen ni aceptan las complejidades de la hoja de coca, sus dicotomías, caracteres, dimensiones y diferenciaciones.

3- La producción de coca y su transformación debe ser conservada.-

Los Magistrados del TC sostienen que: "Las potencialidades del patrimonio cultural inmaterial, como en el caso de la planta de la hoja de coca, trascienden del ámbito de lo cultural, adquiriendo especial relevancia, y obligando al legislador a hacer una lectura integral de esta institución atendiendo a sus consecuencias socioeconómicas, haciendo efectivas tales normas internacionales que garantizan los intereses de la Nación peruana a participar en los beneficios de la explotación comercial, pero fundamentalmente los derechos de las comunidades campesinas y nativas (artículo 89º de la Constitución) de recibir una compensación por la contribución de sus conocimientos tradicionales sobre la hoja de coca en la generación de riqueza" (Punto 108).

Ni el agua es más clara: según los Magistrados, la coca no sólo debe conservarse, sino industrializarse. Ambos asuntos reman contra la política de DEVIDA y el Gobierno de Estados Unidos, pero a favor de la coca, de las propuestas de los agricultores cocaleros y del respeto a los tratados internacionales y la Constitución Política del Estado.

4- La coca como fuente de desarrollo sostenible.-

El TC también rema en contra de una de las falacias de DEVIDA – que la coca produce pobreza - en el siguiente sentido: "Se debe reconocer que este patrimonio constituye una fuente de oportunidades para el desarrollo sostenido de las regiones cocaleras, por ello, es que se hace necesario afirmar que su conservación, recuperación y uso sostenible de la hoja de coca requiere de la concertación de políticas y estrategias nacionales y regionales que garanticen su utilización racional. De esa forma se superará una de las grandes paradojas relacionadas con la biodiversidad, pues nuestro país, siendo un gran productor de la hoja de coca, a la vez, carece, al menos en la proporción y medida adecuadas, de los recursos materiales y humanos imprescindibles para su estudio y explotación lícita" (Punto 109).

5- La coca como patrimonio biológico aprovechable.-

Adoptando una actitud ecológica y de conservación de nuestros recursos naturales el TC informa que: "El Perú concentra un alto porcentaje de la biodiversidad del planeta, y junto con los países de la subregión andina es lugar de origen de importantes recursos fitogenéticos andino amazónicos que proveen alrededor del 35% de la producción agroalimentaria e industrial del mundo. En atención a ello, se hace necesario efectuar una visión amplia, de la riqueza biológica nacional y las características geográficas en las cuales se desenvuelve, para orientar recursos científicos que permitan garantizar la conservación del patrimonio biológico que en ella se sustenta y dentro de los cuales se encuentra la planta de la hoja de coca." (Punto 110).

Según los Magistrados, la planta de coca es un patrimonio biológico de la Nación, que las políticas norteamericanas quieren erradicar y DEVIDA no quiere garantizar su defensa.

6- Ha habido "ocio del legislador" respecto a la coca.-

Poniendo el dedo en la llaga y contrario a lo que afirma DEVIDA, el libro de Fernando Rospigliosi y varios otros estudios recientes, el TC informa que: "Desde hace siglos el uso tradicional (chaccheo, mágico religioso, ceremonial y medicinal) de la planta de la hoja de coca, forma parte de la identidad cultural de los pueblos originarios del Perú. Por ello, este Colegiado comparte la preocupación de los demandados por el ocio del legislador nacional al no haber reconocido expresamente al uso tradicional de la planta como patrimonio cultural inmaterial de la nación. En tanto dicha inercia legislativa persista se corre el riesgo de generar una inconstitucionalidad por omisión, no sólo por afectar el derecho a la identidad cultural de muchos peruanos (artículo 2º 19 de la Constitución), sino también por afectar el derecho a la igualdad (artículo 2º 2 de la Constitución)" (Punto 111).

Según los Magistrados, está claro que DEVIDA, el ocioso Congreso de la República, así como varios investigadores peruanos pagados con fondos de USAID, tendrán que poner las barbas en remojo ya que están procediendo contra la Constitución Política del Estado.

8- No a la "coca cero" pero sí al "narcotráfico cero".-

El TC deslinda con la política oficial peruana y norteamericana diciendo que: "Con el mismo énfasis con el que este Tribunal reconoce que la hoja de coca no es sinónimo de cocaína y que, atendiendo a las características pluriculturales del Estado peruano, resultaría contrario al derecho fundamental a la identidad cultural y étnica de la población indígena, pretender la erradicación absoluta de las plantaciones de hoja de coca, reconoce también que la ausencia de control efectivo por parte del Gobierno Nacional sobre la expansión de su cultivo, cosecha y comercialización, tiene relación directa con el tráfico ilícito de la cocaína." (Punto 120).

Y añaden: "Ciertamente a un Estado democrático y social de derecho como el peruano, no puede serle ajeno este flagelo, que no sólo es del Perú, sino que ha adquirido ribetes universales y, en ese sentido, compromete a la humanidad entera. Efectivamente, está comprobado, médica y psicosocialmente, que su consumo afecta sensiblemente a la dignidad del ser humano, el derecho a la salud, libre desarrollo y bienestar personal y familiar. De ahí que, a partir de la Constitución, se haya impuesto como una tarea constitucionalmente exigible al Estado que éste adopte diversas medidas destinadas a combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas." (Punto 121).

En resumen, los Magistrados plantean la tesis principista, ética y soberana que está enarbolando el presidente boliviano Evo Morales: no a la "coca cero", pero si al "narcotráfico cero".

9- Desproporción de los tratados internacionales sobre la coca.-

El TC se atreve a reinterpretar aspectos de la normativa internacional: "En atención a la variación de la normativa internacional en relación con el combate al narcotráfico y a las consideraciones precedentes, debe interpretarse que allí donde las convenciones o tratados internacionales hacen referencia al "arbusto de coca" u "hoja de coca" para aludir a una sustancia prohibida, realizan una vinculación desproporcionada con la cocaína. Está exigencia interpretativa es aplicable a la Lista I de sustancias prohibidas de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes." (Punto 127).

A buen entendedor, pocas palabras: el TC insinúa la necesidad de revisar la Lista I sobre Estupefacientes, asunto que DEVIDA se niega a interpretar.

10- Las políticas contra el "narcotráfico" han sido ineficientes.-

Para los Magistrados del TC: "Aún cuando de conformidad con el diseño actual de las políticas nacionales en relación con el cultivo de la hoja de coca, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los dispositivos impugnados, ello no es óbice para que este Colegiado advierta que dichas políticas no están alcanzando los resultados esperados, y no resulta plenamente afín con la realidad nacional y regional sobre la materia." (Punto 135).

Según el TC, estas políticas no tienen nada que ver con la realidad nacional y lo que se aplica son las políticas norteamericanas, justamente lo que denunciamos y niega DEVIDA.

11- ENACO es ineficaz.-

El TC destapa las ineficacias de esta empresa ya que: "El artículo 61º de la Constitución de 1993 establece que ninguna ley puede autorizar ni establecer monopolios, sin embargo ENACO S.A. es un monopolio preconstitucional que ha cumplido una labor administrativa en la cadena de la lucha contra el narcotráfico. Y aún cuando este Colegiado, en la fórmula de un Estado social y democrático de derecho (artículo 43º de la Constitución) y de una economía social de mercado (artículo 58º de la Constitución), puede aceptar que, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, dicha disposición constitucional admita excepciones, la ausencia de eficaces resultados, permite sostener que el establecimiento de una medida monopólica no está resultando idónea para alcanzar la formalización y el control de la comercialización de la hoja de coca." (Punto 139).

Como puede constatarse y varios hemos argumentado anteriormente, la ONU nunca le solicitó al Perú establecer un monopolio estatal como ENACO, sino un mecanismo de regulación eficaz. Pero además, tal como sostienen los agricultores cocaleros y ha demostrado el FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estados) en su informe: el monopolio de ENACO no funciona y, además, es corrupto.

12- DEVIDA también es ineficaz.-

Al respecto los Magistrados argumentan que: "una medida complementaria como el desarrollo alternativo, a cargo de DEVIDA, hasta el momento tampoco ha obtenido los resultados constitucionalmente exigibles de incorporar a los cocaleros a las políticas agrarias alternativas, en el marco del desarrollo agrario y de la lucha contra el narcotráfico, postulados en los artículos 88º y 8º de la Constitución, respectivamente" (Punto 139). En contrapartida a ENACO y DEVIDA, el TC "exhorta al Congreso de la República, para que, en aplicación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, establezca un régimen de licencias, manteniendo a una entidad con eficaces funciones de control" (Punto 139).

Es decir, los Magistrados sostienen lo mismo que han planteado los agricultores cocaleros en sus marchas y memoriales.

13- La erradicación de coca es ineficiente y los precursores químicos no se tocan.-

Los Magistrados constatan que: " …. el hecho de que el Estado concentre su política de lucha contra el tráfico ilícito de drogas en la erradicación parcial de una de las materias primas de la pasta básica y la cocaína (la hoja de coca) y en la tipificación y sanción penal del delito, más no en el tráfico informal o ilícito de los productos químicos que permiten producir drogas, tales como el kerosene, el ácido sulfúrico, el amoniaco, el anhídrido acético, benceno, carbonato de sodio, carbonato de potasio, cloruro de amonio, etc. En otras palabras, no es plenamente constitucional que el combate preventivo contra el TID sólo se dirija contra uno de los estadíos que permiten su perpetración, y no contra la oferta y la demanda de drogas y la comercialización de insumos químicos, lo que podría generar resultados más efectivos y menos costosos" (Punto 138).

El TC constata el desequilibro en la política de drogas orientada hacia la represión a los campesinos, señala la ineficacia del combate al tráfico de precursores químicos y exhorta a que el Estado tenga una política integral sobre este tema.

14- El tráfico de drogas es un problema de demanda.-

Poniéndose economistas, los Magistrados indican que: "Debe tenerse en cuenta que en la cadena que culmina con el tráfico ilícito de drogas, es la demanda por la cocaína, a partir de la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, como señala uno de los demandados, la que ha generado que la hoja de coca se convierta en un cultivo controlado; siendo que los consumidores y productores de la cocaína, básicamente, se encuentran en los Estados Unidos, Europa y otros países de la región andina, respectivamente. En consecuencia, la demanda por el consumo de cocaína proveniente de los Estados Unidos y demás países desarrollados, constituye la locomotora que arrastra a la conversión de la hoja de coca en un insumo básico para su transformación ilícita en una droga prohibida que circula ilegalmente en dichos países." (Punto 139).

En otras palabras, los ofertistas en políticas de drogas – es la oferta la que determina el fenómeno y no la demanda -, así como los que sostienen que "es más fácil matar abejas en el panal que millones volando en nuestro territorio" (Zar antidrogas Lee Brown, enero de 1993) deberían revisar sus enfoques.

15- Rediseñar una Política de Estado.-

Los Magistrados solicitan lo mismo que los agricultores cocaleros en sus movilizaciones y memoriales, ya que: "En base al deber constitucional del Estado previsto en el artículo 8º de la Constitución, corresponde al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo, de conformidad con sus atribuciones, rediseñar la política del Estado contra el tráfico ilícito de drogas, enfocando el esfuerzo en todos los estadíos de la producción, particularmente en aquellos descuidados a la fecha y que se encuentran relacionados, fundamentalmente, con la demanda y no sólo con la oferta, y con pleno respeto de los derechos fundamentales, en especial, aquellos de contenido cultural" (Punto 140).

Con ello el TC señala la necesidad de construir una verdadera Política de Estado sobre estos temas que hasta ahora no existe y se alinea con el Art. 14 de la Convención de Viena de 1988 que respeta la hoja de coca en aquellos territorios en los que exista evidencia histórica de ello, como son los casos de Bolivia y el Perú.

16- Concepciones erradas de Estados Unidos sobre coca y cocaína.-

El TC imparte lecciones básicas al gobierno de Estados Unidos en el siguiente sentido: "Aún cuando este Colegiado encuentra necesarios los diversos convenios bilaterales celebrados en particular con los Estados Unidos de América, para un eficiente combate contra el tráfico ilícito de drogas, resulta preocupante que en diversos documentos oficiales de la contraparte peruana en dichos convenios, se sostengan inexactitudes como la siguiente: ´La cocaína es el más potente estimulante de origen natural. Es extraído de las hojas de la planta de la hoja de coca. (...). El consumo de cocaína en los Estados Unidos se origina de la planta de la coca que crece en Sudamérica´.

El TC sostiene que esta concepción maniquea en el fondo lleva al planteamiento de coca cero: "resulta claro y evidente que la cocaína ni es de origen natural ni se extrae de la hoja de coca, la cual no es más que su insumo básico. Concepciones manifiestamente erradas como la recién transcrita pueden desencadenar una política orientada a la erradicación absoluta de la hoja de coca de nuestro territorio, con la manifiesta afectación del derecho a la identidad cultural de los pueblos originarios del Perú (artículo 2º19 de la Constitución). En tal sentido, a efectos de proteger preventivamente los derechos fundamentales de toda la colectividad, es deber del Estado peruano adoptar las garantías para que tales imprecisiones no sean germen de medidas inconstitucionales concretas, por lo que se exhorta al Presidente de la República a reevaluar la política nacional e internacional antinarcóticos, de conformidad con los incisos 3 y 11 del artículo 118º de la Constitución, a efectos de que sea más eficiente y acorde al derecho y la realidad nacional." (Punto 142).

En otras palabras, para que el Gobierno del Presidente Alan García cumpla con la Constitución debe modificar no sólo la política nacional sobre drogas, sino además reevaluar la política internacional.

Estos temas levantados por el Tribunal Constitucional no han sido resaltados por los medios de comunicación, lo que no nos extraña. Sin embargo, se trata de argumentos que si bien no son vinculantes – o sea de obligatorio cumplimiento – sino exhortaciones, pueden ser usados nacional e internacionalmente para impulsar una campaña por la modificación de las actuales políticas anti-drogas, propugnar cambios en los tratados internacionales y buscar la despenalización internacional de la coca en camino al 2008.

El próximo año se cumplirá una década desde que en Nueva York se adoptara el Plan de Acción para la Lucha Contra el Consumo y Tráfico Ilícito de Drogas, el mismo que deja hasta ahora mucho que desear. Una sugerencia de lo que podría hacerse con estos argumentos es recurrir al Tribunal Constitucional para declarar anticonstitucionales – por falsos, confusos, difamatorios, insultantes y atentatorios contra el derecho de los peruanos y peruanas a identidad propia - los carteles publicitarios de DEVIDA, la Alianza por un Perú sin Drogas y CEDRO en los que no se distingue coca de cocaína igualando la planta ancestral y su uso con delincuencia, corrupción, terrorismo, violencia y otros flagelos.

El final de esta intervención no puedo menos que dedicarle unas palabras a mis amigos y amigas, palabras que tienen más de emoción que de reflexión, para reiterarles mi amistad y admiración por su abnegada lucha por la defensa de la hoja de coca y contra las políticas de drogas.

Saludo a mis hermanas Elsa Malpartida y Nancy Obregón, compañeras vilipendiadas, insultadas por el gobierno y la embajada de los Estados Unidos, por USAID y su "chemonicadores", por los intelectuales y expertos al servicio de causas que poco tienen que ver con el Perú, procesadas por un tal Jacobo - que se cuelga de sus faldas para obtener su "visa para un sueno" – por defender a sus hermanos cocaleros y luchar contra el TLC, injustamente incomprendidas por dirigentes sin alma que buscan disputarles su liderazgo con calumnias y envidias.

Abrazos solidarios para el compañero Wilder Satalaya Apagueño, presidente de la Asociación "Saúl Guevara Díaz" de Puerto Pizana, herido en los enfrentamientos con la policía del 11 de marzo. Abrazos para mis hermanos y hermanas de Puerto Pizana, Tocache, Tingo María y Aguaytía.

Resumo en dos palabras y sin retaceos lo que he sentido al leer los diarios en el internet estando en Villa Salvación y Kcosñipata en el Manu: TRIUNFO COCALERO !!!!. Aunque sea por ahora y no en la mayoría de los 30 puntos que presentaron.

Desde lejos, mi lectura es que han logrado cuatro puntos con sabor a triunfo: 1)  suspensión temporal de la erradicación de cultivos de coca, aunque sólo por 10 o 15 días, según dice ahora el Gobierno; 2)   empradronamiento de TODOS los agricultores cocaleros, aunque dando plazo sólo de 30 días; 3)  transferencia de ENACO a los gobiernos regionales de Huánuco, San Martín y Ucayali, aunque lo prometido al Cusco hasta ahora no se ha cumplido; y, 4) indemnización para los agricultores que siendo empadronados por ENACO fueron erradicados por el CORAH – aunque antes se prometió esto y no se cumplió - y también a los heridos en los enfrentamientos, recordando sin embargo que hasta ahora Saúl Guevara Díaz espera ser indemnizado por el balazo que lleva en la pierna desde el 2002.

A partir de aquí, compañeras y compañeros, LA LUCHA CONTINUA !!!!. Y, como siempre, tendrán a su lado a su viejo y leal amigo, para alentarlos en la PROTESTA, pero sobre todo para acompañarlos en la PROPUESTAS.

Es la hora de la UNIDAD de TODO el movimiento de los agricultores cocaleros de TODAS las cuencas del Perú, en la lucha contra las políticas erradicadoras y por el desarrollo sostenible en la selva alta. Es la hora en la que los dirigentes, mujeres y hombres, deben mostrar responsabilidad y desechar la politiquería provinciana y barata, que es la que quieren de ustedes los enemigos de los agricultores, los "chemonicadores" y sus amigos de la Embajada de los Estados Unidos.

Termino contándoles lo que me dijo a mediados del año pasado un nativo de Shipitiari en el Manu, más allá del río Carbón y Shintuya, hijo de matsiguenga y asháninka, llamado Noe Pacaya Vega, joven narrador y poeta. Me contó, cuando navegaba en peque-peque con él por el río Eorindari – al sur del paraíso - que un mito/realidad indígena es que cuando quieren ver en la oscuridad y buscan hacerlo con sabiduría y moderación, van a su chacra, recogen una hojas de coca y la consumen con el apoyo del Wanamey, el enorme árbol que salvó a la humanidad de una gran inundación e incendio. Hagan eso ahora !!!!! Muchas gracias.

"ESTADO TIENE QUE GOLPEAR A VERDADEROS TRAFICANTES",
AFIRMA CABIESES

Lima, mar. 20 (ANDINA).- Hugo Cabieses, consultor en temas de drogas, respaldó la reducción gradual de los cultivos en diálogo con los cocaleros.

Usted defiende el enfoque "Narcotráfico cero, sí; coca cero, no". ¿A dónde enviamos la coca que excede al volumen requerido para usos lícitos?

–En primer lugar, estoy en desacuerdo con las cifras oficiales sobre volúmenes de coca. En el Perú no se producen 110 mil toneladas de coca sino, probablemente, 50 mil. El CNC (Crime and Narcotic Center) dice que en 2006 se cultivaron en el Perú 40 mil toneladas, y la ONUDD afirma que fueron 109 mil. Esa enorme diferencia tiene que ver con un uso político de las cifras. En el campo antidrogas, el Perú está actuando con los ojos vendados.

En cualquier caso, buena parte de esa coca termina en el narcotráfico.

–Es cierto, la gran mayoría de la hoja de coca va a la fabricación de pasta básica y clorhidrato de cocaína. Pero, ¿por qué? En mi concepto, porque hay una política prohibicionista cuyo origen está en el Decreto Ley N° 22095 de la dictadura de Morales Bermúdez. Hay que derogar esa norma y crear un nuevo marco jurídico para combatir a los eslabones intermedios de la droga.

¿Dónde debería ponerse mayor énfasis?

–Por ejemplo, en el tráfico de precursores químicos. Es decir, hay que golpear mediante acciones de inteligencia y "operaciones quirúrgicas" a los verdaderos narcotraficantes, esos que están sueltos, paseándose de cuello y corbata por Miraflores y Monterrico mientras el Estado pelea con los agricultores. El Estado usa sistemas satelitales muy buenos para ubicar los cultivos de coca, pero allí no está el problema.

¿Cuál es el problema principal, entonces?

–Veo con preocupación que Devida y Cedro creen que el principal problema de nuestro país es el consumo. Es cierto y preocupante que el consumo está en ascenso, pero el problema mayor es el tráfico ilícito de drogas. Por lo tanto, hay que golpearlo, pero sin repetir la política de Estados Unidos, pues esa estrategia está errada: tiene cerca de 40 años y no da ningún resultado.

¿Es posible canalizar toda la producción de coca al uso legal?

–No, creo que no. Es obvio que la cantidad de coca que circula en el mercado excede totalmente cualquier posibilidad actual de uso lícito. Por eso, estoy de acuerdo con que el país entre  en un proceso de reducción gradual concertada con los agricultores.

En ese esquema de reducción gradual, ¿a qué se dedicarán aquellos productores que deben rebajar su producción?

–La coca no se produce en cualquier lado, sino en la selva alta. Esa zona no es apta para la agricultura de exportación; es apta para trabajar reforestación, desarrollo de bosques y agricultura para los mercados locales. A eso deben dedicarse.

La palma aceitera, el cacao, el café, ¿son alternativas a la coca?

–La palma aceitera será flor de un día. Es tan depredadora como la coca. Entonces, trabajar con los agricultores ese tipo de alternativas es caminar hacia el fracaso. El café, el cacao, la palma y el palmito son una quimera.

La cifra:
2% de los insumos químicos para la producción de droga fue decomisado por las autoridades en 2006. El 98% llegó a su destino. (DOP)

Un reciente acuerdo de distensión entre el gobierno y los cultivadores de hoja de coca de Perú demuestra la necesidad de terminar con la tuición norteamericana en el tema, afirmó hoy el experto Hugo Cabieses.

Entrevistado por Prensa Latina, el economista, considerado una autoridad en la materia, saludó el entendimiento suscrito por la dirigencia cocalera y el ministro de Agricultura, Juan José Salazar, el pasado 15 de marzo, y resistido por sectores afines a la embajada estadounidense.

Cabieses dijo que cualquier solución al problema de la producción excesiva de la hoja de coca - de uso natural medicinal pero también materia prima para producir droga - pasa por deshacerse de la tuición de Washington y que "los peruanos elaboremos nuestra propia Política de Estado sobre Drogas y sobre Coca y no sigamos aplicandos la política de Estados Unidos".

Precisó que desde hace tres décadas Estados Unidos impone a Perú y a los países andinos una estrategia de erradicación forzosa y represión a los cocaleros, que debe ser cancelada por haber fracasado absolutamente, pues no ha reducido la extensión de cultivos excedentes, disminuido el consumo de cocaína en Estados Unidos y otros países, ni reducido el narcotráfico. Ello demuestra la pertinencia de definir una política nacional, señaló el experto, coincidiendo con declaraciones del ministro de Agricultura, Juan José Salazar, tras la firma del convenio con los campesinos, que Cabieses considera histórico.

El especialista admitió que tienen razón los críticos del convenio, al sostener que el mismo atenta en varios temas contra un decreto ley de control de la coca - dictado por el régimen militar de Francisco Morales Bermúdez en 1978 e impuesto por Washington - y por tanto es ilegal. "Es cierto, pero lo que hay que hacer es cambiar esa norma por obsoleta e ineficaz y porque en los hechos ha fracasado y alentado al narcotráfico", sostuvo el entrevistado, a tiempo de señalar que la nueva política debe diseñarse en consenso con los campesinos y otros sectores.

Apuntó que los críticos del convenio parten de criterios legalistas y policiales, que consideran el tema de la hoja de coca como un problema de seguridad nacional, penal-policial, de narcotráfico, cuando debe ser enfocado como "un asunto socio-económico, cultural y agrícola por el lado de la producción y los otros aspectos relacionados como problema médico-sanitario y educativo en consumo de drogas y de inteligencia y operaciones quirúrgicas contra los verdaderos narcotraficantes, no contra los campesinos y/o consumidores".

Lo que ha fracaso, asegura el experto, es el enfoque se "seguridad nacional" que impone el gobierno de los Estados Unidos expresado en la llamada "guerra contra las drogas" para hacer disminuir la oferta, es decir el cultivo y producción de coca. "En realidad se trata de una guerra contra la coca y los cocaleros, mientras los narcotraficantes andan sueltos, incluso con visa para viajar a los Estados Unidos", sostuvo el economista.

Este enfoque "oefrtista" y de guerra es el que recorre todo el decreto ley 22095 de lucha contra las drogas emitido en febrero de 1978, hace 29 años, que está vigente. El enfoque "ofertista" buscaba tres efectos sobre el consumo de cocaína y crack en los Estados Unidos:

1) aumentar los precios de la cocaína en calles,

2) disminuir la calidad de la droga,

3) con ambos asuntos disminuir el consumo y

4) controlar las bandas de micro-comercializadores que acosan los barrios pobres en ese país, así como a la población misma

Los tres primeros objetivos no se han logrado:

1) la cocaína es cada vez más barata,

2) la calidad de venta en calles es cada vez mejor y

3) el consumo de cocaína ha aumentado. El único objetivo logrado a un alto costo en vidas, inseguridad ciudadana y restricción de espacios democráticos, según el experto, ha sido el control policial-militar de los barrios pobres de las principales ciudades norteamericanas.

"El fracaso de la guerra contra las drogas no puede ser más evidente y esto es justamente lo que el Ministro de Agricultura del Perú señaló luego de firmar el acuerdo con los dirigentes cocaleros: ya era hora que algún ministro se pusiera los pantalones", señaló Cabieses.

Subrayó que el acuerdo de distensión fue un triunfo para los cultivadores, por recoger demandas estratégicas de los campesinos, y tuvo efecto positivo en la reunificación de los cocaleros, que han dejado de lado diferencias internas para defender unitariamente el convenio logrado.

Como principal conquista alcanzada en el acuerdo mencionó la suspensión de la erradicación, que consideró puede ser una maniobra gubernamental reversible en función de los intereses del ejecutivo en sus relaciones con Estados Unidos, particularmente en el tema de la aprobación del TLC, el mismo que está teniendo trabas y demoras.

Cabieses resaltó además el logro de haber comprometido al gobierno a empadronar a los cultivadores de coca, porque permitirá determinar quienes producen, para quienes y en qué extensiones y volúmenes, sinceramiento que estiman necesario los agricultores.

Los cocaleros - que aceptan erradicar tras el empadronamiento la coca ilegal - piensan que la empresa estatal de comercio legal de la coca (Enaco), monopólica, puede comprar toda la producción para fines lícitos, dijo.

Explicó que un estudio realizado en 2003 verificó que en Perú hay tres millones 800 mil personas que consumen hoja de coca al natural, principalmente en la modalidad de masticación, así como en infusiones y otras formas.

Abastecer esa demanda lícita, indicó, requiere – si aceptamos las cifras oficiales que el experto cuestiona -, unas ocho mil 700 toneladas de coca, pero Enaco – la empresa monopólica estatal que tiene esta función - solamente adquiere dos mil 800 toneladas, las que paga a precios magros a los cultivadores pobres de la selva y revende a precios elevados a los consumidores más pobres todavía en la sierra, por una política errada de desaliento al consumo natural de la planta.

Si Enaco absorbiera y controlara esas casi nueve mil toneladas, podrían ser legalizados unos 24 mil productores, los que, sumados a los que actualmente existen, llegarían a un total de 30 mil a 32 mil cocaleros reconocidos. Con ello se habría solucionado la mitad del problema, pues en Perú hay unos 60 mil cocaleros, agregó el experto.

Cabieses resaltó igualmente como conquista campesina, otro punto del acuerdo de distensión que obliga al gobierno a indemnizar a los cocaleros cuyas plantaciones fueron erradicadas pese a estar inscritos como cultivadores legales en el padrón elaborado en 1978.

Propugnó paralelamente incentivar el consumo de coca en forma natural, con una política de respeto, que deje de lado la satanización de la coca, para destinar a ese consumo la sobreproducción actual.

Para el experto, Enaco debe además pagar por la coca una suma que disminuya la gran diferencia actual entre su tarifa y la que pagan los contrabandistas y los narcotraficantes, y reducir el precio de venta para el consumo natural, para promover el uso en esta modalidad.

El experto explica que en el Perú no hay dos sino por lo menos tres mercados para la coca: 1) la que compra Enaco legalmente, la que compran los contrabandistas pero que está destinada al consumo tradicional y 3) la que compran los narcotraficantes para fabricar drogas. Incluso hay un cuarto mercado que es el trueque de hojas de coca por mercancías en las serranías y la selva.

Cabieses cuestiona las cifras oficiales, tanto en extensiones de cultivos como volúmenes producidos. Según el entrevistado "el Estado actúa con los ojos vendados en este aspecto". No acepta las cifras proporcionadas por la CNC (Crime and Narcotics Center) de los Estados Unidos porque "son políticas, aumentan o disminuyen en función de las imposiciones y sub-valoran las extensiones de cultivos y también la producción" La CNC sostuvo que en el 2005 eran 38 mil hectáreas para una producción de 50 mil tm.

Pero Cabieses tampoco acepta las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD) que en el 2005 informó la existencia de 48 mil hectáreas sembradas para un volumen de 109 mil TM. "Estas cifras fueron manipuladas en DEVIDA con la anuencia de la Embajada norteamericana para justificar la tesis de que 9 de cada 10 hojas de coca van para el narcotráfico", sostiene Cabieses. Y añade, "si revisamos lo que dice el Informe Mundial sobre las Drogas 2007, allí figuran 67,900 tm y no 109 mil".

Según el entrevistado, probablemente la realidad gira en torno a unas 55 mil hectáreas de coca sembradas actualmente para una producción de no más de 60 mil tm de hoja de coca.

De este total, para el uso tradicional e industrialización benéfica se estarían utilizando no más de 15 mil tm – en los dos o tres mercados existentes: legal, contrabando y trueque - y la diferencia se reparte entre coca perdida por razones climáticas y hoja que va para la elaboración de drogas. "esto último es lo que hay que combatir" dice el experto. "Pero no con erradicación forzosa por ser ineficaz esta política.

Señaló por otra parte que la experiencia peruana demuestra que el desarrollo alternativo - sustitución de cocales por otros cultivos - no ha funcionado, por haber promovido la agricultura de exportación y "producto motor" de mono-producción, es decir extensiva e intensiva, en zonas de selva alta que no son aptas egronómica y ecológicamente para estos cultivos.

Explicó que ese tipo de cultivos en las condiciones que exige actualmente la globalización, depredan los suelos débiles de las zonas tropicales, donde se cultivan la coca, por lo que se debe promover actividades forestales de corta maduración con epeies precoces, centros de producción diversificada en chacras integrales y asegurarles créditos supervisados con mercados y precios, no necesariamente de exportación.

"Hay que apuntar primero y principalmente a la construcción de mercados locales y regionales. La globalización mo es ni debe ser para la selva alta, que en donde se cultiva y produce hoja de coca", señaló.

Por último y sobre este tema, el experto señaló que los Programas de Desarrollo Alternativo (PDA resultan siendo Programas de Destrucción de la Agricultura (PDA) ya que en varios casos las especies introducidas no son las zonas – como la palma aceitera africana -, se usan productos químicos para aumentar la productividad, se reparten semillas transgénicas y se introducen paquetes tecnológicos inadecuados con una agricultura limpia y orgánica.

"Tal ha sido el caso del reparto de de semillas transgénicas de algodón en Aguaytía, la aceleración con carburo de cultivos de piña y la introducción de cultivos masivos de caña de azúcar para la producción de etanol: se trata de tres azotes de la selva alta", concluyó el experto.

En el programa El Comentario de la Noticia de CPN Radio el experto también acusó a La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas   (Devida) y a su titular, Rómulo Pizarro, de haber estado "pintados en la pared", durante el reciente impasse con los productores  cocaleros, pese a que debieron encabezar las negociaciones. "Mi amigo Rómulo Pizarro, en toda esta discusión, lamentablemente ha estado pintado en la pared. Mientras (el gobierno) estaba negociando en Tocache, él estaba en Viena, cuando debió ser la persona que encabezara las negociaciones", acotó.

Cabieses también exigió sincerar las cifras de la cooperación internacional para la lucha antidrogas, al indicar que en el año 2001 descubrió que de cada 100 dólares de ayuda, 50 no entraban nunca al país. "Los 50 (restantes) que entraban al país, 25 se quedaban en Lima, de los 25 que iban a las cuencas cocaleras 15 dólares se utilizaban para poner cemento, arena y fierros, porque había que inaugurar escuelas para las campañas electorales fraudulentas de Fujimori y Montesinos y sólo 10 (dólares) llegaban a los agricultores. ¡Esto es un escándalo, lo que hay que hacer es sincerar las cifras de cooperación internacional!", subrayó.

Señaló, además, que hay "demasiadas cabezas" involucradas en el combate contra el tráfico ilícito de drogas, cuando deberíamos actuar "bajo un sólo mando". En otro momento, el experto se mostró a favor de impulsar y llevar "hasta las últimas consecuencias" el acta que el titular del Minag suscribió con los productores de hoja de coca en la provincia de Tocache, departamento de San Martín.

Hugo Cabieses consideró, además, que el gobierno debería continuar con el empadronamiento de los productores, más allá del plazo de 10 días que se ha mencionado, al advertir que dicho proceso no podrá hacerse rápidamente. Sostuvo que el problema de fondo en la lucha contra el narcotráfico es que no se están golpeando a los eslabones intermedios de la cadena de tráfico ilícito de drogas. Hugo Cabieses dijo que sólo se recurre a lo más fácil, que es golpear a los extremos de la cadena, como son los agricultores y los consumidores de drogas de las ciudades.

Para Hugo Cabieses, economista y experto en desarrollo rural, usar aviones de combate A-37 para "bombardear y ametrallar" las pozas de maceración de hojas de coca y los laboratorios de droga y aeropuertos clandestinos que utilizan las mafias de narcotraficantes, tal como lo exigió Alan García, denota el desconocimiento que tiene el jefe de Estado sobre este tema. "Es imposible hacerlo desde el aire; es una tontería", dijo en declaraciones a Peru21.com.

Por ello, consideró que las declaraciones de García son lamentables. "Es un exabrupto y parece que (el presidente) desconoce para qué sirven los (aviones) A-37. Estos se usaron para las labores de interdicción en la década del noventa, durante el gobierno de Fujimori", puntualizó Cabieses para luego añadir que hubiera sido distinto si el jefe de Estado hubiese hablado de fumigación de cultivos, como se hace en Colombia desde hace 10 años. "Igual es ineficaz, pero al menos es posible", aseveró.

Similar posición mostró el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, quien consideró que García no tiene idea de lo que está hablando. "El A-37 es un avión a reacción. Las pozas de maceración no se destruyen desde el aire, sino que hay que bajar a destruirlos porque están debajo de los árboles", le dijo a El Comercioperu.com.

Cabieses, además, dijo que prefiere quedarse con las declaraciones que el mandatario hizo hace algunos días, cuando pidió al Ministerio del Interior, a la Sunat, a la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros (SBS) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que elaboren una estrategia conjunta que permita detectar a los individuos que están haciendo fortunas con el tráfico ilícito de narcóticos. "Esa es una propuesta interesante y que hay que apoyar", acotó.

Por su lado, el especialista en temas de narcotráfico Jaime Antezana, consideró que el anuncio presidencial es importante en el sentido de que se debe "dar señales claras a la comunidad internacional de que en el Perú no se va a convivir con el narcotráfico".

QUIERE GANAR PUNTOS CON BUSH.

Cabieses sostuvo que las palabras de García buscan tener un impacto político positivo en Washington, a donde viajará el próximo 23 de abril para reunirse con el presidente George W. Bush y autoridades de Estados Unidos en busca de lograr la ratificación del TLC con ese país.
"Quiere demostrar que es un luchador incondicional del narcotráfico, que es lo que le gusta al señor Bush", comentó Cabieses tras anotar que espera que en dicha cita el mandatario peruano proponga a su homólogo que apoye y amplíe la colaboración de su país para el desarrollo rural y cultivos alternativos en el Perú.

Exigió al ministro del Interior que use aviones de combate A-37 para esta labor. En tanto, Nelson Palomino cuestionó que se pretenda imcumplir acuerdos del Acta de Tocache.
Cada día que pasa, el presidente Alan García radicaliza más su posición respecto del problema de los cultivos ilegales de hoja de coca que abastecen al narcotráfico y las pozas de maceración.
El mandatario exigió este lunes al ministro del Interior, Luis Alva Castro, a utilizar aviones de combate para destruir las pozas de maceración y los laboratorios y pistas de despegue clandestinos que utilizan los narcotraficantes en las cuencas cocaleras del país.
"Hay que terminar con la última poza de maceración, con el último aeropuerto clandestino; use usted los aviones A-37, bombardee, ametralle esos aeropuertos y esas pozas de maceración", aseveró García luego de que en la víspera anunciara que el plazo de suspensión de la erradicación de cultivos ilegales había concluido y que se retomarían e intensificarían estas labores.

García advirtió que "si no matamos ahora el peligro del narcotráfico", Perú puede afrontar "una insurgencia como la de un país hermano", en alusión al caso de Colombia.
"Hay que asfixiar la producción de la cocaína, esa es la mejor manera de orientar a los campesinos (sembradores de coca) a buscar alternativas en café, cacao, se gana un poco menos pero se vive legalmente", anotó el mandatario en el segundo Foro Interamericano de Seguridad y Convivencia Humana.

COCALEROS EXIGEN DIÁLOGO.

Pero mientras el jefe de Estado endurece su posición, quizás para contrarrestar el pésimo mensaje que dio el Gobierno en la negociación con los cocaleros, el presidente de la Confederación Nacional de la Cuencas Cocaleras, Nelson Palomino, se mostró cauto y evitó entrar en una abierta confrontación con el Ejecutivo ante el inminente incumplimiento por parte de este del Acta de Tocache.
"No puedo decir nada mientras no tengamos diálogo; que la paz y la tranquilidad se logre por el camino del diálogo y con propuestas que sean eficientes para la gran mayoría, porque creo que es tarea de todos nosotros apostar por este camino", dijo en RPP.

Por Hugo Cabieses

Mi opinión es que el Perú debe impulsar una campaña internacional para que se solicite el retiro de la hoja de coca de la lista de estupefacientes. No obstante, va a ser muy difícil que se apruebe en la Convención de Viena, salvo que EEUU lidere la iniciativa.
Para modificar sólo un artículo se necesita el voto de todos los países adscritos al tratado internacional. Basta con que un país diga que "no" para que no prospere el pedido.

Por otro lado, se está haciendo una tormenta en un vaso de agua. El ministro de Agricultura, Juan José Salazar, firmó un acta sensata en el Cusco, que pide solamente que se retire la hoja de coca de la lista de sustancias psicotrópicas establecidas en la Convención de Viena, mas no denunciar dicho tratado. Eso ha quedado aclarado.

El pedido de los cocaleros del Cusco es adecuado porque la hoja de coca tiene propiedades medicinales. Por ello considero que sería una locura que el Ejecutivo lo saque del gabinete.
Eso demostraría la política de escopeta de dos cañones del Apra. Hace dos semanas, el presidente Alan García dijo ante los cocaleros de Andahuaylas que el ministro Salazar era el mejor ministro del gabinete, y ahora lo hace ver como si fuera el peor.