Dice Israel –repiten CNN y varios medios del Perú– que su acción es en defensa de la seguridad de su población, amenazada por cohetes de Hamás. Cierto, hay milicias que lanzan cohetes caseros sobre poblados israelíes cercanos. ¿Y los israelíes no lanzan bombas, secuestran y asesinan palestinos? Veamos cifras entre el 2001 y noviembre 2008. Según la ONG Israeli Project y Wikipedia ("Qassam Rocket attacks"), en ese lapso, Hamás habría asesinado a 15 israelíes con cohetes y 8 con morteros. ¿Y del otro lado? Bombardeos y secuestros de Israel (2001-2008) según el Centro Palestino de DDHH, causaron 3,800 muertos, incluyendo 850 niños. Es decir, 165 víctimas palestinas por cada víctima israelí. Las mismas versiones de CNN de este inmisericorde bombardeo, los primeros 7 días, son de 4 israelíes muertos por "cohetes" de Hamás y más de 435 muertos y 2,000 heridos palestinos.

¿Enfrenta Israel a un gobierno de facto en Gaza, como dice EEUU o su prensa adicta? No. Hamás ganó a Al Fatah las elecciones para la Autoridad Autónoma Palestina (AAP) el 2006: 65% de los votos. Los observadores internacionales no impugnaron el proceso por irregularidades. Pero, desconociendo el voto, EEUU, la UE, Rusia y la ONU recortaron la ayuda humanitaria.

Paralelamente, Israel apresó a buena parte de los diputados electos e impidió que funcione el Congreso palestino. Inició un bloqueo económico sobre Gaza, cuyas fronteras terrestres, espacio aéreo y marítimo controla (bombardeó reiteradamente el puerto palestino financiado por Holanda y Francia desde fines de los 90). Ahogó financieramente a la AAP: confiscó los aranceles que cobra (40 millones de euros), desabasteció Gaza, impuso el hambre y paralizó la economía. De 120,000 palestinos de Gaza que trabajaban en Israel o proyectos conjuntos, quedaron unos 20,000. A su vez, Bush alentó una confrontación armada entre Al Fatah (ahora asentada en Cisjordania) y Hamás, desatando una cuasi guerra civil en Palestina en junio del 2007.

Israel ocupó Gaza del 2000 al 2005, pero no pudo destruir militarmente a Hamás. Luego se replegó buscando otros métodos, combinando negociaciones, el cerco inhumano y asesinatos y bombardeos, como el de marzo 2008, que dejó más de 150 muertos. A mediados del 2008, Hamás dio una tregua unilateral a Israel con mediación egipcia: cesó de lanzar cohetes caseros, buscando aflojar el inhumano cerco contra Gaza, que se permita el pase de ayuda humanitaria y cese el fuego israelí en todo el territorio palestino. En ese lapso no murió ningún israelí. Pero en diciembre pasado, Hamás lo suspendió al constatar que nada cambiaba. Israel mantenía un cerco que solo permitía el ingreso de 19 productos de 3,500 que Gaza importaba del exterior. Así, 80% de la población (1’200,000 personas) pasó a sobrevivir exclusivamente de ayuda humanitaria, cada vez más escasa. Un verdadero ghetto, como los de los nazis con los judíos.

Israel llegó al extremo de prohibir el ingreso de combustible para la misión de la ONU en Gaza, provocando la protesta –por el inusitado "embargo" a la ONU– del director de la Agencia para refugiados palestinos y la de la Alta Comisionada de la ONU para DDHH. El mismo relator especial de la ONU sobre los territorios palestinos, Richard Falk (judío norteamericano), calificó los hechos como delitos contra la humanidad: fue expulsado por Israel e impedido de terminar su informe.

Veinte años después regresaría a Palacio, pero no como simple operador del Príncipe. Tenía juego propio. Esta vez, con la experiencia ganada y la fuerza que trabajosamente forjó con el Rasputín del Príncipe oriental que ocupó el trono por casi 11 años después del desastre 85-90. Volvió como primer heredero al trono. ¿Por qué? Por un lado, por ser garante de la alianza que el actual ocupante del trono preparó cuidadosamente para garantizar su victoria en segunda vuelta, construyendo puentes con los herederos del Príncipe oriental que enfrentaba graves amenazas penales. Él, por intermediación del conde del Callao, Alex (sujeto al antiguo Vladi-Rasputín, también preso con su amo oriental), era pieza clave de la alianza. Por otro lado, tenía fuertes lazos con un poder fáctico fundamental: el aparato militar y sus estructuras de espionaje e inteligencia.

Maquia-Pietri había servido fielmente a Rasputín. Se mantuvo en relación con el feudo del asesor del oriental: los aparatos de inteligencia y fue eficaz cuando la embajada oriental fue plagiada. Se ubicó políticamente en el aparato del tránsfuga del Callao, a quien Rasputín enamoró como posible heredero del oriental. Pero, sobre todo, ayudó a resguardar y reciclar un aparato de inteligencia y conspiración vital al poder oriental. Fue parte de la gesta de centros privados de inteligencia que servían de "consejeros", "seguridad" y operadores de las empresas más poderosas y se servían de los aparatos de inteligencia oficial –y de sus nunca aceptados procesos de espionaje de las comunicaciones– para sus fines. Estos aparatos también servían para rodear al Príncipe, para "alertarlo" de atentados como el del 2006 (que ni se produjo ni se probó a pesar del "show" de detenciones arbitrarias), para asesorarlo en sus decisiones e infiltrar la estructura del poder y enterarse de todo vía chuponeo.

En su juego, Maquia-Pietri requería poder propio. Los aparatos privados de seguridad e inteligencia, así como sus vínculos con el poder militar (y en especial con la flota real), se lo daban. Quiso poner a uno de sus allegados a manejar el aparato estatal de inteligencia, pero su leal Ponce tenía problemas: había intervenido en la detención de estudiantes que luego desaparecieron y fueron alevosamente ejecutados a cargo de los equipos especiales que –como Colina– operaban entonces. No pudo ponerlo –dicen los cronistas– en ese puesto clave. Pero fue cobrando creciente relevancia, y los orientales decidieron apretar más al Príncipe en defensa de su amo encarcelado y procesado.

Decidieron usar el poder de las comunicaciones interceptadas, en las que se hacía referencia a los turbios negocios alrededor del oro negro de la Nación y a los tratos con diversos ministros y altos funcionarios del entorno más directo del Príncipe. Así demostrarían su poder y los riesgos en los que podían ponerlo. Era evidente, desde el principio, que el incidente no era solo un lío entre empresas peleándose un negocio, sino parte de los oscuros pasajes del poder y de los altos niveles a los que opera la corrupción. Un aviso.

Pero el Príncipe no es manco. Comenzó a mover sus piezas y respondió. Como Maquiavelo enseña, no se apoyó en un solo bastón y, paralelamente, trabajó para develar –en secreta investigación– el origen de la interceptación y evidenciar que, en ella, estaban los íntimos de su heredero y el garante de su alianza, así como varios (incluyendo la bella que lo "advirtió" del "atentado" del 2006) de los que los asesoran a él y sus amigos de la Real Sociedad de Minería.

En balcón quedaron los que, desde la Cámara de los Lores, jugaban al inspector ardilla. Y, rápido como una rata, el oso panda se pasó a quitar las castañas del fuego al Príncipe y sus leales (¿y aceitados?) ministros, para recomponer la partida que le permita obtener benigna pena y posterior indulto a su amo oriental. Cierto que hoy solo se ve la punta de iceberg y que todos –los leales a uno u otro de los Príncipes– tienen muchas cartas por jugar en un torneo que está lejos de acabar. Lo que sí podría ocurrir es que pierda peso el heredero y garante, cuya estrategia comienza a develarse y a alejarlo del Príncipe. Pero así son las cosas. Maquia-Pietri está lejos de ser Maquiavelo y su Príncipe actual –aunque hermano de sangre desde 1986– puede desgraciarlo. ¿Cuáles serían los costos? No sabemos. Y es que la obra, de aliento shakesperiano, recién anda en sus primeros actos y gran parte del público está perdido en su trama profunda.

Así es de eficiente el mercado distribuyendo la torta, tesis del "Perro del Hortelano". Esto es fruto de un Estado que no regula ni redistribuye la riqueza vía los tributos. Un Estado castrado de su función social y de garante de derechos fundamentales, servil al sacrosanto mercado dominado por las transnacionales. Pero también refleja la débil organización política y social de los trabajadores del campo y la ciudad, los autoempleados y las mypes para defenderse del abuso y hacer valer sus derechos. Es fruto del engañoso "cada cual baila con su pañuelo" que predican los más ricos –fuertes y organizados– que manejan los medios y criminalizan la protesta social para disgregar, desorganizar y amenazar a los más pobres, acallarlos e impedir el cambio.

En 17 de las 24 regiones creció la desigualdad del 2004 al 2007. Solo disminuyó en Apurímac, Callao, Ica, Lima, Moquegua, Tacna, Tumbes y Ucayali en un nivel mucho menor de lo que debería, dada la enorme riqueza generada. "¡Faltó justicia distributiva!", dicen ahora. Pero cuando lo exigimos, nos gritan ¡cavernícolas!, ¡desestabilizadores! Ahora –en plena crisis internacional– cuando las ganancias caen y las economías se paralizan, hablan de la mala distribución de la riqueza: hubiera sido mejor que los que ganaban más pagaran más impuestos, regalías mineras o gravar las sobreganancias mineras que García prometió y –para variar– mintió. Lloran sobre leche derramada: esa riqueza ya se fue. Y no proponen nada para cambiarlo: ni recuperar nuestros recursos, ni cobrar la regalía o poner un impuesto extraordinario al patrimonio de las mineras.

Hay zonas donde no solo aumentó la desigualdad, sino la pobreza absoluta. Con el "milagro peruano", en Huancavelica la pobreza creció de 84.8% el 2004 a 85.7% el 2007. Más allá de los programas sociales (de Eliane Karp o de Pilar Nores), sus tiernas fotos y la propaganda por TV, "la pobreza avanza". No disminuyó en el campo, ni en la sierra ni en la selva. Peor aún, la inflación el 2007 fue, en promedio, 2.8%. Pero los precios de la canasta de los más pobres subieron 8.7%, el triple para los humildes. El 2008 la inflación promedio fue de 7.5%, más del doble del 2007. Los pobres son aún más pobres que el 2007. ¡Y Chichi, en dupla con la policía, decía en "La ventana indiscreta" que la bronca de la gente, la ira a flor de piel, eran manipulación roja. Ese es, en la TV democrática, el nombre del hambre y la frustración que provocan la insaciable sed de ganancia de los ricos y el abuso del gobierno que los representa.

Por esta ruta vamos al despeñadero. Filosofan cuando la riqueza ya voló y estamos en época de vacas flacas. Cuando caen los precios y volúmenes de las exportaciones de recursos naturales de las transnacionales y se reducen los impuestos que pagan. Callan sobre sus privilegios tributarios, sobre el despido de miles de trabajadores, los sueldos y salarios congelados. Callan ante la negativa de García a bajar el abusivo IGV de 19% a 15, o el ISC de los combustibles porque "¿de dónde sacaría presupuesto?".

Callan cuando no se regulan los precios de los combustibles, el pan, el aceite o el pollo, a pesar del desplome de los precios mundiales del petróleo, del trigo, de la soya o del maíz. Para remate quieren privatizarlo todo, desde el Pentagonito hasta el agua, como negocio.

O cambiamos o reventamos. Basta de un Estado eunuco, servil a las reinas transnacionales. Queremos uno que intervenga, regule y redistribuya riqueza. Que proteja a los trabajadores y campesinos, a los consumidores y empresarios nacionales. Que proteja nuestro mercado interno y no lo regale vía TLC a los productores chinos, chilenos o norteamericanos. Un Estado que garantice derechos sociales básicos, que facilite la organización de los más débiles –trabajadores, campesinos, pueblos originarios, mypes– para que se defiendan. Que maneje nuestros recursos naturales al servicio del país y del desarrollo. Un Estado sujeto al control de los ciudadanos, recuperando la política de las manos de los mercaderes que hoy la manejan. ¡Nueva Constitución, nuevo gobierno, nueva política!

Si el camaleón Simon llama a trafa Kouri de asesor y gritonea a las juntas de regantes por defender el agua contra las concesiones privatizadoras; si García y Giampietri se espían, chantajean y chavetean –cual Carita y Tirifilo– en los pasillos de Palacio por sus cuotas de poder; si el circo congresal nos insulta exculpando a la argolla política de los petroaudios; ¿seguimos en la cloaca esperando que el BM diga algo o nos atrevemos a cambiar de rumbo?

El SIS, con S/. 348 millones anuales asignados, malatiende solo el 25% de la carga de enfermedades existente en el país. La Federación Médica dice que en el desarrollo pleno del proyecto se aumentarían apenas S/.100 millones al presupuesto anual de Salud, pero la carga final de pacientes podría aumentar en 7 u 8 millones de personas. ¿Será posible con ese dinero? El Foro Salud dice que el SIS requeriría de unos S/. 1,400 millones adicionales para enfrentar con seriedad los problemas de salud: 14 veces más. No hay nada de esto en el Plan Anticrisis de García y Simon.

El Proyecto y el Plan han sido severamente cuestionados por no establecer un Sistema Único o Unificado de Salud. El Colegio Médico recuerda que el 2006 presentó un Proyecto de ley al Congreso –junto a Foro Salud– para crear un Seguro Público de Salud Unificado Obligatorio que integre operativamente al Ministerio de Salud y Essalud –cubriendo el 80% de la carga de enfermedades (morbimortalidad)– con un Fondo Único que asegure los recursos para que funcione, y que mantenga dos cuentas: una para Essalud y otra para el seguro contributivo indirecto (SIS). Pero la propuesta gubernamental se limita al SIS, que ya atraviesa por graves problemas. Y la Federación Médica, por su lado, recuerda que con Garrido-Lecca acordaron impulsar un Sistema Único de Salud que integrara al ministerio con los hospitales de las FFAA y PNP (atienden al 2% de la población) y Essalud (atiende al 20%), algo muy distinto de ampliar el desfinanciado Seguro Integral de Salud (SIS) y una microexperiencia para mejorar parcialmente la atención al 6% de la población nacional.

El Colegio dice que el Proyecto y el Plan carecen de financiamiento adecuado en medio de una reducción de ingresos fiscales, y exige establecer el presupuesto del SIS como un porcentaje del PBI. Que discrimina a los más pobres al no comprometer la cobertura del total y limitarse a planes básicos. Alerta que dispersa el financiamiento de la salud, pues mantiene y fomenta múltiples fondos y administradoras de seguros de salud, debilitando el papel rector del Ministerio de Salud. La Federación dice que se mantiene el manejo de las Asociaciones Público Privadas (EPS, AFP, clínicas privadas, autoseguros), que atienden la salud con fines de lucro, o sistemas como los Hospitales de la Solidaridad que propician prácticas inaceptables como la falta de historias clínicas y de control sobre sus servicios. Denuncia que en los planes esenciales de salud existentes son más las exclusiones que los beneficios, pues se dejan de lado las enfermedades degenerativas, el cáncer y las complicaciones que ocurren en cualquier tratamiento de salud. Advierten que se está sobrecargando al SIS sin fondos adecuados, mientras el gobierno adeuda a los hospitales del ministerio el pago de las atenciones del SIS y más de 7,000 centros asistenciales estatales carentes de médicos y condenados al colapso, sin medicinas, con infraestructura deteriorada e instrumental quirúrgico obsoleto y/o de ferretería, con trabajadores y médicos maltratados con míseros sueldos y contratos que los explotan.

Mientras se anuncian el Proyecto y el Plan, el gobierno no mejora el presupuesto del sector e incumple los acuerdos del acta firmada con la Federación Médica que permitió levantar la huelga pasada, en temas elementales como las obligaciones económicas pendientes con los galenos, las asignaciones extraordinarias (Aetas), anunciándose nuevos conflictos. Para colmo, las mafias enquistadas en el sector –que retan el llamado Plan Anticorrupción del premier Simon– han desaparecido 1,938 cajas de documentos del ministerio, en muchos casos vinculados a obras y compras.

No hay duda de que la salud está enferma. Una lástima que el ministro Ugarte –quien fuera subsecretario general de Vanguardia Revolucionaria, regidor de IU con Barrantes y SG del Partido Humanista de Simon hasta que lo sustituyó la ex congresista fujimorista Elsa Vega–no sea capaz de tomarle el pulso y siga repartiendo aspirinas para una situación tan delicada.

El origen de los audios no parece un simple lío entre empresas   (Petro Tech vs Discovery) para quedarse con un negocio o cambiar la dirección de Petroperú. Puede ser en parte, pero había bastante más: una maniobra para apretar a García, renegociar cuotas de poder y ciertas decisiones claves. Las primeras fotos de los chuponeadores muestran que eran caseritos de la misma corte palaciega. ¿Quiénes pusieron en evidencia una puntita de los negocios y negociados de la cúpula que hoy maneja Palacio? Por delante elementos y servicios de inteligencia de la Marina de Guerra (vinculada a la CIA, con diferencias con la DEA) y del  entorno íntimo de Giampietri, el fujimontesinista heredero del trono vía la alianza con Alex Kouri. Sí, empresas y elementos de inteligencia de la Marina vinculados al vicepresidente y al fujimontesinismo que "descubrieron el complot para asesinar a García" al inicio de su mandato. Son parte de los que –junto a empresarios "amigos" como Favre y Vega Llona– se convirtieron en asiduos analistas de la situación política con el presidente. Son parte de la red que da seguridad e inteligencia privadas a la gran minería y los principales grupos de poder económico. Y, en el centro de esta primera foto, Ponce Feijóo, candidato montesinista de Giampietri a asumir servicios de inteligencia, a pesar de las imputaciones de haber intervenido en operaciones de detención-desaparición de estudiantes del Callao.

La respuesta de García a quienes lo apretaron –exponer vía la Fiscal a la empresa Business Track– tiene doble filo. Los nuevos audios no solo hunden más a los ministros exculpados por el Congreso de vergüenza que padecemos, sino que ahondan el involucramiento de la secretaria de García y Nava, su Secretario de la Presidencia, y muestran la extensión de la red de lobbies y negociados en marcha. A su vez, parece claro que sí se compraron equipos de interceptación de comunicaciones por la Marina (hay hasta facturas), más allá del infantil trabalenguas que ensaya el servil Ántero Flores Aráoz para desmentirla.

Giampietri (hospitalizado, como muchos de los que son o pueden ser investigados) y su entorno íntimo –más allá de las actorales declaraciones de confianza de García en su heredero legal– están en el centro de la tormenta. Los escándalos de corrupción y espionaje en Palacio son sazonados por el desmoronamiento de la maniobra de imponer a una contralora mentirosa y falsificadora de títulos para "fiscalizar" los actos del gobierno.

¿Cuál es el juego de poder detrás de todo esto? ¿Un golpe de Estado o un reparto de cuotas y territorios? ¿Quizás la proximidad de la sentencia al criminal Fujimori y las presiones por asegurar  que sea benigna o exculpatoria a pesar de la solidez de las evidencias? ¿La búsqueda de un indulto humanitario de García en nombre del "cáncer" que dice padecer el prófugo extraditado? ¿O un indulto más general en pro de la "unidad nacional" como diría alguno de los recién llegados al gabinete?

Un golpe militar parece insostenible en el escenario internacional. ¿Un golpe blanco? La vacancia de García impuesta por evidencias de corrupción que lo involucran y la presión de sectores de las FFAA no parece haber sido la intención.   Los audios hubieran sido más evidentes y comprometedores, no cubriéndolo como fue al principio. La actuación del fujimontesinismo y la derecha en el Congreso no habría protegido a sus ministros de todo cargo. Los aparatos de inteligencia golpistas habrían estado más alertas ante las acciones de García y Echaíz. Más aún, ¿por qué sacar a quien tan bien los sirve y generar inestabilidad con un personaje sin calle política como Giampietri?

Sintiendo al país como su chacra, perpetuaron la herencia colonial del patrimonialismo (usar el puesto público como instrumento para fines privados) y se convirtieron en testaferros y aliados de los poderes coloniales y sus intereses económicos y políticos. Desde entonces, hemos sido botín de extranjeros, sus "socios" internos y autoridades serviles a sus intereses. Por ello mismo, nuestra historia está marcada por negociados y entreguismos, así como por la resistencia popular y nacional, por expresiones de rebelión e indignación social, tenaces luchas por el cambio y por frustrados esfuerzos por lograrlo.

La batalla contra la Internacional Petroleum Company, consecuencia del infame laudo Brea y Pariñas, que motivó la campana de Petróleo para el Perú, fue uno de los casos de entreguismo y corrupción que convocó a la lucha por la soberanía nacional. Se convirtió en bandera de diversas fuerzas políticas como Belaunde, que la abandonó en el camino, hasta que Velasco que la recuperó, fundando Petroperú.

Hoy enfrentamos una nueva trama de corrupción y entreguismo, bajo la alianza del APRA, el fujimontesinismo y la derecha, que compromete los recursos naturales energéticos fundamentales. El gas de Camisea –entregado en vergonzosas condiciones por Toledo y Kuczynski– y lo poco que queda de Petroperú –tasajeada y malbaratada por el fujimorismo a favor del capital extranjero– vuelven a plantearnos una sórdida trama que reclama de una reacción nacional.

Acabamos de saber que han vendido Petro Tech, empresa involucrada e investigada en el escándalo de los petroaudios que maneja lotes petroleros (desde Fujimori) con ignominiosas granjerías y ha evadido el pago de tributos. La vendieron en US$ 900 millones (cuando la ofertaban en US$ 1,500) y ni siquiera han pagado los impuestos por las ganancias de capital en el Perú. Una empresa que tendría que responder por un juicio en el que se le involucra en serios delitos se vende. Lo peor: previa consulta de los compradores con Alan García. Sí, antes de comprar, la colombiana Ecopetrol, el ministro de Energía de Colombia y los coreanos se aseguraron de que podrían comprar a precio de oferta con garantía del mismísimo García que en enero había estado por suspender la entrega de lotes petroleros a Petro Tech y la acusaba de chuponeo. Negocios son negocios, ¿no? ¿Acusa de ratas a Quimper y León Alegría, pero avala transferencias de empresas metidas en notorios enjuagues?

Paralelamente, el diario Folha de Sao Paulo anuncia que Petrobras compraría 30% de Petroperú. Es decir, continúan intentando rematar las joyas de la familia peruana (aunque hayan pretendido desmentirlo) y, a la vez, el Estado tiene paralizada la modernización de la refinería de Talara para que no pueda producir combustibles comercializables en el mercado nacional y se creen las condiciones para privatizarla. ¡En lugar de fortalecer Petroperú, la debilitan y la venden por partes! Para manejar el negocio ponen al impresentable Pedro Sánchez en el Ministerio de Energía y Minas, el superman de las privatizaciones eléctricas amañadas en el gobierno de Fujimori.

Para cerrar el círculo, el gas de Camisea –concesionado por Toledo, en condiciones lesivas al interés nacional, al consorcio que lidera Hunt Oil, la empleadora de PPK– anuncia que pretende exportar nuestro gas a precios ridículos y se niega a abastecer gas a las empresas eléctricas y productivas en el país, que lo demandan. Así, no solo se paralizarían cerca de US$ 200 millones de inversiones, sino que nos encarecen la electricidad a todos los peruanos y agotan más rápidamente nuestros escasos recursos energéticos, poniéndonos en condición de dependencia en pocos años. ¿Vamos a tolerarlo, a mirar pasivamente, cómo malbaratan lo nuestro y nos someten a nuevas dependencias? ¡Vamos, hay que reaccionar! ¡Unamos fuerzas como lo han planteado el Colegio de Ingenieros y todas fuerzas progresistas del país!

Los recursos naturales y energéticos deben manejarse en función de nuestros intereses, nuestro desarrollo y nuestro bienestar, en primer lugar. Son propiedad de la Nación, de todos los peruanos, no de concesionarios extranjeros que solo ven y piensan en sus negocios, sin importarles el país ni la gente. No podemos permitir que, con la complicidad de gobiernos entreguistas, una Constitución trafa como la fujimorista y una normativa generada por funcionarios y tecnócratas serviles, se destruya el futuro del país y se pierdan nuestras oportunidades de crecimiento y progreso. ¡La banda del caballo loco debe ser frenada! ¡El país debe responder con firmeza!

La empresa obtuvo extraordinarios privilegios. Alquiló 90 plataformas marinas de Petroperú por US$10 millones anuales y pagó diminutas regalías. ¡Cosas te da la vida, chico! Además, tuvo la "suerte" de que se nombre presidente del Directorio de Perupetro, 30/5/2000, a Rafael Samaniego B., funcionario de Petro-Tech Peruana desde 1993 hasta el 2/6 del 2000: un evidente conflicto de intereses, prohibido por la Ley de Sociedades. Así lo dice el informe 191-2007-CG/SP, del 24/10/07. Bajo su ilegal gestión se abandonó el acuerdo de iniciar una acción judicial contra Petro-Tech para que pague millones de dólares por una compensación establecida en el punto 8.8 del contrato (ya Petro-Tech había pagado US$ 2'730,333 dólares más IGV) y que la empresa adeudaba. Acordaron un "arbitraje" que ¡la libró del pago y recuperó lo ya pagado! ??

Así floreció Petro-Tech, a costa del Perú y de felipillos, hasta que fue implicada en las investigaciones sobre el espionaje telefónico y Business Track, en los enjuagues por manejar nuevos lotes petroleros. Entonces, zafó cuerpo rápidamente. Vendió en unos US$900 millones el negocio (por el que pedía más), pasando por encima de una obligación contractual de ofertarla al mismo Estado. Los compradores (colombianos y coreanos) pasaron por Palacio antes de que se conozca la operación. Hablaron con el mismo García, quien desde el 2007 conocía los problemas ya mencionados y no había hecho nada, al igual que el Congreso. ¿Fueron a tomarse un traguito? ¡No, fueron a recibir garantías para la operación! Ahora, García quiere "investigar" la venta, con una Comisión de sus allegados, cuando pudo anular el contrato por los vicios y asumido las recomendaciones de la Contraloría. Mientras tanto –en el Congreso– UN, Solidaridad y el fujimontecinismo dicen a los peruanos que no tienen competencia para meterse en el tema pues la venta –aunque se refiera a nuestros recursos naturales y atropellara el mismo contrato de concesión– sería un negocio entre privados.

Esa misma lógica la usan para el gas de Camisea. Como sabemos, la concesionaria (íntima de PPK y de García) se niega a vender gas a las empresas generadoras de electricidad en el Perú que se lo piden. Dice que su negocio es exportar a México y, se sostiene, hasta a Chile. Es decir, el concesionario, en la práctica se convierte en dueño de los recursos naturales, los usa como quiere y puede agotarlos rápidamente sin interesarle la demanda nacional. Ello, como señala el Ing. Herrera Descalzi, puede llevar a que los precios de la electricidad en el país se dupliquen en un año. ¡Teniendo gas, pagaremos más! ¿Piensa usted, como los adoradores del mercado y el ideólogo del Perro del Hortelano, que este es un asunto de privados en el que no toca pito el Estado? Difícil que el país se coma ese sapo y no demande un profundo cambio en el manejo de nuestros recursos naturales.??

Lo peor es que los lotes de Camisea también se entregaron con graves irregularidades, como lo revelan informes de Contraloría (219, 220, 240, 241, 275-2008-CG/SP emitidos hace más de 18 meses) que conocen García y el Congreso, ignorándolos olímpicamente, en lugar de usarlo para defender los intereses del país. García, los Fujimori, Lourdes Flores, Castañeda y sus bancadas parlamentarias están mudos.??

Abogado de varios mafiosos fujimoristas, Nakazaki ahora lo es del capo di capi. Su estrategia: defender una víctima condenada sin pruebas, antes del fallo judicial, por un linchamiento mediático. La falta de un video u orden escrita, firmada, disponiendo la matanza de Barrios Altos o de La Cantuta, serían evidencia de la inocencia del capo, al que presenta –en una segunda línea de defensa política y no legal– como un "salvador del Perú", hoy ingratamente procesado. Así, buscando justificar haberes acumulados que rebasan 6 dígitos, Nakatrafa desarrolla una agresiva argumentación política ante el descalabro de sus argumentos legales y sus derrotas judiciales recientes.

"Denuncia" que su "cliente" es objeto de un sumario juicio y fusilamiento mediático. "No hay pruebas", dice, mientras lloriquea sobre la "presión" mediática a la Corte. ¿Acaso no lo extraditó la Suprema chilena considerando indicios más que suficientes y garantías judiciales para el proceso? ¿Estamos ante un PJ intervenido como el que instauró su "cliente" al destituir a la Corte Suprema y al fiscal de la Nación para colocar a sus títeres, corrompiendo la judicatura a extremos sin precedentes? ¿Olvidó que es un juicio lleno de observadores internacionales, y que su sueldo lo paga quien barrió con todos los principios del "debido proceso" que ahora goza?

"Jefe" cobarde y desleal, Chinochet niega mando sobre sus subordinados, obvia su convivencia en el mismo piso del SIN con Montesinos, pretende ser un jefe que no sabía ni ordenaba nada, aunque más de 570 testimonios y documentos lo incriminan. Nakatrafa brama por un "linchamiento" mediático. ¿Olvida que su defendido compró –vía Montesinos (jefe del SIN, del PJ y del JNE sin nombramiento firmado)– a los principales propietarios de los medios de prensa para manipular la información, cercenar las noticias, ocultar robos y crímenes, censurar periodistas como Hildebrandt y servirse de programas como los de Laura Bozzo? Reclama por la información del juicio y las opiniones en contra del criminal. ¿Piensa regresar al parametraje manipulado de la década infame, a la salita del SIN donde su "cliente" hacía pagar "cash" –con recursos de la desabastecida Defensa Nacional– a los "dueños" de las licencias de TV y radio, a los hampones de la prensa amarilla, a los plumíferos de la cloaca fujimontecinista?

¿Fusilamiento mediático, aunque ninguno de los miserables que manejaron la TV perdió su licencia y sobreviven numerosos ayayeros que hacen de los Raffo y las Keiko habitúes de los medios, tratados con consideraciones propias de gente decente? ¿Habrá un Grupo Colina que dispara tinta, imágenes y proyectiles de memoria colectiva contra su cliente? ¿Santiago Martín Lévano, Paco Kerosene Miró Quesada, Mohme Huamán Azcurra o Mariela Palacios Barreto? ¿Un grupo Scorpio liderado por Hildebrandt o una misión israelí de entrenamiento manejada por Gorriti? Nakatrafa desvaría, abrumado por las pruebas que evidencian la autoría mediata del huésped de lujo del penal que García le construyó en Barbones. Además, si el jefe del SIN –bajo su directa responsabilidad política por ley– ya fue condenado a 35 años por estos crímenes, ¿cómo podría recibir él menos?

Desesperado, Nakatrafa pasa de la tesis del "fusilado mediático" a la de "héroe y salvador nacional". Pretende justificar los crímenes con la tesis de que Fujimori y Montesinos derrotaron al terrorismo y vencieron la hiperinflación, lo que no permite procesarlos por violaciones a los DDHH, corrupción o actos lesivos a los intereses nacionales. Se prepara para el juicio por corrupción.

La captura de Abimael Guzmán y la debacle de Sendero no fue producto de los crímenes del Grupo Colina y similares de las FFAA, sino de su aislamiento político y de una paciente inteligencia policial. No se requería matar cientos o miles de inocentes para ello. La estrategia antisubversiva implementada desde tiempo atrás (Accomarca, matanza de los penales, Barrios Altos, La Cantuta, por ejemplo) solo incrementó la violencia e hizo que miles de justos paguen por culpables. Pero, ¿salvó Fujimori al Perú como nación? ¿No privatizó y entregó a extranjeros –con estabilidad tributaria– los principales recursos naturales y la renta que se generó (desmantelando Petroperú, MineroPerú, Centromín, Cerro Verde, etc.)? ¿No destruyó la banca de fomento y estatal, remató PescaPerú y las principales empresas eléctricas en negociados oscuros? ¿No costó cientos de millones el salvataje del Banco Latino y del Wiesse? ¿No le debemos las queridas AFP, la jubilación a los 65 años, cuando mujeres era a 55 y hombres a 60? El "salvador" desmanteló y corrompió la moral de las FFAA y abandonó todo plan de modernización, mientras pudrió el PJ y el JNE. Alentó el transfuguismo y el Congreso más caro de la historia, mientras la educación y la salud pasaron a los últimos lugares de AL, la desigualdad social creció, la sindicalización se redujo y los derechos sociales se perdieron. Por su gestión, ¡Fujimori merecería 10 cadenas perpetuas, Nakatrafa!

Pero el gobierno, en lugar de atender esta demanda, pone a Yehude Simon –cual santero– a exorcizar a Alan García ("no es el diablo") y exorcizarse a sí mismo ("yo lo garantizo"), promoviendo un insulso debate sobre la viabilidad de una alianza entre el APRA –expresión de una abusiva, tramposa y corrupta alianza continuista con el fujimorismo y la derecha– y quienes batallan por un cambio de rumbo para un Perú más justo, soberano y democrático.

Por otro lado, el país se entera de la inaceptable y prepotente decisión del consorcio concesionario del Gas de Camisea de priorizar la exportación del gas al extranjero y negarse a abastecer del gas que requieren a generadoras de electricidad y a empresas que operan en el Perú. Se entera de que ello implica consumir rápidamente las escasas reservas probadas que tenemos y que, además, conduce a una elevación de costos de la energía eléctrica. El malestar es evidente, entre empresarios y amplios sectores sociales. Ello se agrava con el abandono en que el gobierno ha mantenido a Petroperú y la –hasta hace poco– paralizada modernización de la refinería de Talara.

Pero el gobierno, en lugar de atender un asunto que tiene carácter estratégico y toca la soberanía nacional sobre el manejo de nuestros recursos, en lugar de revisar los contratos irregulares suscritos y las normas arbitrariamente cambiadas en beneficio de las concesionarias (según señala la Contraloría de la República), pone a su "Thatcher peruana", doña Mercedes Cabanillas, a la trascendente labor de sancionar a un grupo de policías femeninas que –hace tres años– se filmaron en su habitación y fuera de servicio, jugando en paños menores.

Todos hemos sido testigos del escándalo de corrupción en la asignación de lotes petroleros, los petroaudios, los informes de Contraloría que evidencian graves irregularidades, el involucramiento de Petro Tech y la inmediata venta de la empresa a un consorcio colombo-coreano fuera del país. A la vez, hemos visto cómo la Comisión del Congreso y el pleno terminaron exculpando a los ministros y funcionarios del entorno más estrecho de García de responsabilidades.

Ahora observamos cómo, con argucias judiciales y leguleyadas, la investigación se traba y se comienza a perder en la atención pública, mientras García pone en el banquillo de los acusados –como trabas al funcionamiento del país– a los órganos de control y específicamente a la Contraloría. El mundo al revés. Una fábrica de cortinas de humo está cubriendo la verdadera agenda nacional, los problemas que hay que enfrentar, con firmeza y decisión.

Es hora de poner esa verdadera agenda ante el país a través de la acción. Así lo está haciendo la Junta de Nacional de Usuarios de Riego, como lo plantea –en el terreno de la corrupción– la Marcha de Mujeres del 6 de marzo y la Movilización del 12 que impulsan la Coordinadora de DDHH y diversas organizaciones sociales y populares contra la impunidad y por la sanción a los crímenes contra los DDHH de Fujimori, Montesinos y compañía. Es hora de forjar el Frente de Defensa de nuestros recursos naturales (petróleo, gas, minerales, agua…) para evitar que estos sirvan simplemente al afán de lucro de grandes transnacionales, dejándonos migajas y negándonos el derecho de definir su destino prioritario (como ocurre en el caso del gas de Camisea). Es hora de recuperar plena soberanía sobre lo nuestro y usarlo en función del desarrollo, de acabar con una Constitución que convierte al Estado en minusválido frente a los intereses de la gran empresa privada y que ni siquiera puede regular, menos aún intervenir, en la actividad económica y de servicios estratégicos.

Mientras García ofreció el impuesto a las sobreganancias sobre las empresas que explotaban nuestros recursos naturales con altísimos precios e incumplió, vendiéndose a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Barack Obama acaba de establecer este tributo para las petroleras, cumpliendo lo que ofreció. Además ha reducido impuestos a los más pobres y los aumentó a los más ricos, a la inversa que en el Perú del "izquierdista" García. Parece que ya estuvo bueno de cortinas de humo, ¿no creen? Es hora de reaccionar.

Ya en el evento, reapareció crudamente la historia –escrita por felipillos desde Fujimori hasta hoy– de la corrupta liquidación de Petroperú como empresa petrolera nacional. Este camino solo lo emprendieron 3 países sudamericanos, en el auge del neoliberalismo: Argentina, Bolivia y Perú con Petroperú. Hoy, solo el gobierno del perrero del hortelano insiste en su insensatez. Argentina reconstituyó una empresa petrolera estatal y Bolivia recuperó sus yacimientos, ductos y empresas, y ha renegociado a buen precio la venta de gas a Brasil. En el Perú nada.

Como ocurre con el ADN, no requerimos reconstruir toda la historia para identificarla. Bastan algunos ejemplos para ver el proceso. Petro-Tech es uno. Belco tenía una concesión que García recuperó por incumplimiento de contrato, en su primer gobierno. Cerca de 90 plataformas de exploración marítima. La entregó a Petromar, subsidiaria de Petroperú. Luego, sometido a los seguros de inversión de las transnacionales y con presión de EEUU, terminó "retribuyéndole" US$ 257 millones, vía AIG, a Belco. El pago lo hizo Petroperú.

Pero el corrupto Fujimori privatizó Petromar –que producía 22 mil barriles diarios– en condiciones vergonzosas, con Quijandría y Alberto Bruce (ex funcionario de Belco) en la Cepri. Cedieron 92 plataformas marítimas por US$ 10 millones anuales, más unas regalías de solo 16% de su producción, 50% de lo que pagaban otros. El contrato, como dice la Contraloría, adolece de graves ilegalidades: ganó Petro-Tech Internacional, pero asumió Petro-Tech Peruana, incumpliendo condiciones. Esta maniobra sirvió para que se nieguen a pagar obligaciones a Perupetro. Esta le hizo pagar una parte, pero volvió a dejar de hacerlo y la estatal reclamó y acordó ir a juicio. Pero, ¡oh milagro!, en sus estertores, Fujimori nombró presidente de Perupetro, el 31/5/ 2000, a Rafael Samaniego B., funcionario de Petro-Tech de 1993 al 2/6/2000. Y este (después de cobrar una "liberalidad" de US$ 67,000 dólares el 16 de junio) abandonó el juicio y fue a un arbitraje –amarrado con Petro-Tech– que perdió, obligándose a devolver lo pagado y dejar de cobrar lo pendiente, por lo que la Contraloría (CGR) lo ha denunciado. Ojo: Petro-Tech entonces producía 13,000 barriles diarios y las plataformas marítimas se desmoronaban.

El 2001, a pedido del sindicato y como vicepresidente del Congreso, denuncié el caso a la CGR. Esta demoró 6 años en investigar, pero entregó informes denunciando irregularidades a Perupetro en octubre 2007, al igual que al Congreso aprofujimorista. Nadie hizo nada. Dicen que Callop, capo de Petro-Tech, aportó millones de razones a la campaña de Alan para no ser tocado.

Luego se desata el escándalo de los petroaudios –sin que se haya asumido la recomendación de la CGR de renegociar el contrato, denunciar a Samaniego, etc– y Petrotech, investigada, se vende en EEUU sin siquiera respetar el contrato que los obligaba a ofrecer primero a Perupetro la compra. ¡Una burla! Callop se va, deja la propiedad a colombianos y coreanos y paga en EEUU los impuestos por sus ganancias de capital.

El contrato adolecía de nulidad, que nunca se procesó. La CGR recomendaba renegociar el contrato y denunciar a funcionarios por corruptelas. Nada pasó, con el apoyo del perrero del hortelano. Petroperú podía y debe tomar control del yacimiento Z-2B. Pero, los trabajadores denuncian que si bien la ley 28244 (julio 2004) permite a Petroperú suscribir contratos petroleros, el DS 030-2004-EM, de Quijandría, exige que la firma de contratos sea con empresas con experiencia en los últimos 3 años y a Petroperú se le sacó de la explotación hace años. Es decir, la ley es inaplicable por un DS, pergeñado por el "mago" Quijandría y Toledo, que sigue vigente. ¡La trampa al máximo!

Pero a PetroPerú también la obligan, por ley 28840, a pagar los pasivos ambientales (contaminación) de las empresas privatizadas como la refinería de La Pampilla y los lotes privatizados, quitándole recursos. Le niegan a la refinería de Iquitos el beneficio de no pagar IGV y la obligan a comprar a Pluspetrol el crudo con IGV que ¡no pueden recuperar! Más de 130 millones de soles. Y camina a paso de tortuga la modernización de la refinería de Talara, para promover su privatización.

Petroperú no puede seguir siendo destrozada. Debe recuperar presencia en la explotación y la venta de combustibles, recuperar su integración vertical. Recuperar los lotes de Petro-Tech (Z2B) y BPZ que apenas paga 5% de regalía (Z1), derogarse las leyes que la amarran y modernizar la refinería de Talara. Formar y capacitar técnicos. Contar con un Comité de Control para evitar corruptelas. ¡Talara debe dejar de ser territorio liberado bajo control de los felipillos de siempre!

Es una confrontación política directa entre los dos grandes actores del conflicto interno salvadoreño de la segunda mitad del Siglo XX, iniciado a partir del sistemático fraude y negativa de las dictaduras de la derecha a reconocer el triunfo electoral de fuerzas políticas moderadas y progresistas, desde 1930. El fraude del militarismo oligárquico de PCN contra la victoria de Napoleón Duarte en 1972, encabezando un bloque socialcristiano, socialdemócrata y comunista, abrió las puertas de la guerra civil casi un cuarto de siglo. Calladas las armas, pero persistiendo los serios problemas sociales y políticos, se enfrentan otra vez el cambio vs. el continuismo.

Los medios, como en gran parte de A. Latina manejados por los grupos de poder económico, tienen candidato: Ávila. La campaña electoral terminó oficialmente el miércoles, pero entrevistas en diarios, radio y TV martillean la figura oficialista y, sobre todo, golpean el monigote de moda: Hugo Chávez, y su dinero que pretende llevar el país al comunismo. Pero, las cartas parecen echadas. La distancia que ha tomado de su candidato –en los últimos tres días– el propio presidente salvadoreño, Antonio Saca (que se jugó por él durante la campaña) parece evidenciarlo.

Cierto, las amenazas son muchas. La OEA ha aclarado públicamente que no ha validado el padrón electoral. Y aunque hubo una auditoría, no se ha depurado 100,000 personas muertas identificadas en el padrón. Un miembro del Tribunal Electoral ha ubicado 300,000 registrados ¡sin dirección! Y a los partidos no se ha permitido acceso al padrón pedido hace años. Además, El Salvador tiene, según censo, unos 5’800,000 habitantes, pero un padrón electoral de 4’337,000 votantes. ¿Se imaginan? Cerca de 3 millones de salvadoreños han migrado desde la guerra y por los problemas económicos y sociales que agobian al país. No hay voto en el extranjero, pero no han sido depurados del padrón.

Lo grave es que hay múltiples denuncias de que ARENA está trayendo gente de los países vecinos y dotándolos de Documento Único de Identidad falso (usando nombres de emigrantes) para que voten. Un fraude de esta envergadura y con las advertencias hechas sobre el padrón, pondría al país en grave circunstancia. Lástima que ni la OEA ni el Tribunal Electoral hayan podido resolver este tema o siquiera el abusivo manejo de los medios que irrespetan las reglas de campaña cuando ya ha cerrado. Votarían 2’500,000 salvadoreños, casi un 75% de los votantes potenciales. Un fraude de 200 a 300,000 votos, con documentos fraguados, podría generar una explosiva situación.

Mientras millones se aprestan a decidir en esta ocasión, la primera en la que no es candidato del FMLN un ex combatiente de la guerra y en la que un amplio sector de intelectuales, capas y sectores empresariales medios los apoyan junto a un amplio contingente popular, nadie duda que se esta abriendo un cambio. De por medio, una guerra y muchas vidas, dada la prepotencia de los grupos de poder de aferrarse al gobierno por la fuerza y el fraude. Como si se retomara la historia trunca por la imposición de los poderosos y El Salvador se diera una nueva oportunidad de cambio en democracia.

Al publicarse esta nota, espero estemos celebrando una victoria de fuerzas renovadoras y democráticas, y no un giro que violente El Salvador. Un nuevo proceso de cambio en A. Latina de fuerzas progresistas y de izquierda, que buscan afirmar su soberanía y encarar esta crisis mundial sin echarla sobre los hombros de los más pobres. Una victoria por la que hablaron en su momento los fusiles y ahora, felizmente, hablan los votos.

Hace más de 17 años, el 1º de febrero de 1992, una Plaza Cívica donde no cabía un alfiler recibía a la Comandancia del FMLN, la guerrilla salvadoreña. Se firmó –en ceremonia a la que asistí– los Acuerdos de Paz negociados hasta las 12 am del 31 de diciembre de 1991 (terminaba la SG de la ONU de Pérez de Cuéllar) con anexos y precisiones suscritas en el Castillo de Chapultepec, en México, el 13 de enero del 92. Los principales comandantes guerrilleros caminaban a cara descubierta por el centro de San Salvador para hablarle a una enorme masa hambrienta de justicia y paz. Saludaron a algunos dirigentes latinoamericanos y hablaron las cabezas de las 5 organizaciones que conformaban el FMLN, entre ellos, el comandante de las FPL, "Leonel", Salvador Sánchez Ceren, actual vicepresidente electo junto al presidente Funes.

Una trabajosa negociación había concluido luego de que, tanto el Pentágono y el régimen salvadoreño, por un lado, como la guerrilla, por otro, concluyeran que el conflicto no tenía salida militar sino política. Dos ofensivas en las que el FMLN había ocupado barrios centrales de la capital y la existencia de una gran red de fuerzas sociales organizadas habían sido expresión de fuerza contundente pero no suficiente. Concluían más de 20 años de guerra provocados por el abuso, el golpismo y el fraude de una derecha cavernícola que negaba los más elementales derechos políticos a la mayoría de salvadoreños. Dejó miles de muertos –incluyendo la inolvidable figura de Monseñor Romero, asesinado por los "paramilitares" de D’aubison, el fundador de ARENA–, aunque los graves problemas económicos, políticos y sociales que alentaron el conflicto quedaban –en gran parte– pendientes de resolución.

La negociación de paz se centró en variar las condiciones políticas y de derechos humanos en El Salvador. Permitió que el FMLN se convierta en un partido político para competir políticamente. Se apartó de las FFAA a cabezas comprometidas con delitos de lesa humanidad y se constituyó una nueva Policía Nacional Civil (con presencia de ex guerrilleros). Se abrió una fase de lucha política.

Se conquistaron algunas reformas en la Constitución, promulgadas por un Congreso de derecha, vinculadas a condiciones políticas. Este fue el centro de las negociaciones entre el FMLN y la derecha salvadoreña sustentada por el Pentágono (que gastó casi US$1 millón diarios en la guerra), no las reformas económicas y sociales que el FMLN aspiraba a alcanzar con su actividad política –ya no militar– futura. Tomó 17 años y 4 elecciones, desde ese febrero del 92, batallar contra sucesivos gobiernos de derecha –aglutinada bajo la dirección de ARENA– para que el FMLN ganara las elecciones el 15 de marzo. Se abre ahora el camino del cambio desde el gobierno de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Ceren, que toma posesión el 1º de junio.

Las elecciones batieron récord: unos 2’631,000 de votantes (el voto no es obligatorio). 63% de la población registrada contra un 54% de participantes en las elecciones parlamentarias y municipales de enero. El FMLN obtuvo un 51.5% de votos, superando por cerca de 70,000 votos al candidato de ARENA, el ex jefe de la Policía.

El triunfo fue precedido por una campaña sucia como ninguna y maniobras de fraude como negar el padrón electoral a los partidos. Una auditoría de la OEA descubrió más de 100,000 muertos no depurados y cantidades superiores de inscritos sin dirección física. Pero el día de la elección, múltiples hechos anunciaban la victoria del FMLN, incluyendo el voto de personeros de ARENA, en algunas mesas, por el FMLN. Al conocerse el conteo, decenas de miles de salvadoreños salieron a celebrar, mientras ni el candidato oficialista ni el gobierno hacían el elemental gesto de saludar abiertamente al triunfador. El aire se cortaba con un cuchillo.

Funes, presidente electo, se proclamó como tal y anunció que iniciará un gobierno para todos los salvadoreños, con transparencia y control ciudadano, buscando construir una sociedad de justicia y que atienda a los más pobres y afectados por la crisis. Mientras, en el campo de la derecha, el impacto de la derrota se dejaba sentir: demandas de renuncia a la dirección de ARENA, una saludable división entre empresarios decididos a boicotear a Funes y otros dispuestos a cooperar y a trabajar por el país, un proceso en el que los partidos de derecha y centro derecha aliados a la candidatura de ARENA comienzan a plantearse recuperar su independencia y terminar con la bota que los ha sometido por décadas, según afirman. Entre ellos, el Partido de Conciliación Nacional –fiel de la balanza en el nuevo Congreso a instalarse en unas semanas–, que busca intensamente relaciones con el FMLN que abriría paso a una nueva situación.

Y es que Clinton corrigió a Blair. Dijo que EEUU no consideraba a México un "Estado fallido", y más bien reconoció una corresponsabilidad, dado el abastecimiento de armas norteamericanas a los narcos, el tráfico de drogas y el lavado de dinero en los EEUU, que harían lo posible por investigar y reducir. A su vez, Obama anunció que "pondrían el hombro" a la lucha de México asignando más recursos para combatir el narcotráfico en México. ¿Será verdad?

El presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, dijo: "Asignarle 400 millones de dólares a un país (México) para combatir la droga, por supuesto que es suficiente. Eso gasta EEUU en un día en la guerra de Irak. Y ni qué decir de lo que se le ha asignado a los países centroamericanos ($ 65 millones)... no veo ninguna congruencia entre la gran preocupación de los EEUU… y la reducida asignación de recursos…". Cierto, pero no pinta toda la película.

La asignación hecha para "liberar territorios" ingobernados y "fomentar la cooperación" y la nominación como embajador de EEUU de Carlos Pascual, especialista en "Estados fallidos", dicen otra cosa. Pascual es jefe de la Oficina de Coordinación de Reconstrucción y Estabilización del Departamento de Estado, que elabora planes de preguerra y de acción post intervención y considera que los "Estados fallidos" amenazan la seguridad de los EEUU. El Plan Mérida, diseñado por EEUU, apunta a una creciente presencia militar y de inteligencia norteamericana en México. Así lo revelan las declaraciones del jefe del Comando Norte de los EEUU, la presencia de 50 agregados vinculados a las FFAA e inteligencia en la embajada de los EEUU en México, de la Guardia Nacional en el lado norteamericano de la frontera, y los anuncios de Janet Napolitano, ministra de Seguridad Interna de EEUU: despliegue de 350 agentes más de la policía de fronteras, creación de un centro de inteligencia regional del FBI referido a los cárteles de la droga (que se suma al trabajo de la DEA, la CIA y el monitoreo de la frontera sur de México, que ya desarrollan), la asignación de 700 millones al Plan Mérida y 5 helicópteros a entregar hasta el 2011.

A ello se suman la reactivada IV Flota de los EEUU para monitorear e intervenir en América Latina, el Plan Colombia y la creciente presencia militar en el Perú (que pretenderían compensar la decisión de Ecuador de no renovar la concesión de la Base de Manta, y la expulsión de la DEA de Bolivia, quien denuncia intromisión en asuntos internos de los EEUU).

El interés de EEUU va más allá de las drogas: tiene que ver con recursos naturales y energía. México ató su destino a EEUU con el NAFTA y ahora lo arrastra la crisis, sin que EEUU haga nada. Pero, además, ¿será seria la lucha antidrogas? ¿Acaso la droga llega a la frontera de los EEUU a ver quién la compra al menudeo? ¿Por qué no se conocen y desbaratan los cárteles de EEUU? ¿Pasa desapercibido el abastecimiento de armas en la era de los satélites y la inteligencia electrónica, o hay padrinos en EEUU? ¿Nadie ve el lavado de centenares de miles de millones de narcodólares en EEUU? ¿Será parecido al tema de la burbuja hipotecaria y financiera que ha llevado al mundo al precipicio y nadie quería ver porque beneficiaba a los grupos de poder? ¿Cómo no detectan en EEUU tremendo lavado financiero quienes asesoran a AL en detectarlo? Finalmente, la oferta genera la demanda. ¿Qué hace EEUU frente al consumo y la demanda de droga que la convierte en lucrativo negocio? Esta es la llave maestra. ¿O se trata de un negocio que involucra, como el de las armas y el control de los recursos naturales, a los más importantes poderes fácticos de los EEUU?

¿No será que el principal "Estado fallido", en el mundo unipolar en crisis es el de EEUU? Falló manejando la macroeconomía, arrastrando a México y al mundo al desastre. Falló en "expandir la democracia" y defender los DDHH: provocó invasiones y guerras regionales que cuestan decenas de miles de vidas, pero son gran negocio de su complejo industrial-militar, como lo presagió Eisenhower. Falló en generar una sociedad con esperanza y racionalidad, en la que el consumo de drogas crece. Falla en controlar su consumo, el lavado de dinero y el abastecimiento de armas, del que se benefician. ¿No será hora de que se miren al espejo como Estado fallido?

Los dos primeros –siameses pegados por el bolsillo– vivían pasillo de por medio, en el segundo piso del edificio de la dirección del SIN, donde despachaba Montesinos, se planeaban las campañas y se repartían los "aportes" económicos succionados del presupuesto nacional entre los capitostes del régimen, para salir a las cuentas cifradas de los paraísos fiscales. A ese pasillo dan, nada menos, las puertas de las salitas donde se filmaron los ‘vladivideos’ –de los que conocemos pocos– con estrellas que van desde el millonario golpista y autoproclamado "centro-izquierdista" Dionisio Romero, vocales de la Corte Suprema o del JNE y los mandamases de la TV nacional, hasta los Mantilla y congresistas tránsfugas que recibieron billete. Eso tampoco dice nada, porque los Fujimori mantenían la puerta cerrada, el volumen de la TV alto y no se enteraban de nada.

Fujimori, el austero, tenía allí un departamento que ocupaba con su familia, con habitaciones y baños con tina japonesa especial incluida para su madre, una enorme piscina con jacuzzi, varias saunas y duchas españolas, así como un enorme cuarto para hacer pesas y ejercicios, forrado en espejos para el monarca y su heredero Kenyi. Afuera, esperaban a la familia real, caballos para hacer equitación cuando quisieran. En alguno de los vladivideos, que no se han hecho públicos –salvo a congresistas– se graba una sesión del Consejo de Defensa Nacional y vemos ingresar al niño Kenyi, con una cámara y filmar a los reunidos, con total impunidad, aunque se discutían graves temas de seguridad nacional en circunstancias de conflicto exterior. Tan espontáneo hecho como aquel video en el que le filma la calva al "tío" Vladi y evidencia el largo y ridículo mechón de pelo con el que la pretendía cubrir. Pero, aquella cercanía, familiaridad e incursión de los Fujimori en espacios tan "secretos" tampoco prueban nada respecto a la álgida distancia entre los siameses.

Al frente del SIN, cruzando la pista, esta la DIFE (División de Fuerzas Especiales del Ejercito). Era de allí –y de algunas otras unidades militares– de donde el Grupo Colina recibía el apoyo de transporte, armas (incluyendo silenciadores), equipo y hasta personal de apoyo para sus operaciones criminales. El Grupo Colina, que según Fujimori ya no sabemos quien comandaba, ingresaba con orden expresa a La Cantuta y celebraba la sangre en La Tiza, espacio militar institucional. Tenía partidas especiales de pago –las llamadas Reserva 1 y 2– y el especial privilegio de que fuera Fujimori, quien recomendara su ascenso al Comandante General del Ejército. Pero, no hay órdenes escritas ni video que demuestre que "el salvador de la patria" –sentado en el banquillo de los acusados– lo ordenó. Él, Comandante Supremo de las FFAA nada sabe, aunque entonces decía que en política "no hay caídos del palto" y seguía todos los detalles de su gestión de gobierno. Él, que planificó con Kenyi la operación militar de la embajada japonesa, ¿nada supo de Barrios Altos y La Cantuta? Él, que dice que el empresario Dyer fue detenido (no secuestrado) por evasión tributaria, ¿no sabe que la Sunat y la Policía Fiscal no quedan el Pentagonito y sus sótanos, donde Anel Townsend encontró vestigios de un horno crematorio y restos de un dedo humano?

A Salazar Monroe, jefe del SIN, ya le dieron 35 años de cárcel por la matanza de La Cantuta. ¿No era directamente a Fujimori ante quien reportaba el SIN por disposición expresa de la ley fujimorista? ¿Merece menos pena el mequetrefe de Salazar que su omnipresente y todopoderoso amo? ¿Operaba por la libre? ¿Si es así, por qué amnistiaron –a iniciativa del mismo Fujimori y su bancada, con apoyo de Rey– a los del Grupo Colina un año después de "sentenciarlos" en un remedo de juicio militar al que nunca accedió nadie? ¿Por qué les siguieron pagando sus sueldos mientras estaban presos?

Son innumerables los elementos probatorios de que Fujimori tenía el mando supremo y lo compartía con Montesinos y Hermoza Ríos, que era un jefe omnipresente, además de legal y formal. Resultaría infame que la sentencia le atribuya una responsabilidad por "omisión", es decir, por no haber actuado ante evidentes indicios criminales, por sonso o distraído. Una sentencia así, este martes 7, sería un encubrimiento de la responsabilidad criminal del gobernante que, en ese periodo, concentró todo el poder, sometió a todas las instituciones a sus intereses, corrompió los más diversos espacios públicos, descompuso a las FFAA en críticos momentos para el país y convirtió al Estado en un botín para él y la gavilla que lo acompañó.

"¿Está probado…? Lo está". Millones escuchamos, conmovidos, la lectura de la sentencia que, luego de 160 sesiones, condenó a Fujimori a 25 años de cárcel por asesinato y secuestro agravados. El lenguaje complicado de los jurisconsultos, un dialecto inentendible, se sustituyó por un lenguaje directo y comprensible para sustentar una sentencia sin precedentes para un presidente de la República acusado de gravísimos abusos de poder. Todos la entendieron, menos los fujimoristas. Pero la Corte Suprema de Chile ya había preanunciado este resultado al acordar –por unanimidad– que estos casos tenían indicios más que razonables para extraditarlo al Perú. El llamado al pueblo a salir a las calles, ese mismo día, se evaporó, mientras los "guardianes del Chino" se dispersaban por acción de un pequeño núcleo de la CTP aprista. Al día siguiente, una convocatoria en el Campo de Marte, moviendo decenas de buses, terminó en el Anfiteatro del Parque de la Exposición (¿cedido por Castañeda?) donde apenas caben 3,500 personas.

Y es que la sentencia fue contundente. Evidenció que el Grupo Colina se formó en el régimen de Fujimori, como un destacamento de las FFAA, sujeto a una cadena de mando (el SIN, dependiente por ley de Fujimori, la Dirección de Inteligencia del Ejercito y el Servicio de Inteligencia del Ejercito), bajo la dirección –sin resolución expresa, pero con mando real– de Vladimiro Montesinos, asesor, cogobernante y siamés de Alberto Fujimori a quien este, cómplice, ni mencionó en su teatral alegato de inocencia en la corte.

Quedó claro que Colina era financiado con presupuesto del SIN para operaciones especiales de inteligencia, con armamento, vehículos, locales operativos, personal auxiliar e inmunidad operativa provistos por los mandos militares. Que sus miembros fueron felicitados por el mismo Fujimori y ascendidos por su recomendación. Que recibían pagos extraordinarios y su jefe operativo, Santiago Martin Rivas, vivía –al igual que Fujimori y Montesinos– en el SIN. Que realizaron más de 50 operativos criminales como los de Barrios Altos y La Cantuta, y que –según Hermoza Ríos– lo ocurrido en La Cantuta se informó a Fujimori. Que secuestraban gente –como Gorriti y Dyer– en los sótanos del Pentagonito, donde se encontró restos de un crematorio con un dedo humano. Que "juzgaron" a los Colina en una pantomima judicial del fuero militar y luego los indultaron –a iniciativa del fujimorismo– garantizándoles impunidad. La sentencia señala que esto dependía de la misma cúpula que manejaba el país a su antojo: Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos.

Keiko Fujimori quiere tapar este quemante sol con un dedo y se lanza a la presidencia alrededor de una solución central a los problemas del Perú: "Indulten a mi papito". Pero Fujimori debe enfrentar otros procesos judiciales: los de la corrupción, otra dimensión del abuso de poder cometido durante su gestión. Los US$ 15 millones de dólares entregados, en maletas sacadas del Banco Central, a Montesinos para que se vaya del país, con aval del Ministerio de Defensa, de Boloña en Economía y del premier Federico Salas, que además se "restituyeron" con otro monto similar extraído de otra fuente pública. Las compras de congresistas tránsfugas para contar con un Congreso sumiso y corrupto como el que Keiko quisiera para su gestión. La ilegal compra de CCN, canal de TV de cable vinculado a Expreso. Y el espionaje telefónico con que perseguían o chantajeaban a la oposición para domesticarla y manejar al país como su chacra. A las sentencias anteriores, se sumarán ahora solo algunos casos de la generalizada corrupción de su gestión y el uso del dinero público para aceitar la mafia en el poder y resolver sus problemas internos. ¡Cómo quisiera Fujimori que la Sala que lo juzgara la presidiera Rodríguez Medrano y que su fiscal fuera Blanca Nélida Colán!

Vota Keiko y lograrás un indulto, pulcro y justo. De paso, podrías reavivar el moribundo neoliberalismo para enfrentar la crisis económica (privatizar lo que queda de empresas públicas y destruir lo que queda de derechos laborales, rienda libre a la minería sobre el agua, el medioambiente y las tierras comunales, cerrar el banco agrario, manos libres a las AFP…), corromper las FFAA y contar con un Poder Judicial, un Congreso y medios de comunicación amaestrados, llenos de Medrano, tránsfugas, Bozzo, Baily y Althaus: con Keiko en Palacio, Fuji y Vladi en el poder. ¡El paraíso!

Concluyó la V Cumbre de presidentes de las Américas en Trinidad y Tobago con una fuerte presión sobre Obama para asumir las responsabilidades de EEUU en la crisis, redefinir las relaciones con AL y terminar con el bloqueo a Cuba. No todos han firmado la declaración final por discrepar del enfoque. En pasillos, la mantención de la OEA está en cuestión y se plantea forjar un organismo latinoamericano propio. El tono conciliador de Obama muestra el peso de las demandas de una AL que ha cambiado y rechaza el rol de patio trasero.

Las izquierdas de AL, a las que pertenecen varios jefes de Estado, agrupadas en el Foro Sao Paulo (FSP) recordaron a la Cumbre, en una carta, las responsabilidades de EEUU como ombligo de la crisis: "origen de la crisis hipotecaria y financiera que ha desembocado en una profunda y prolongada crisis del capitalismo, que afecta a todos los sectores productivos" y "se suma a las crisis alimentaria, de seguridad ciudadana y climática". La presidenta Kirchner fue enfática. El FSP criticó "la desregulación, la minimización del papel de los Estados y la tesis de la más absoluta libertad de acción al capital especulativo, monopólico y oligopólico", y advirtió el enorme "impacto social evidenciado en el desempleo y la pobreza crecientes". Llamó "a reforzar las instancias de integración subregionales y a fortalecer los mecanismos de diálogo político que permitan que AL se exprese con una sola voz en la sociedad internacional, viabilizando así el inicio de un nuevo ciclo histórico de relaciones de cooperación y respeto mutuo con los Estados Unidos, basado en el reconocimiento de la soberanía de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y la vigencia del Derecho Internacional".

Como varios presidentes, el FSP resaltó que vivimos "la crisis de las instituciones políticas y económicas surgidas de la posguerra, lo que genera un escenario mundial frágil y sujeto a las presiones y el manejo de los poderes fácticos y de poderosos Estados que operan a su libre albedrío y dan protección, en algunos de ellos, a la acción de la criminalidad de alto impacto que está poniendo en riesgo la institucionalidad democrática de varios países".

Pero, "esta crisis, tan o más grave que la de 1929, encuentra nuevas circunstancias en las Américas. Por un lado, un nuevo gobierno en los EEUU que nace bajo la bandera del cambio y de la evidencia del fracaso del llamado Consenso de Washington, encabezado por el presidente Barack Obama. Por otro lado, una AL en la que –como lo ratifican las recientes elecciones en El Salvador– los pueblos reclaman cambios: desarrollo inclusivo y respetuoso del medio ambiente, justicia social, equidad de oportunidades y derechos, democracia participativa y gestión estatal, transparente y soberana". Por ello, insta "a construir una nueva relación", "hacer de la crisis una oportunidad de cambio", a forjar "un trato respetuoso y equitativo entre nuestras naciones soberanas, para contribuir al desarrollo social y de nuestros mercados internos y regionales".

Va al grano: "evitar que el peso de la crisis recaiga sobre los pueblos, sobre los empobrecidos trabajadores y autoempleados del campo y la ciudad, sobre las capas medias y los pequeños y medianos empresarios de nuestros países". Y, sin evadir un tema central, los insta "a revisar las condiciones, lesivas a nuestros países, presentes en los diversos TLC suscritos con los EEUU y a buscar mecanismos de promoción de una economía social y solidaria, con sólidos mercados internos y regionales". Lamentablemente, el tema no se tocó aparentemente.

Y, conscientes de lo ocurrido en Venezuela, Ecuador y recientemente en Bolivia, llaman a "que se termine con todas las acciones políticas, económicas y militares injerencistas en los países que han decidido, libremente, emprender caminos políticos de cambio" y a "medidas concretas que eliminen los conflictos militares, inclusive el desarme nuclear". Específicamente plantean definir "nuevos paradigmas en la política acerca de las drogas, reconociendo la corresponsabilidad de los países que generan la demanda, abastecen armamento a los traficantes y benefician del lavado de dinero, priorizando la prevención del consumo y la reducción de daños y no la persecución y militarización que sólo provocan mayor corrupción e impunidad. Debe, asimismo, respetarse las costumbres de los pueblos originarios y establecerse una clara distinción entre la hoja de coca –que tiene grandes virtudes– y la cocaína". Importante definición frente al afán de militarizar la lucha antidrogas por EEUU.

Finalmente, el FSP exhortó a "buscar soluciones políticas y pacíficas a conflictos como el de Colombia, a dar término al inaceptable bloqueo contra Cuba y a la ocupación de Guantánamo por los EEUU (más allá de las medidas recientes de Obama); y a proceder a la descolonización pendiente en Curazao, Puerto Rico, Guadalupe, Martinica y Guyana", demandando también "una agenda conjunta que permita el reconocimiento pleno de los derechos y la solución de la problemática de millones de connacionales latinoamericanos migrantes en las Américas".

Cientos de millones de nuevos desempleados y "autoempleados" cuyas microempresas se desploman suman sus demandas a los trabajadores que ven amenazados sus derechos laborales y sociales, su empleo mismo. No generaron la crisis, pero quieren echarla sobre sus hombros: reducir salarios, eliminar turnos, despedir "excedentes", negar la discusión de convenios colectivos, disminuir los gastos en seguridad laboral o en preservar  ecosistemas, abandonar a su suerte a pequeños proveedores de insumos que quedan sin mercados…Todo ello, en un marco de debilitamiento internacional de la organización sindical, de las tasas de sindicalización, del fraccionamiento y división de las organizaciones por Estados y empresas que promueven el paralelismo sindical y la ideología de "cada uno baila con su pañuelo" y "progresa" exclusivamente en base a sus capacidades propias, desentendiéndose de los problemas colectivos del trabajo.

La crisis replantea a los trabajadores la despolitización imperante, el debate sobre el modelo de desarrollo económico y social impuesto, sobre el tipo de Estado que  necesitamos, sobre los derechos y deberes de los trabajadores y de las empresas. Y es que la forma de encarar la crisis es una decisión política. Por eso, en los países industrializados las movilizaciones se multiplican demandando a los gobiernos y a los partidos políticos frenar los despidos, defender el empleo y no cargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores. La agitación social crece y el Foro Económico de Davos, que reúne a los intelectuales, políticos y empresarios vinculados a los grupos de poder, prevé protestas sin precedentes.

En el Perú, García, asociado al fujimorismo y la derecha más tradicional, propagandiza que estamos "blindados", pero se ha preparado para la creciente protesta social. Ha impuesto una creciente criminalización de la misma, con penas dirigidas a asustar a quienes protestan y a impedir que autoridades intermedias se plieguen a los reclamos de sus pueblos. Ha dividido el movimiento sindical, fomentando el paralelismo y apadrinando –desde el Estado– a sus fieles. Ha fomentado la maniobra confusionista y el "diálogo interminable" con su nuevo Premier. Y ha alineado a un importante sector de los medios para distorsionar y ocultar la demanda social.

Primero para acallar a quienes reclamaban por un crecimiento económico sin desarrollo social, sin redistribución de la riqueza. Ahora, terminada la quimera del desarrollo como país exportador de materias primas, enfrenta la demanda social frente a la parálisis del crecimiento, el abandono de proyectos de inversión que debían generar empleo, el despido de miles vinculados a la minería y a la agroexportación (cuya demanda internacional se redujo drásticamente mientras sus precios se desplomaron) y la caída en picada de la recaudación fiscal. En la vanguardia están las luchas de las comunidades nativas, de los pueblos originarios y de las organizaciones campesinas frente a la voracidad de las empresas mineras y extractivas que quieren hacerse del agua y los recursos naturales, destruyendo sus ecosistemas y sus territorios.

Las batallas libradas por AIDESEP y las comunidades y pueblos amazónicos son expresión clara de este proceso y de la naturaleza necesariamente política de sus reclamos, en tanto su exigencia implica modificaciones importantes en las políticas del Estado, derogatoria de los DL impuestos para servir los intereses de los grupos de poder y pisotear los de los pueblos.

Cansados del "paseo" con "comisiones de trabajo", "comisiones multisectoriales", "tripartitas" y de todo género, los pueblos indígenas han ido al grano: derogar normas, cambiar políticas, modificar rumbos, no perder el tiempo con "encantadores de serpientes" que hablan mucho pero no resuelven nada. Basta mirar cómo en La Oroya el salvataje de Doe Run se interesa solo en la empresa y los que procesan allí su mineral, pero vuelve a abandonar a su suerte la salud de miles afectados por la contaminación sin que cumplan los planes de adecuación medio ambiental (PAMA). Crecientes sectores populares se van convenciendo de que deben incidir y participar en las definiciones políticas del país, en las tareas del poder y en la forma como se maneja y para quien se maneja. Se repolitiza la lucha social.

Casi cuatro semanas en huelga, pero la indiferencia de gran parte de los medios y la cerrazón de las autoridades no anuncian soluciones sino una agudización de la lucha. Las comunidades nativas de la Amazonía demandan la derogatoria de DL –que el gobierno de García promulgó para adecuar la legislación peruana al TLC con los EEUU, gracias a una "ingenua" delegación de facultades que le diera el Congreso, y que amenaza gravemente los derechos de las comunidades nativas y campesinas– y el manejo de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía.

En agosto de 2008, liderados por la Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) junto a varios frentes regionales amazónicos, lanzaron una movilización y huelga que se suspendieron con un acta firmada con el presidente del Congreso (19 de agosto). Se derogaron dos de los DL que más amenazaban las tierras y la estructura de las comunidades, y se acordó conformar una Comisión del Congreso que evalúe otros DL pendientes de reclamo, claramente inconstitucionales. La Comisión se formó y concluyó planteando que la Comisión de Constitución dictamine la derogatoria, específicamente, de los DL 994, 995, 1020, 1060, 1063, 1064,1081, 1083 y 1089, por su inconstitucionalidad.

Resultaba evidente que dichos DL tratan temas no delegados por el Congreso, abusan de la delegación de facultades, atentan contra los derechos constitucionales y fundamentales de las comunidades nativas y campesinas –y contra el Convenio 169 de la OIT (que da derecho a los pueblos originarios a ser consultados y participar en la elaboración de medidas que los implican) y las Convenciones sobre los pueblos indígenas– y amenazan al manejo adecuado y soberano de nuestros recursos naturales a favor de grandes transnacionales.

Pero el Congreso paralizó el proceso. Lo congeló. Peor aún, impuso nuevas normas atentatorias contra las comunidades y los agricultores, como es el caso de la Ley de Recursos Hídricos (Ley del Agua) 29338, que pone en cuestión la prioridad en el uso del agua para la agricultura, abre puertas a privatizar la administración de este recurso y da mayor poder a los intereses de poderosas empresas mineras y extractivas.

Ello condujo a que, después de pacientes gestiones, Aidesep reiniciara la huelga suspendida en agosto pasado. Las comunidades retomaron su lucha en abril. Ojo: Aidesep agrupa más de 1,350 comunidades de 60 pueblos originarios, articulados en 57 organizaciones amazónicas. Están cansados de un manejo estatal que vive de espaldas a la Amazonía y al reconocimiento de sus derechos. El presidente del Congreso se ha negado a dar curso al proceso de derogatoria de los DL mencionados y a las recomendaciones de la misma Comisión que revisó el tema. Dice que los DL cuestionados son una política de Estado. Y el premier Yehude Simon ha incumplido con el compromiso de una Comisión Nacional de Diálogo –con plazos fijos– para que Aidesep y el Ejecutivo acuerden las soluciones del caso. En síntesis, una nueva expresión de la mecedora y el engaño que Simon parece haber heredado de Del Castillo.

En este cuadro, Aidesep ha dado un plazo de 10 días al Congreso y al Ejecutivo para resolver. Algunas bases habían suspendido el Paro ante las conversaciones abiertas, hoy frustradas. Pero otras, como las organizaciones indígenas de Morona, en Loreto, han desalojado de sus instalaciones a la empresa petrolera canadiense Talismán y resuelto terminar con las actividades petroleras, dada la contaminación y la ausencia de beneficios para los pueblos. Las poblaciones indígenas de la Amazonía norte, en la frontera con Ecuador, anuncian radicalizar su lucha. Y varias estaciones de bombeo del oleoducto están con fuerte presencia de los pueblos nativos, cansados de la mecedora.

La experiencia ha demostrado a las comunidades nativas que los gobiernos y el Estado no respetan su derecho a ser previamente consultados ante cualquier ley, reglamento o norma que los afecte. Demandan se cumpla la consulta, conforme al Convenio 169 de OIT, y que sea vinculante. Por ello, exigen la derogatoria de los DL inconsultos y contrarios a los intereses del país. Igualmente plantean revisar los TLC que nos afectan.

Se proponen recuperar los derechos de las comunidades nativas y campesinas que la Constitución fujimorista recortó y amputó, con el concurso de otras leyes. Saben que requieren de una nueva Constitución que reconozca el carácter multinacional del Estado, respete la diversidad, afirme la descentralización. Buscan recuperar, para el Estado, la propiedad, el control y la regulación de nuestros recursos naturales, dentro de un régimen político de efectiva democracia participativa y social, con real control de la gente sobre las autoridades. En síntesis, se plantea refundar el Perú como una patria para todos, al servicio de todos, y desconocer un gobierno que actúa a sus espaldas y en su contra.

Los amazónicos son, hoy, una fuerza fundamental por el cambio, una fuerza que reivindica nuestra soberanía y nuestros derechos. Su lucha es nuestra, es por el Perú.

Claro, el estado de emergencia no incluye todas las áreas de movilización de nativos –caso de San Martín y Yurimaguas– sino, específicamente, aquellas en las que hay ductos de petróleo y de gas e importantes concesiones de transnacionales. A fin de cuentas, se trata de "garantizar seguridad" a las grandes empresas, no a la población, garantizar el progreso amenazado por los "perros del hortelano".

La decisión gubernamental se aplicó aprovechando la distracción del Día de la Madre y luego de una intensa campaña mediática que trata de calumniar y desprestigiar a AIDESEP, organización dirigente central de los nativos amazónicos, atacando los proyectos de desarrollo y educación bilingüe que dirigen los propios pueblos amazónicos descentralizadamente.

El estado de emergencia –por 60 días– se adoptó sin establecer la Mesa de Diálogo con AIDESEP que Simon comprometió semanas atrás. ¿Lo hará con dirigentes presos en Piedras Gordas, con sangre derramada, o no habrá diálogo? Cachetea las treguas de 24 y 48 horas anunciadas por las organizaciones de las comunidades nativas como Orpio (en Loreto) y Orpian (en Bagua y San Ignacio).

Desconoce la firme y meditada  invocación al Presidente y al Congreso Nacional, hecha por obispos de 8 zonas amazónicas, a efectos de que dispongan "la derogatoria de dichos dispositivos legales (los DL que rechazan AIDESEP y las comunidades nativas) y contribuyan a la reformulación de su contenido con la participación de las poblaciones indígenas", demandando cumplir con la consulta previa establecida en la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Finalmente, ignora la decisión del pleno del Congreso, tomada a regañadientes, de disponer que la Comisión de Constitución estudie por 15 días la inconstitucionalidad de los DL en cuestión y que la comisión multipartidaria especial –que analizó el caso– encontró evidente.

El Gobierno decidió responder a las demandas con un zafarrancho de combate y plomo para eliminar a los "perros del hortelano" amazónicos y abrir las puertas de la Amazonía al "desarrollo y progreso" que traen las transnacionales y su explotación de nuestros recursos naturales. Pero las comunidades ven con extrema preocupación las concesiones a Repsol en Pucallpa, a Perenco en el lote 67, y la presencia de Petrobras en Paquitzapango para establecer hidroeléctricas que atenderán las necesidades eléctricas del estado de Acre, en Brasil, con un severo impacto ambiental en el lado peruano no evaluado.

"Muerto el perro, muerta la rabia" pensará Fujigarcía al declararles la guerra a los nativos. Pero se equivoca. Ellos pelean por la vida, por su vida, por sus condiciones mismas de sobrevivencia. Y pelean por el país. No demandan aumento de sueldos o salarios, ni aumento de presupuesto a algún programa social. Defienden sus condiciones materiales fundamentales de vida: su territorio, el manejo de los recursos existentes en él, así como la preservación de los ecosistemas que, muchas veces, arrasan los extractores de materias primas que lo miden todo en función de su tasa de ganancia y que se sientan a la mesa con García.

Los "perros del hortelano" defienden su huerto, sin el cual no sobreviven. En realidad, el huerto del Perú, la soberanía sobre sus recursos y sobre la decisión de su manejo y su destino en función de los intereses del país. De allí que el reclamo de una nueva Constitución sea cada vez más claro.

Indigna que el gobierno envíe personal inexperto al VRAE, a enfrentar al "enemigo principal", el narcoterrorismo, mientras envía policía de élite, de la Dirección de Operaciones Especiales, a enfrentar los reclamos de los nativos en Bagua y San Ignacio, o a la Marina de Guerra a atropellar las embarcaciones de nativos sobre el Napo. Pero su acción caldea los ánimos. Lo revela la ocupación por nativos de Corral Quemado, los cierres de carreteras entre Quillabamba y Echarate, los nuevos bloqueos en el Napo.

"Las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos y no de un pequeño grupo" ha dicho como pavo hinchado. ¿Será la selva un área despoblada, en la que nadie vive ni posee nada, de la que no depende la vida de nadie ni hay derechos constituidos? ¿Son sus habitantes –con siglos viviendo de ella– solo posesionarios precarios sin derechos, cuyas condiciones de vida, territorios o desalojo dependen de la simple decisión política de García? ¿Su vida depende del interés –o no– de la gran empresa privada en explotar los recursos existentes en las áreas que ocupan? ¿Son fantasmas "tolerados" en "ghettos" temporales?

Sin consulta alguna –obligatoria según en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas– García, maníaco sabelotodo, resolvió "modernizar" la Amazonía. Le hizo el "favor" a "perros del hortelano" que ni entienden y ni pueden opinar del tema. Papá García, mal usando la delegación de facultades legislativas para el TLC con EEUU que le dio el Congreso, promulgó una serie de DL que eliminan la protección constitucional y legal a las tierras comunales, la negociación de servidumbres para explotar recursos existentes en esas tierras –de campesinos y nativos– y dejan el tema al Estado central (DL 164). Fujimori inició ese proceso en la costa y sierra. García lo quiere extender. Imagínese Ud. que, por simple decisión del Estado, una empresa minera o petrolera explote un recurso en el parque del vecindario, bajo su casa o su trabajo, que pueda usar y contaminar el agua del barrio para su negocio, sin consultarles nada a los vecinos. ¿No se indignaría, no se alzaría?

García usó todas las artimañas. Quiso imponer que las comunidades (nativas y campesinas) puedan convertir su propiedad colectiva en parcelas privadas vía asambleas sin condiciones y por mayorías simples (DL 1081 y 1083, derogados con la huelga de agosto del 2008). Con los DL 1020 y 1089 busca que COFOPRI titule la tierra comunal vinculando ese proceso a darles crédito a quienes pongan la tierra como garantía, la que se ejecuta y toma si no se paga puntualmente. Y el Congreso dio una Ley de Recursos Hídricos que abre las puertas a la administración privada del agua y que pone en igual de condiciones el uso de la misma para actividades extractivas (mineras o petroleras) que para el agro. Y así, otras mañas similares para abrir las puertas a la concentración de grandes territorios en manos de empresas extractoras de materias primas, desalojando a los "perros del hortelano".

La huelga de AIDESEP defiende los territorios comunales, el derecho de las comunidades nativas a tener voz y opinión en las políticas que los afectan, la preservación del medio ambiente, que los recursos naturales existentes sean instrumento de desarrollo y usados en armonía con los ecosistemas y no simplemente para llenar las arcas de transnacionales poco interesadas en el impacto de su acción en la selva o en el país (caso del gas de Camisea que se quiere vender fuera y no abastecer a las generadoras eléctricas, ocasionando alzas en las tarifas de luz).

De allí que uno de los ejes centrales de la lucha de los nativos sea una Asamblea Constituyente que los reconozca como pueblo, como nacionalidades, como cultura y colectividades sujetas de derechos ciudadanos y colectivos. Dicho de otra manera, el reclamo de una refundación del Estado y de la sociedad que reconozca que somos un país diverso y que respeta esa diversidad: pluriétnico, multicultural y la plurinacional, a pesar de las rabietas de Martha Hildebrandt, Aldo de M y sus congéneres racistas.

Reiniciada la huelga el 9 de abril, después de mil mecidas desde agosto del 2008, el gobierno ofrece plomo en lugar de soluciones. Declara la emergencia y desplaza policías y militares. Amenaza con ahogar en sangre la huelga. Un aparato de Estado inútil nos pone en un callejón sin salida. El inepto Congreso los mece: la Comisión Especial que nombró opinó por la inconstitucionalidad de los DL, pero pasó el tema a la Comisión de Constitución. El "padrecito" Simon no escucha el llamado de los obispos de la Amazonía, Conveagro, las fuerzas sociales y varios gobiernos regionales: no instala la prometida mesa de diálogo.

A puertas de conmemorar 200 años de independentismo en AL, inmersos en la crisis capitalista mundial (además de climática y alimenticia) más grave en 80 años, con una AL y andina de cambio y renovación, el Perú se acerca a las elecciones del 2010-2011. El escenario internacional nos pregunta: ¿dónde vamos?, ¿cómo construir nuestro futuro?, ¿qué país y qué región queremos? Un balance descarnado del Bicentenario desde que la lucha independentista derrotó al colonialismo rapaz y excluyente muestra la cruda realidad de un proceso trunco en los objetivos que sus próceres y pueblos oprimidos trazaron. Más allá del cambio que se vive, especialmente en el área andina, AL es el área más desigual e inequitativa del mundo.

Tierra de civilizaciones antiguas en el mundo, de admirable manejo de ecosistemas, agro, ciencias y artes, que resultan apenas piezas arqueológicas, ajenas a nuestra identidad y autoestima. Espacio pródigo en el que recursos naturales y oportunidades son desaprovechados y puestos al servicio de transnacionales. Territorio de clases dominantes nunca dirigentes, sufre estructuras políticas, económicas y sociales excluyentes, opresoras y corruptas, agrietadas y de frágiles cimientos. Es una Patria Grande a la espera de nacer y ser apropiada por los suyos, de construir el progreso y reconocer la pluralidad cultural y multinacional de sus pueblos.

Pero también vivimos la crisis capitalista, que ya ha costado 8 millones de millones de dólares (centralmente para salvar transnacionales): se pudiera dar US$ 7,000 dólares en efectivo a cada uno de los 1,200 millones de pobres del mundo. Una crisis que evidencia el fracaso del modelo económico capitalista neoliberal que la produjo (y que defienden García, Keiko y sus plumíferos) el del "Consenso de Washington": Estado mínimo, desregulación económica y laboral, cancha libre para los monopolios, privatización de las empresas y servicios públicos, libre especulación financiera, etc. Una crisis que llevó a Obama a estatizaciones al por mayor y que, acabado el cuento del "blindaje" de García, ha desplomado las exportaciones, la recaudación tributaria y el PBI este primer trimestre, a pesar del maquillaje INEI.

La crisis golpea duro a países como México, que ató su economía a EEUU con el TLC y a los que –como Perú– tienen economías primario-exportadoras, cuyos precios se desploman, no tienen industria o se han desindustrializado, abandonaron políticas de desarrollo agrario y seguridad alimentaria, permiten la libre movilidad internacional de capitales, controladas por oligopolios y centros de decisión (y propiedad) extranjeros, dan privilegios tributarios a los más ricos (contratos de estabilidad), desatienden el mercado interno y son países desintegrados, de desigual desarrollo regional e insuficiente acumulación de capital y desarrollo tecnológico propio. Países con Estados débiles, inoperantes y corruptos.

Al Bicentenario y a la crisis mundial se suman el escenario latinoamericano y andino de cambios, ante el cual el Perú se mantiene de espaldas y ajeno, y la aguda crisis política, económica y social que atraviesa el país y se ahonda, como reconoce hasta Richard Webb. ¿No es suficiente para que siquiera quienes buscan liderar un cambio unan fuerzas en un sólo campo y promuevan este debate? ¿Primero candidato antes que propuesta y fuerza capaz de lograr el cambio?

Terminó el irrepetible ciclo de crecimiento prolongado de la economía peruana basado en la exportación primaria. Ni García ni Confiep lo admiten. Pero así es y ello exige plantearse Refundar la República. Redefinir los cimientos de nuestra economía primario-exportadora, el papel del Estado en la economía, el manejo de los recursos naturales y la renta que generan, una profunda reforma tributaria para redistribuir la riqueza, proteger el trabajo y sus derechos así como a los usuarios y consumidores, atender al agro y la seguridad alimentaria, proteger y promover el mercado interno y la industrialización nacional, la inversión en servicios sociales, ciencia y tecnología, el manejo nacional de nuestro destino, y acabar con un sistema político ilegítimo, inepto y corrupto que la gente repudia.

La Constitución fraudulenta de 1993 ata de manos al Estado y su capacidad de regulación e intervención para redistribuir la riqueza, definir el uso y aprovechar la renta de nuestros recursos naturales, promover el mercado interno y garantizar los derechos sociales. Mantiene un Estado desprestigiado y corrupto, al servicio de poderosos intereses extranjeros. No resguarda nuestra soberanía ni permite el control ciudadano sobre las autoridades. Urge otra Constitución, votada por el pueblo.

Los candidatos del cambio no asumen el tema en serio. No unen fuerzas en campaña por un objetivo nacional impostergable. No ponen el eje en una Constituyente. ¿Cambiarán al Perú desde el corrupto y excluyente Estado actual o unirán fuerzas, se apoyarán en la gente y en nuevos instrumentos –como los que crearía una Constituyente soberana– para un cambio de verdad? ¿Cambio o vamos a Palacio a hacer firulete?

Necesitamos un cambio profundo para conquistar la justicia social, el progreso y la libertad que anhelamos. Desde la independencia, el Estado fue botín e instrumento del militarismo, las clases y grupos dominantes; un aparato excluyente, opresor y corrupto, ajeno a una democracia ciudadana y social sin verdadero control sobre la autoridad. No puso la economía al servicio de la gente sino de las transnacionales y grupos de poder. No asumió soberanía sobre nuestros recursos naturales y la renta que generan, ni reconoció nuestro carácter de país diverso, multicultural y plurinacional.

Lograr este cambio exige refundar la república, como han comprendido otros pueblos hermanos. Convertir el malestar y la frustración en una visión de Nuevo Perú, en voluntad de acción, fuerza social y política unitaria para romper las trabas que impiden el cambio. Un candado central es la Constitución fujimorista. Fraudulenta, construye un Estado para los "dueños del Perú", ajeno a las mayorías y atado de manos para tomar las medidas que requerimos frente a nuestros problemas. Veamos.

La huelga de los pueblos amazónicos, retomada el 9 de abril, después de 7 meses de suspensión para dialogar. Defienden sus territorios, los bosques y aguas, los recursos naturales que García pretende entregar a grandes transnacionales, atropellándolos.
El Congreso los mece. No derogan los DL inconstitucionales. Ningunean los pronunciamientos de los obispos católicos de la Amazonía, la Defensoría, connotados estudiosos e intelectuales, gobiernos locales y regionales o los paros de frentes regionales como Loreto, Amazonas y Cusco, y la jornada nacional de lucha del 27.

¿No podemos los ciudadanos recuperar la autoridad que delegamos en García y el Congreso si actúan de espaldas al país? ¿No podemos revocar el mandato que le dimos a quien incumple sus promesas o a quienes protagonizan escándalos diarios? No, porque la Constitución y las leyes de participación ciudadana no permiten un real control, solo se revoca a alcaldes y autoridades regionales, pero no congresistas ni Presidente.

Se atropella las tierras de comunidades nativas y campesinas, sus derechos y la consulta previa que los convenios internacionales exigen. Claro, esta Constitución no establece un Estado pluricultural, multiétnico y multinacional, ni garantiza, por tanto, los derechos, instituciones y procedimientos para que los pueblos originarios del Perú diverso sean reconocidos y representados.

En 8 años de altos precios de los minerales, nos dejaron migajas. La Constitución actual llevó a privatizarlo todo, a que el Estado sólo pueda intervenir en actividades económicas de manera "subsidiaria", cuando el negocio no interesa a empresarios privados. Fujimori remató nuestros recursos naturales y servicios a manos de transnacionales. Lo siguió Toledo –hasta el "arequipazo"– y García quiere concesionar puertos, aeropuertos y la Amazonía. Ni siquiera anulan el contrato a los miserables de la refinería de La Oroya que envenenan a los niños al no aplicar el programa ambiental suscrito en el contrato para no afectar sus ganancias, y el gobierno se los alarga otra vez. Es un Estado sin soberanía, "subsidiario".

Urge que el Estado controle nuestros recursos naturales y se apropie de una parte sustantiva de la renta que generan, que proteja el medioambiente al explotarlo. Eso exige otra Constitución (otro gobierno y Congreso). Esta Constitución, además, establece los "contratos ley" de estabilidad tributaria: a las transnacionales que los firman se les garantizan que no les moverán los impuestos y los privilegios que obtienen por 20 o 30 años. En momentos de altos precios, por esos contratos, empresas como Cerro Verde (o Yanacocha y Southern) "reinvirtieron" sus utilidades sin pagar impuesto a la renta, quitándoles cientos de millones de canon a las regiones. El Estado no puede hacer una reforma tributaria, ni en épocas de sobreganancias –para captar más recursos para educación, salud o el agro–ni en momentos críticos, pues no puede cobrar más a los que más ganaron.

No puede definir el uso del gas de Camisea, porque el concesionario tiene derechos reales (de propietario) sobre el gas extraído y puede negarse a vender gas a las empresas que generan electricidad, pues quiere exportarlo, aunque ello encarece la luz en el Perú. ¿Y el Estado? Amarrado.

Cual cruzado medieval contra los infieles, García decidió poner fin a la demanda indígena que –con gran firmeza– enfrenta su plan de lotizar la Amazonía a favor de grandes extractores de materias primas y avasallar los derechos de las comunidades y al medioambiente.

Ahora, psicóticamente, es un complot, hasta internacional, una manipulación de nativos ignorantes. Pero García había advertido sus planes a las comunidades y pequeños propietarios rurales en "El Perro del Hortelano". En octubre del 2007, identificó modernidad y progreso con gran inversión y transnacionales. Señaló: La inversión "necesita propiedad segura (de tierra), pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir". Fue categórico: "La demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú". Y recalcó: "…en todo el Perú (hay) tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero". Más claro ni el agua: la propiedad de los pobres "es aparente" e inútil por falta de capital. La propiedad real, que el Estado debe imponer: la gran propiedad.

Con las facultades legislativas que el Congreso le delegó para "adecuar la legislación al TLC-EEUU", inescrupuloso y mañoso, creyó encontrar la oportunidad para imponer su visión revelada. Lanzó una ofensiva contra las comunidades y la Amazonía con DL inconsultos (violando el Convenio 169 de la OIT y otros) y provocó la reacción de los pueblos amazónicos. El afán de negociación fue inútil hasta que en agosto del 2008, con una huelga, arrancaron la derogatoria de dos DL y la revisión de otros. Regresaron la mecedora y el engaño. El 9 de abril se desató la segunda huelga. Pero ahora, el Congreso jugó con García y frustró la discusión y aprobación de sus mismos dictámenes por derogar los DL antiamazónicos. Entre tanto, Simon jugaba al "diálogo" y la mecedora, buscaba desconocer a los líderes de Aidesep y preparaba la represión.

El gobierno sabía que mucha gente de la zona era ex combatiente del Cenepa, reservista o rondero. Los nativos advirtieron que en esta lucha se les iba la vida, aunque no querían violencia. Movilizados masivamente, buscaron negociaciones diversas e infructuosas. Pero García presionaba al gabinete y a Cabanillas para acabar la protesta. Así nació la torpe operación del "día del medioambiente" –ahora supuesta respuesta a un complot– que, con las primeras muertes, desató las iras más hondas, los resentimientos más profundos y una cruenta y cruel sucesión de muertos y heridos. La condenable e inaceptable ejecución de policías detenidos y maniatados en la Bomba #6 revela que hay sectores que –sin dirección– pueden dar rienda suelta a toda clase de demonios.

Se persigue y descabeza la dirección de las comunidades nativas, Aidesep, lo que agudizará el caos y la respuesta desarticulada, mientras el mismo Presidente de la Corte Suprema denuncia la presión política sobre el PJ.

La situación ha convocado una Jornada Nacional de Lucha el 11 de junio y varios paros y movilizaciones regionales. Urge una salida: 1) El gobierno debería declarar temporalmente inaplicables ("vacatio legis") los DL objetados, mientras el Congreso procesa las demandas de inconstitucionalidad y derogatoria; 2) El Congreso debiera colocar los temas en agenda y resolver, sin evadir su responsabilidad; 3) El gabinete Simon-Cabanillas debe irse y asumir su responsabilidad política en esta sangría; 4) Convocar a una investigación internacional de lo ocurrido, dadas las denuncias de Villa Stein sobre las presiones politicas al PJ, la ilegitimidad del Congreso y del Ejecutivo; 5) Nombrar una Comisión mediadora: quizás la defensora del Pueblo, los obispos amazónicos y Salomón Lerner (CVR); 6) Cesar la persecución a los dirigentes indígenas nacionales en Lima y levantar el Estado de Emergencia y toque de queda.

La lucha de las comunidades nativas y pueblos amazónicos, articulados en AIDESEP, su dramático y contundente desenlace, marcan un antes y un después en la política nacional.

Para el gobierno de García está nítido: 78% de desaprobación nacional urbana (sería más con lo rural). 57% que lo responsabiliza de la criminal y torpe matanza de nativos, pobladores y policías, que su soberbia azuzó. Pocos aceptan el inconsistente y sangriento costo del retroceso para derogar, hasta ahora, 4 DL que impuso mañosa e ilegalmente (violando convenios internacionales y las facultades legislativas delegadas). Casi nadie acepta el mantenimiento –con respirador artificial– de un gabinete ilegítimo, manchado de sangre, ya muerto, que no podrá reemplazar por quien quiera. Se agrieta su alianza (UN, fujimorismo y alanismo) y su relación con la gente, pues insiste en la persecución y criminalización a la lucha social (detención de líderes nativos y destierro de su dirigente, Alberto Pizango). Finalmente, se siente el fracaso del programa del Perro del Hortelano. Crece el rechazo al trato insultante, prepotente y al maltrato de su fundamentalismo neoliberal a los pueblos originarios, las comunidades campesinas, los pequeños propietarios y las mayorías nacionales que batallan diariamente por sobrevivir y progresar. Y se desgasta el mito del paraíso de país que seríamos, manejados por las grandes empresas transnacionales a las que sirve García.

Pero la batalla amazónica también ha hecho evidente lo deslegitimado y apolillado que se encuentra el sistema político peruano. El Congreso está en el piso: 11% de aprobación. Su manejo prepotente se evidencia en la sanción ilegal a los que protestan contra el abuso al suspenderlos y pretender desaforarlos. El país entero ve que baila al ritmo de Palacio y sus locuras y humores, mostrándose incapaz de responder ante la ciudadanía y de resolver los urgentes problemas. A su vez, preguntados si aprueban o desaprueban la forma como se han conducido frente al conflicto amazónico, sólo las comunidades nativas reciben 51% de aprobación. Sigue Pizango con 32%. Desaprobados: García, 84%; Mercedes Cabanillas, 77%; y Simon con 69%. La bancada aprista tiene 82%, y todos los liderazgos nacionales (desde Lourdes Flores, Keiko Fujimori, Toledo y Humala) oscilan entre 52% y 59% de desaprobación. Una evidente crisis de confianza, que sólo parecen mantener los movimientos sociales que protagonizaron la lucha por su dignidad y sus derechos.

La lucha amazónica, protagonizada por una minoría (las etnias amazónicas bordean los 400,000 habitantes), no solo logró vincularse con el resto de la población urbana y rural de la Amazonía, sino que se convirtió en un símbolo para las mayorías de país. De allí la jornada nacional de lucha del 11 de junio y los paros regionales que la acompañaron, así como las huelgas que se desataron en Andahuaylas y Sicuani, la anunciada en Ucayali, los Paros Agrarios de Fartc y la FDCP en Cusco y Puno desde el 24 de junio y la Jornada del 7, 8 y 9 de julio.

Gran parte del país reconoce en ellos la tenacidad en rescatar y defender su dignidad como pueblos, la firmeza para hacer respetar su derecho legal a ser consultados sobre las normas que los afectan (esta fue la segunda huelga desde 2008 y resistió 60 días), la tremenda valentía en defender los recursos naturales del país, cuestionando la cotización de la Amazonía–a cualquier precio– para concesionarla a las industrias extractivas en manos de transnacionales, destruyendo el ecosistema y el medio de vida de los pueblos. Han dado grandes lecciones permitiendo que los peruanos recuperemos autoestima, aprendamos que es legítimo, posible y necesario que reaccionemos frente a la prepotencia, el abuso y la mañosería política de las autoridades. Que no nos dejemos pisar y empujar. Que es posible hacer retroceder a "papa gobierno" y sus abusos.

Sin duda, esto marca otro tiempo. Y un humor que, ante la inoperancia del sistema de representación política, impulsa la acción directa de los pueblos. Allí están Andahuaylas y Sicuani, como ya hemos señalado. Pero plantea problemas de fondo: la necesidad de refundar la República, con una nueva Constitución que recoja mecanismos de democracia directa, de efectiva rendición de cuenta de las autoridades a los ciudadanos, de control de los pueblos sobre las autoridades, que solo ejercen autoridad delegada.

¿La madre del cordero? El derecho soberano del pueblo a decidir sobre si mantiene o cambia el sistema político, económico y social. Quienes defienden el sistema actual que sirve a los ricos, enajena los recursos naturales a las transnacionales y cierra el derecho al progreso, la justicia y la democracia a las mayorías, le prohíben a la gente opinar si cambian o no la Constitución. Se trata de impedir que el pueblo –de quien emana el poder– decida si quiere votar para elegir una Asamblea Soberana que redacte una nueva Constitución, refunde la República e introduzca los cambios que la mayoría decida. Prohibir al pueblo ("ignorante y manipulable" diría García) de Honduras a tomar una decisión soberana: votar si quiere o no una Asamblea Constituyente.

El 28, mientras se perpetraba el golpe en Honduras, García se sumó a la tesis de los golpistas. Mientras estos secuestraban a Zelaya a tiros y lo expulsaban del país, cortaban la electricidad, paralizaban el transporte y las comunicaciones y militarizaban el país (las FFAA manejaron Honduras 25 años hasta 1982), García formulaba –de puño y letra– sus mismas tesis en el fujimorista Expreso. Como el golpismo hondureño, denuncia un complot o "conflicto continental", "una guerra fría en la que participan gobernantes extranjeros". Ya oímos, durante la huelga amazónica, las de Andahuaylas, Canchis o Puno, la versión –nunca probada– de infiltrados cubanos, venezolanos y extranjeros manipulando masas ignorantes. Lo mismo dice el militarismo hondureño. Y García agrega: los problemas vienen de fuera porque el Perú es un paraíso económico que –el 2006– "escogió por 5 años un camino comprobado para el crecimiento". Ignora así la crisis y recesión que vivimos desde hace dos trimestres.

García, como el golpismo hondureño identifica el mismo objetivo estratégico "subversivo": la "antidemocrática" e "ilegal" demanda de una Asamblea Constituyente. Minimiza a los que se movilizan por el cambio, "un máximo de 50,000 personas: 1,000 aquí, 2,000 allá". Pero las encuestas dan 82% de desaprobación a su gobierno. Para golpistas y García es ilegítimo e ilegal que los pueblos –frustrados de sistemas políticos podridos y no representativos de la voluntad popular, sistemas económicos excluyentes y marginadores de las mayorías, y sistemas sociales basados en el racismo y el desprecio a los pobres y pueblos originarios– se planteen un nuevo contrato social, refundar Repúblicas que –tras casi 200 años de conquistada la independencia– exhiben un rotundo fracaso del sueño de los libertadores y el anhelo de justicia, progreso y democracia integral de los pueblos. Para ellos, los pueblos solo pueden escoger entre distintas formas de esclavitud, pero no tienen el derecho de emprender cambios para construir una Nueva Patria.

Como el golpista Gral. Vásquez, jefe de las FFAA de Honduras que se negó a cumplir la orden del Presidente de trasladar el materia electoral y negó el derecho del pueblo a pronunciarse democráticamente, García pretende amedrentar, ilegalizar y perseguir a quienes plantean que el pueblo es soberano de decidir el contrato social que rija la vida del país, a través de una Asamblea Constituyente. ¿Por qué? ¿Desde cuándo el poder no emana del pueblo sino de la genialidad del Gral. Vásquez o del presidente García?

Los hondureños no reconocen que los militares sean depositarios de la soberanía popular. Han tomado las calles, buscando ejercer su derecho a la consulta y restituir a Zelaya. La resistencia civil será fundamental, pero también la reacción internacional. El presidente de la ONU, el SG de la OEA, al igual que numerosos países, condenaron el golpe. Un vocero de Obama reconoció a Zelaya como Presidente. Sólo el comunicado peruano omite mencionar al presidente Zelaya y el término golpe de Estado, pidiendo solo restablecer el orden constitucional (que los golpistas en el Congreso también dicen defender). Claro, Zelaya es un izquierdista elegido el 2005 con 50% de los votos en un país con 70% de la población en pobreza, y es parte de ese vasto movimiento latinoamericano por el cambio.

Mientras el golpismo hondureño se atrinchera en la desgastada institucionalidad de un Estado oligárquico y excluyente, jaqueado por el aislamiento internacional y una firme movilización ciudadana que demanda el retorno del presidente Zelaya, la crisis se ahonda en el Perú. Crispado y de pie, el vendaval social y político no se detiene.

La exigencia del retorno de Alberto Pizango al Perú, libre de amenazas de cárcel para respetar su liderazgo en la negociación de los amazónicos con el régimen, y la exigencia de acabar con la criminalización de la protesta social, encabezan las banderas de la Jornada Nacional de Lucha del 8 y el Paro Andino Amazónico del 7, 8 y 9 de julio. Cierra la plataforma de 6 puntos el planteo de una nueva Constitución y una Constituyente de elección popular: respeto a los pueblos y el derecho de construir un Estado democrático y participativo, descentralizado, plurinacional, un nuevo pacto social y una economía al servicio de la gente, sobre el equilibrio entre naturaleza, sociedad, cultura y derechos laborales y sociales. Sin duda, la Plataforma incluye la salida del gabinete Simon-Cabanillas-Aráoz, exige una política económica que no eche la crisis sobre los hombros de la gente, defienda a los productores nacionales y recupere nuestros recursos naturales (como el gas), y reclama de solución a las demandas de maestros, transportistas, trabajadores de salud, sectores laborales, el agro, regiones y pueblos.

Agoniza el "Perro del Hortelano": se aísla el dogma neoliberal de la modernidad basada en una economía primario-exportadora que entrega nuestros recursos y territorios a grandes transnacionales, barre con la propiedad comunal y el pequeño propietario, abandona el mercado interno a su suerte, garantiza el cholo barato y sin derechos, y concentra la riqueza en los de siempre.

Entre los coletazos de un gabinete que no acaba de morir muriendo, la calle movilizada, y la ineficiencia e ilegitimidad del régimen, relampaguea una suerte de "democracia plebiscitaria". La gente de a pie y los pueblos organizados, hasta ayer actores sociales y políticos invisibles e ignorados, llevan al gobierno a lugares que nunca pisaron y negocian "de tú a vos", directamente. Es una demanda y una experiencia, incipiente, de una nueva relación con la autoridad y el poder. Se abre paso el protagonismo social, político y descentralizado de la gente. El fenómeno rebasa toda teoría esquizoide de "complot internacional y guerra fría". Plantea, no sólo al desgastado régimen, sino a las fuerzas políticas y liderazgos sociales nuevos retos.
No es sólo una crisis de Gabinete o presidencial. Rebasa el desprecio a un Congreso de alcantarilla o a la incredulidad en un PJ que exuda condescendencia y complicidad con la corrupción y los fallos con tarifa, como vemos con Medelius y León Alegría.

Claro, hay que enterrar a los muertos vivientes con fajín o curul que hicieron que reviente –a partir del detonante amazónico– esta honda crisis larvada. Un lunático en Palacio es un peligro. Linda con la locura anunciar –en medio de la tormenta y a puertas de nuevos paros– que a fin de año estaremos libres de la gripe porcina y de la crisis económica mundial, cuando el número de infectados aumenta exponencialmente o la producción nacional y la recaudación fiscal caen dramáticamente en los dos últimos trimestres y EEUU sigue empantanado. La negación de la realidad es enfermiza y grave. Podríamos explayarnos en la lastimera situación del Congreso y del PJ.

Pero, en realidad, es un hondo desgaste del régimen, de la forma de organizar y gestionar el Estado, de manejar la representación y tomar las decisiones políticas, de falta de control ciudadano y rendición de cuentas de las autoridades, de desconfianza en los liderazgos de las alturas, de nuevos actores –pueblos cansados del racismo y de la exclusión– que demandan un Perú justo, plurinacional y descentralizado, con democracia participativa y comunitaria, en que se cumplan compromisos, palabras empeñadas y actas firmadas.

Se trata de refundar el país, el manejo económico, la organización del Estado y de la sociedad para que sean de todos. No nos engañemos: el fondo se refiere al respeto a la gente, al control de la autoridad, a la participación en tomar decisiones, al reconocimiento de la plurinacionalidad, a recuperar el control sobre nuestros recursos naturales para que el país se beneficie de la renta que generan y los explote respetando el medio ambiente, con consulta y beneficio para los pueblos.

No se trata de unos tractores o una carretera. Se trata de dignidad, soberanía, derecho a ser dueños de nuestro futuro. Ello no sólo exige un nuevo Gobierno y nuevo Congreso, que son indispensables, sino una nueva Constitución y una Constituyente elegida por el pueblo, vigilante, que construya ese nuevo contrato social. En ese esfuerzo, hombres como Alberto Pizango y muchos otros que han abierto trocha para el cambio deben renovar una vieja política que ignora a las regiones, a los pueblos y a los liderazgos sociales. El cambio está naciendo.

El 28 de junio, García denunció –simbólicamente desde el fujimorista Expreso– que su gobierno era objeto de un complot o "conflicto continental", "una guerra fría en la que participan gobernantes extranjeros". Convertía así la masiva ola de movilizaciones sociales –por respeto a los derechos de los pueblos, cambio de un régimen político corrupto y autoritario y una política económica antipopular– en una burda manipulación extranjera (venezolano-boliviano-cubana, aparentemente) de masas ignorantes por acción de infiltrados financiados desde fuera.

Aplicando el método del fujimontesinismo, no solo negaba la raíz interna de los conflictos sociales, sino que convertía la tenaz y victoriosa huelga amazónica, así como el malestar y las justas exigencias del Sur Andino (Andahuaylas, Canchis o Chumbivilcas), en hordas manipuladas por una minoría asalariada de Chávez o Evo. Ignoraba el hartazgo con la mecedora de cientos de actas incumplidas y la indignación popular ante la persistente agresión a sus derechos, las decisiones inconsultas que los afectan, el afán entregar sus territorios comunales para negocios de transnacionales extractivas y el pisoteo de su dignidad. Con el mote de "subversiva", "antidemocrática", "ilegal", de ser una táctica impuesta desde fuera, desechaba la creciente demanda de una Constituyente que refunde el Estado y cambie el rumbo del país, como muchos exigen.

Al decir "chavistas" y saboteadores, García cree poder tapar el sol con un dedo y ocultar el hartazgo con políticos corruptos y mentirosos que operan de espaldas a la gente, no rinden cuentas y no pueden ser revocados por los ciudadanos (como el presidente y congresistas). ¿Olvidamos el compromiso de acabar con los "services", nombrar contratados, poner el impuesto a la sobreganancia minera, terminar con la renta básica de telefonía o revisar "párrafo por párrafo" el TLC con EEUU y retirar la firma si Toledo firmaba? ¿Tan fácil es ignorar el rechazo a una política económica hambreadora y que hace más ricos a los poderosos? Ni siquiera ejerce soberanía sobre el uso del gas de Camisea y permite se exporte mientras lo necesitan las empresas eléctricas y pueblos del sur para generar energía y progreso. Quiere descalificar y destruir la demanda de quienes creen necesaria una Constitución que devuelva derechos a los trabajadores, que reconozca los derechos de los pueblos originarios y comunidades, que devuelva poder y soberanía –y el control– sobre los recursos naturales al Estado. ¿Olvidó la Constitución de Haya y el fraude fujimorista?

García, animal político de pura cepa, sabía muerto políticamente el gabinete Simon-Cabanillas-Aráoz después del baguazo. Consciente del rechazo en las encuestas y su aislamiento político, convencido del agotamiento de la mecedora con otro independiente servil, García –que no da puntada sin hilo– intenta reeditar la estrategia electoral del 2006 y usa la denuncia del complot para preparar un complot propio: el que implementaría el gabinete Velásquez-Rey-Pérez.

Un gabinete de choque, dirigido por un presidente del Congreso sin capacidad de diálogo que incumplió sus compromisos con los amazónicos en agosto 2008 para revisar los DL, retuvo su derogatoria hasta que la sangre llegó –abundante e inútil– al río y salvó al gabinete Simon de responder por su irresponsabilidad. Un gabinete continuista –Carranza y Mercedes Araoz– que sube la cuota aprista a 7 (Velásquez, Pastor, Adolfo de Córdova –"castillista" y prochileno– y la ministra de Trabajo se suman a Cornejo, Chang y Nidia Vílchez, acusada de vínculos al Comando Rodrigo Franco), suma operadores políticos del gran capital: el fujimorista Rey (Opus y Romero), Allison y Martín Pérez (de la "opositora" UN, operador del grupo Romero), Pedro Sánchez (privatizador, servidor de las mineras). Un gabinete de choque (Apra, UN, fujimorismo y poderes fácticos), que integra al general PNP Salazar en el Interior a pesar del moqueguazo y graves acusaciones de corrupción.

El mensaje ha sido claro: poner orden y frenar la "agitación" como condición de la inclusión social. O sea, inclusión subordinada al régimen y las políticas imperantes. El gabinete Velásquez, operador de García que compite con Toledo en aficiones personales y estilos de vida, se instala con 7 congresistas nacionalistas suspendidos; numerosos dirigentes indígenas, amazónicos, comuneros y de frentes regionales procesados; persecución y campaña de demolición a la dirección de Aidesep, buscando fracturar la organización con un antiestatutario "congreso" promovido desde el poder; la absurda "prueba de infiltración chavista" en un chofer venezolano rompehuelgas que vive aquí 15 años y tiene hijos.

¿El choque, la criminalización, el miedo y el divisionismo inducido frenarán la protesta y la demanda de cambio de régimen político, económico y social, de una Constituyente y un nuevo gobierno que impulsen el cambio que esperamos? El golpe que enfrentó el presidente Zelaya en Honduras por intentar llamar a una consulta ciudadana sobre una consulta para una Constituyente demuestra hasta dónde puede llegar la derecha. Ojo: el complot alanista está en marcha.

El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Lo estableció la ONU en 1994, buscando soluciones a la discriminación y atropellos a los pueblos indígenas –producto del colonialismo– en materia de cultura, educación, salud, derechos humanos, sociales y políticos, medio ambiente, participación del desarrollo económico y social, respetando sus identidades y dignidad. El 2000, la Comisión de DDHH y el Consejo Económico y Social de la ONU establecieron el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, a efectos de discutir, actuar y supervisar en pro de los derechos de los pueblos indígenas. Todo al amparo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración Universal de DDHH, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) y otros tratados. A ello se suma el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) como órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de estos tratados por los Estados partes.

El Perú "celebrará" este Día Internacional de las PPII con el presidente García –representado por su Ministro de Justicia– sentado en el banquillo del CERD, a efectos de responder las 29 preguntas que han llevado a Pastor a   Ginebra con una corte de asesores.
Pura casualidad y ajeno a cualquier juego de la Cancillería, la solicitud de visa a Suiza de Daysi Zapata, presidenta interina de AIDESEP por el asilo de Alberto Pizango, no se ha dado y no responderá directamente los ladridos del Perro Pastor del Hortelano.
Celebraremos el Día de los PPII con Santiago Manuin, herido y preso en el Hospital de Chiclayo, Teresita Antazú y decenas de dirigentes indígenas con orden de captura, muchos presos, Pizango y dos dirigentes de AIDESEP, asilados para evitar la cárcel o las amenazas letales del Comando "Rodrigo Franco". Para colmo, con una AIDESEP "bamba" paralela, falsificada desde el régimen, para desconocer la dirección auténtica de los pueblos amazónicos, dividirlos y servir de títeres en las "mesas de diálogo" que dejó servidas el "santón" Yehude Simon para que las manejen a su antojo los Velásquez Quesquén, Arana y Mantilla, burlándose del derecho internacional de los pueblos indígenas a ser consultados e intervenir en las decisiones que los afectan.

García y su Pastor deberán responder por incumplir el deber de consultar a los pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT y la DDPI), por violar sus derechos sobre recursos y territorios. Responder por los DL inconstitucionales para parcelar y vender los territorios las comunidades nativas o someterlas a inconsultas concesiones otorgadas a grandes transnacionales que abusan y dejan migajas, enfermedades y contaminación. Todo gracias a un Estado mafioso y lobbysta, que no regula o fiscaliza, no defiende a los pueblos ni se reconoce plurinacional. Tal es el caso de las comunidades del río Corrientes presentado por Feconaco por daños ocasionados por cerca de 40 años de explotación petrolera (90% de niños con más cadmio en su sangre de lo que permite la OMS) y los 6 nuevos lotes petroleros sin consulta previa.

Las preguntas del CEDR ponen en la mira la política establecida por García: "28) El Comité ha recibido informes sobre la utilización de lo que podría considerarse como discurso discriminatorio por parte del presidente del Perú, Alan García, específicamente en lo que se refiere a tierras ancestrales de los pueblos indígenas y la existencia de pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial, en su artículo "El síndrome del perro del hortelano" (…) y quisiera recibir más información al respecto". Claro, AGP exuda racismo cuando se refiere a los pueblos amazónicos que defienden sus derechos como "lo más retrasado de nuestro pasado" o a la "barbarie en el fondo de la selva". Y  dice que las tierras comunales son "tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto, su propiedad es aparente (¿falsa, inexistente, ocupable?). Esa misma tierra vendida en grandes lotes (¿a las transnacionales?) traería tecnología…". El racismo, el desprecio, la amenaza y la incondicionalidad al gran capital extranjero se enlazan estrechamente.

Y la sangre de Bagua, por no derogar los DL y lanzar una operación torpe, lo persigue: "29) El Comité toma nota de la nota de referencia NNUU/34, de fecha 8/6/09, enviada por la Misión Permanente del Perú ante Naciones Unidas en Ginebra (que)… describiendo los hechos ocurridos en Bagua, Perú y sus antecedentes. (…) solicita información sobre las causas profundas y consecuencias del hecho desde el punto de vista del Estado parte y su progresión en los días posteriores a los mencionados en la Memoria. (…) sobre las medidas que el Estado parte ha adoptado y/o piensa adoptar para, conjuntamente con los pueblos indígenas, superar esa situación y evitar que se vuelva a dar en un futuro". ¿Cómo defenderá la persecución, las detenciones y los exilios? ¿Con la AIDESEP paralela y el diálogo convertido en monólogo con títeres?
El colmo: el Perú plurinacional acusado de racismo por García.

La reactivación de la IV Flota Naval norteamericana, la base militar establecida en Paraguay, la expansión de planes de penetración militar –vía programas "sociales" y planes de entrenamiento y prácticas militares conjuntos–, a pesar del revés que sus proyectos han sufrido con la decisión ecuatoriana de no renovar el contrato de la base militar norteamericana de Manta y de prohibir en la nueva Constitución el establecimiento de bases militares, y el reciente golpe contra el presidente Zelaya en Honduras –con evidente respaldo militar de EEUU más allá de las condenas de Obama y Hillary Clinton al golpe– por haberse incorporado al ALBA aún siendo un liberal de origen derechista, entran hoy a una nueva fase con el acuerdo adoptado con Uribe.

El que las bases se ubiquen cerca de las fronteras colombianas con Ecuador y Venezuela ha centrado el tema en que el plan se centraría en golpear estos procesos de cambio centrales en América del Sur. Claro, este es un objetivo fundamental, dada la enorme superioridad militar colombiana con el soporte de la principal potencia militar mundial, más allá de las dificultades que enfrenta el gigante debilitado diplomáticamente y empantanado en Irak, Afganistán, Paquistán. Pero en la mira imperial hay objetivos mayores: UNASUR y Brasil como fuerza militar y económica.

Es importante resaltar, por un lado, la evidente autonomía relativa del accionar del Pentágono y del accionar del Comando Sur expresada en el golpe de Honduras y las bases militares en Colombia, mostrando que el imperio mantiene sus garras afiladas, a pesar de los discursos de Obama, la profunda crisis económica que lo afecta y los problemas que concentran la atención de su gente en lo económico, pero que no han llevado a cumplir las ofertas electorales de reducir y reorientar la presencia militar mundial de EEUU.

Por otro lado, está el proceso de cambio en curso en AL. Un proceso con diferencias de profundidad y amplitud entre los procesos andinos (Bolivia, Ecuador y Venezuela, en los que se plantea una nueva relación entre Estado y mercado, afirmar soberanía sobre el control de los recursos naturales, la plurinacionalidad y la reivindicación de una economía al servicio de la gente) y los países del MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay, Chile que han buscado humanizar y regular el neoliberalismo tocando poco aspectos centrales).

Proceso que, abierto a puertas de los 200 años de nuestros procesos independentistas en AL, tiene factores comunes centrales: la batalla por soberanía y autonomía frente a los EEUU, la integración regional que nos abra otro espacio en el escenario internacional y que se expresa en el nacimiento de UNASUR, los proyectos del ALBA, MERCOSUR y Banco del Sur, la propuesta de Brasil del Consejo Sudamericano de Defensa (articulación de FFAA sudamericanas, al margen del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca que las ata al Pentágono). E incluye una economía que sea más incluyente y que genere menos pobreza y redistribuya –vía programas sociales– la riqueza en cierta proporción; cosa que ni Perú, con García, ni la Colombia uribista hacen.

Los EEUU y los conservadores han recuperado cierto terreno reciente: la derrota de Kirchner en las elecciones parlamentarias y regionales argentinas, la elección panameña, el golpe en Honduras. Y la decisión de Uribe va más allá de amenazar a Venezuela y Ecuador. Es un mensaje y amenaza a Brasil, verdadera potencia sudamericana que ha sido motor del grupo BRIC y el grupo de los 20 a nivel mundial, que ha mantenido una autonomía frente a los EEUU. Y manda un mensaje a UNASUR, Banco del Sur, ALBA, coordinación de FFAA sudamericanas y otros. Estos son los destinatarios: los países que llevan adelante el cambio en AL.

Las fuerzas del cambio no están en repliegue en AL. Han ganado en Paraguay y recientemente en El Salvador. ¿Pero, a qué juega el Perú hoy? García, casi solitariamente en el periplo emprendido por Uribe, ha respaldado incondicionalmente su peligrosa decisión de militarización. Peor aún, serán los dos presidentes sudamericanos ausentes de la reunión de Jefes de Estado de UNASUR a desarrollarse en Quito, este 10 de agosto, con motivo de la instalación del nuevo gobierno del presidente Correa.

En los últimos días, 7 bancos más han quebrado en los EEUU, demostrando que la crisis financiera no ha tocado fondo, a pesar de los 12 billones de dólares empleados hasta ahora en el salvataje de las potencias del norte. Menos aún se ha resuelto la crisis económica, más allá de la campaña mediática de la CNN y los medios controlados por el imperio norteamericano y las corporaciones. Pero un breve análisis nos ratifica que tampoco ha cambiado mucho en la política de los EEUU en relación con AL.

Envueltos en la crisis más grave de su historia moderna, los EEUU y sus socios de la UE desarrollan una desesperada batalla por preservar su poder mundial , aunque se evapora el sueño del mundo unipolar bajo dominio norteamericano, el "fin de la historia" de Fukuyama, y también los sueños de Europa. Ambos, con reglas del juego impuestas a su favor luego de la II Guerra Mundial en Bretton Woods. ¿Cómo mantener el 40% de votos de Europa occidental en los organismos financieros mundiales, o el cerca del 20% de votos, con un exclusivo derecho a veto en el FMI que tiene EEUU en las circunstancias actuales? Han reducido su peso en la economía mundial al ritmo del crecimiento de China, India, Rusia, Brasil. Ya no representan lo que eran. Su peso político ha decaído ante el grupo de los 77, el surgimiento de bloques regionales con creciente autonomía, el cuestionamiento del dólar y el hartazgo del resto del mundo.
Entonces, como lo dice la historia, el uso de la fuerza parece un instrumento al que no quieren renunciar para mantener su hegemonía y el control sobre recursos naturales y energéticos que no tienen, pero necesitan.
Mientras, los gobiernos derechistas de la UE pugnan por imponer unos TLC más duros que los mismos EEUU a AL y no vacilan en romper bloques regionales –como la CAN– para forzar acuerdos bilaterales con Perú y Colombia. Y los EEUU evidencian su afición al "big stick" y al golpismo.

El gobierno de Obama ha frustrado muchas esperanzas. No puede defender la creación de una seguridad social para todos frente a los republicanos, no cierra la cárcel de Guantánamo y mantiene el poder fáctico del Pentágono. Luego de Bush y sus fracasados intentos golpistas en Venezuela y la Bolivia de Morales hace poco, tres hechos evidencian continuismo en AL. Primero, el caso del profesor Beltrán de la Universidad Autónoma de México (UNAM), ciudadano colombiano secuestrado y trasladado a EEUU cuando hacía trámites ante el Estado mexicano, con su abogado, sin que pase nada.

Luego, el golpe de Estado en Honduras contra Zelaya –planificado y ejecutado por unas FFAA oligárquicas y sometidas incondicionalmente al Comando Sur de los EEUU– que se mantiene por el aval fáctico de los EEUU, más allá de los discursos de Obama. El golpe es una amenaza al proceso de cambios en Centroamérica (Nicaragua, Guatemala y El Salvador) y derroca a un presidente liberal por el "delito" de vincularse al ALBA, proponer si el pueblo quiere ser consultado sobre una Constituyente y aplicar limitadas reformas sociales en un país de extrema pobreza. Hoy pretenden Honduras como una base norteamericana del Plan Colombia o del Plan Mérida en Mesoamérica, como lo fue durante los conflictos de Nicaragua y El Salvador décadas atrás. Zelaya, a quien debían asesinar, estuvo retenido –antes que lo depositen en Costa Rica en pijama– en la base EEUU de Palmerola (hoy Soto Cano). Y EEUU es el principal artífice de una salida "negociada" –con el apoyo de Costa Rica, Colombia, México, Panamá, Perú, Chile y hasta Francia y Alemania– que quiere salvar a los golpistas.

Finalmente, la reciente decisión de establecer presencia norteamericana en 7 bases militares a efectos de convertir a Colombia en un gigantesco portaviones yanqui en América del Sur, dispuesto a operar contra Ecuador y Venezuela, pero también advertir a Brasil y toda Sudamérica de que los EEUU no permitirán UNASUR, Banco del Sur, Consejo Sudamericano de Defensa ni planes integracionistas que acrecienten la soberanía y autonomía de su patio trasero. Las esperanzas de algunos se esfuman, mientras se preguntan: ¿es Obama o bamba?

La política exterior va a la deriva. Ayer éramos íntimos de Chile. Alan estableció no mezclar negocios con política e intereses nacionales. Por un lado los negocios del gran capital chileno: concesiones de servicios estratégicos y privatizaciones "a huevo" o el TLC (sin pasar por el Congreso). Por cuerda aparte, la geopolítica, la frontera marítima y el armamentismo chileno. Hoy, luego de varios desplantes y desafiantes ejercicios militares chilenos cerca de la frontera, un volantín: nadie va a la ceremonia por la independencia del vecino sureño, en un gesto propio de una corte más que de una República.
García, en típico gesto formal e inútil, pidió "peras al olmo": reducir la carrera armamentista en AL. Chile responde con una práctica militar y Rey les pide suspenderla y suspende unilateralmente una nuestra. El gobierno chileno los ningunea y viene el gesto del ausentismo. Uno se pregunta, ¿en qué mundo viven García, García Belaunde y Rey?

Múltiples elementos impulsan el armamentismo en Sudamérica. Por un lado, hay la clara intención de EEUU de garantizar control sobre su "patio trasero" y sobre los enormes recursos energéticos, acuíferos y mineros, así como –en el marco de la crisis mundial– sobre importantes mercados de la subregión. Por otro lado, los movimientos progresistas y de izquierda que ganaron elecciones y han recuperado manejo de sus recursos y ampliado su autonomía, y quieren defenderla. No es casual que EEUU se potencie militarmente en Colombia, aumente su presencia militar continental –monitoreo por radar y "reacción rápida"– con 7 nuevas bases cedidas por Uribe. La amenaza la entienden los procesos de cambio en curso en Venezuela y Ecuador inmediatamente, y proceden –vinculándose a Rusia y otras potencias– a recuperar capacidad militar.

Brasil también ve peligrar su soberanía sobre la Amazonía y gigantescos recursos petroleros recién descubiertos, así como la necesidad de defender su mercado interno, y abre relación con Francia para potenciarse con una gran inversión militar –incluyendo transferencia tecnológica– para contrapesar la amenaza intervencionista. Todos saben quién ha estado detrás del intento golpista a Chávez y el intento de asesinar a Evo Morales. Y ahora, muchos elementos vinculan al Pentágono y la embajada de EEUU con el golpe militar en Honduras, que se mantiene. No piden peras al olmo, toman medidas en defensa propia.

Hillary Clinton, en visita oficial en Uruguay, da lecciones sobre carrera armamentista y se centra en el peligro venezolano. No menciona lo que ellos dan a Colombia o las ventas militares a Chile. Y en la reunión de Ministros de RREE y de Defensa de UNASUR, Colombia se niega a dar a conocer el acuerdo con los EEUU y a firmar un acuerdo que impida, a las tropas y equipos extranjeros de las bases militares norteamericanas, operar en terceros países. ¿Eso no es una amenaza? La "solución García", cese de compras y auditoría. "Verso", como sabemos quienes no lo creemos "caído del palto".

La estrategia Obama para AL es cada vez más clara: tibieza que mantiene ante el golpe en Honduras, más presencia militar en Colombia y –vía el Plan Mérida– en México, renovación del bloqueo económico a Cuba, no cerró la prisión inhumana en Guantánamo, vende armas a Chile. Más aún parece buscar un acuerdo con Rusia –vía el anuncio del retiro de su estructura balística contra ellos ubicada en Polonia y la República Checa– que podría buscar contrapartidas en AL, además de cambios respecto a Irán y otros temas candentes.

Y el Perú, ¿en qué está en materia de Defensa? En la calle, sin aliados. El VRAE, Flores Aráoz y Rey muestran el desastre de la seguridad interior. Y la exterior, peor: estamos en nada, casi aislados y empujando a Bolivia hacia Chile, abocados a faenones y corruptelas, chuponeos y privatizaciones mal manejadas. Grave irresponsabilidad que nos pasará factura.

La sorpresiva renuncia de una treintena de militantes y dirigentes al Partido Socialista, incluyendo su Secretaria General, para marchar hacia otra organización política –la del Padre Marco Arana–, coloca sobre la mesa política de hoy varios asuntos. Si bien soy Secretario de Frente Único del PS por encargo de la SG, no pertenezco a la Comisión Política ni al Comité Ejecutivo Nacional.
Puse mi cargo a disposición después de las elecciones del 2006 y no postulé a cargo alguno. Susel Paredes postuló a la Secretaría General y yo voté por ella, aunque ciertos sectores, erróneamente, no participaron y desconocieron el proceso. Pero quiero analizar esta renuncia desde la encrucijada que plantea a las fuerzas del cambio.

Los renunciantes han decidido formar el MAS y, desde él, trabajar con el Padre Arana en una propuesta de renovación y forja de una alternativa. Ojo, una alternativa real implica una amplia unidad de fuerzas y un liderazgo legítimo y colectivo. El PS, que abandonan, acordó en dos eventos nacionales promover un Frente Amplio por el Cambio, por un Nuevo Perú: una Nueva Constitución, una Constituyente y un Nuevo Gobierno que abran paso a la justicia social, a la democracia participativa y comunitaria, efectiva descentralización y un Perú plurinacional, a una economía al servicio de la gente que recupere soberanía sobre nuestros recursos naturales, con un Estado que regule, redistribuya riqueza y atienda a la gente.

Es decir, una amplia unidad de las fuerzas del cambio, con unidad programática para gestar una real opción de gobierno y de poder popular organizado, a cuyo interior debería definirse –democráticamente–la candidatura que mejor represente la opción de cambio y cuente con los equipos colectivos capaces de gestar y gestionar un gobierno del cambio. El PS no plantea un "candidato natural" del Frente, no veta militares o sacerdotes, ni excluye a ningún sector que batalle por el cambio basado en la lucha política y social.

No es la primera vez que sectores de izquierda desprecian el valor de la unidad y ponen por delante el perfil propio. Ser dueño de la verdad y mal manejar las diferencias es un viejo error. Si no puedes mantener la unidad de un partido, ¿cómo predicar la unidad más amplia? El PS promovió una nueva relación entre partidos y movimientos sociales. Por ello impulsó e integró la Coordinadora Político Social (CPS) junto a gremios, movimientos sociales y regionales, y partidos progresistas, nacionalistas y de izquierda, para reagrupar fuerzas por el cambio. Por lo mismo es parte del Frente Nacional por la Vida y la Soberanía (Frenvidas) que coordina AIDESEP y se forjó al calor de la extraordinaria lucha de los pueblos indígenas amazónicos.

El PS tiene un Grupo de Trabajo de Frente Único con la Secretaría de Movimientos Sociales. Y desecha la tesis de que los movimientos sociales son correas de transmisión de los partidos. Los entiende como interlocutores y contralores de éstos, reconociendo y bebiendo del protagonismo político de las fuerzas sociales. Caminando con ellas en las decisiones políticas. En esa batalla, el PS también reconoció e impulsó fuerzas regionales y descentralistas contra viejas ideas. Pero los renunciantes caminan a un movimiento que no es parte de los bloques políticos sociales, como Frenvidas o la CPS. ¿Será ese el camino renovador?

Finalmente, retirarse en vísperas de un Congreso Nacional Extraordinario del PS a realizarse en diciembre, propuesto y acordado –entre otros– por los mismos miembros de la dirección que ahora se aleja, es patear el tablero en lugar de debatir y encontrar salidas a las diferencias. Ese estilo, el de patear el tablero en los partidos y en procesos de Frente Único, ha sido uno de los más graves problemas de las izquierdas.
Un lamentable hecho puntual, irreflexivo, pero que alerta sobre encrucijadas que podría enfrentar el Frente por el Cambio que nos es tan urgente.

Hace 2 años, advertí: "el APRA, con su clásica escopeta de dos cañones, parece decidida a lanzarse a la privatización del agua potable". Fujimori tanteó la posibilidad, pero no se atrevió a privatizar Sedapal. Toledo y Kuczynski tampoco, aunque la prepararon al paralizar el crédito japonés para el Proyecto Marca II, desatendiendo las necesidades de agua de Lima y lanzando las privatizaciones en Tumbes y Piura.

García, converso al fundamentalismo neoliberal, y su ex ministro de Vivienda Garrido Lecca crearon –hace dos años– "Aguas del Sur de Lima", una nueva empresa de agua y saneamiento para atender esa parte de Lima y balnearios. Al inicio, una empresa pública y luego "público-privada", bajo la batuta de los privatizadores de "Proinversión". Simple, pero claramente engañoso para la gente. Hoy han ido mucho más allá.

Han impedido la presencia de los usuarios en el directorio de la empresa, cerrándoles el paso para que no puedan cautelar sus intereses. Luego han ignorado los informes de la Fiscalía anticorrupción y de la Contraloría de la República sobre graves problemas de gestión. E intentaron imponer el Proyecto de Ley privatizador 1217 en el Congreso (abril del 2008) pero fracasaron. Entonces aprovecharon de los famosos DL para adecuarse al TLC con EEUU y dieron el DL 1031 que convierte empresas públicas en sociedades anónimas de propiedad del Estado, pero sin fin social, obligadas a colocar no menos del 20% de sus acciones en la Bolsa.

Este DL afecta 37 empresas públicas de derecho privado donde el Estado es accionista mayoritario (Sedapal, Enapu, Cofide, Enaco y 17 empresas eléctricas), dos empresas publicas de Derecho Publico y 20 empresas privadas donde el Estado es accionista minoritario. A su amparo, a pesar del compromiso de García de no privatizar Sedapal (publicado en avisos el 2006), han colocado las acciones de Sedapal en la Bolsa de Valores de Lima, con el código PEP703401203.

Así se procedería a vender las acciones de Sedapal a mil soles cada una. Son 530,930 acciones de Sedapal, una empresa estatal constituida como Sociedad Anónima, a cargo del Ministerio de Vivienda, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera.
La empresa ha sido un verdadero botín del régimen. Recibió $100 millones del BID el 2007 condicionado a privatizarla. Su patrimonio es de S/.7,000 millones según la asociación de usuarios, pero tiene deudas por S/.5,000 millones. Gracias a una pésima gestión, han construido el argumento para "capitalizar la empresa" vendiendo acciones a manos privadas por migajas.

Privatizar el servicio de agua potable y saneamiento es convertir en negocio la gestión de un derecho humano fundamental, el derecho al agua, y someter al manejo del mercado y del juego del "gana gana" en las tarifas, un recurso fundamental para la vida, la salud y el bienestar elemental de las personas. Ya sabemos cómo se maneja el asunto en temas menos vitales como la telefonía, provocando la protesta y el malestar generalizado. Ahora el APRA y sus socios quieren hacerlo con el agua, nada menos.
Para colmo, el gobierno del "cambio responsable", pretende manejar este proceso de espaldas a un debate nacional y de los limeños, sin que los implicados tengan voz ni voto. ¡Un buen negocio!

El APRA, que gobierna en alianza con el fujimorismo, el transfuguismo y Unidad Nacional, no solo pretende mantener el modelo neoliberal, sino profundizarlo, ahondando las diferencias y el control de poderosos grupos de poder sobre servicios esenciales para la gente. Acaba de rematar, en medio de un escandaloso proceso el puerto de Paita y ahora quiere poner en venta las acciones de Sedapal. ¿Pasará como el caso de Paita, donde sólo después la población descubre sus terribles implicancias o se frenará –como los amazónicos lo hicieron– el buldózer neoliberal que maneja Alan García?

¿Quién no quiere vivir en un país donde todo es posible? Keiko, hija de un ex presidente criminal y ladrón, quiere ser presidenta. Su programa principal: indultarlo. Un pillo que se permitió llevarse maletas de vladivideos usando a su edecán militar como si fuera fiscal. Aceptó ser culpable de dar 15 millones de dólares a Montesinos para que se vaya a Panamá y "reponerlos" con dinero que se "encontró". Culpable de comprar políticos e inocular el virus del transfugismo en el Congreso, de chuponear a diestra y siniestra y de comprar la línea editorial de medios de comunicación. Condenado a 25 años de cárcel por secuestros en los sótanos del Pentagonito –donde vivía– y asesinatos a sangre fría en La Cantuta y Barrios Altos.

El gas de Camisea es nuestro, pero no podemos usarlo en función de nuestro desarrollo: el concesionario extranjero tiene derechos de propiedad real sobre su manejo y, gracias a un contrato de PPK y Quijandría, nos deja miserias.

Concesionamos puertos para atraer inversión extranjera y "modernizarlos", pero –como en Paita– suben las tarifas y encarecen los fletes sin invertir un sol. Despiden u hostilizan a los trabajadores. El Estado les avala créditos solicitados al exterior (pagaremos nosotros si no pagan ellos), les garantiza un volumen de rendimiento que –si no obtienen– les completará el Estado (nosotros) y les permite monopolizar todos los servicios, desplazando a pequeñas y medianas empresas.

Hipócritas, que fueron congresistas y dirigentes del fujimorismo que impuso la esterilización forzada o basada en engaños a mujeres humildes, ahora "defienden la vida de los concebidos" frente al aborto terapéutico de criaturas inviables, al derecho a la vida de la mujeres violadas y violentadas, o niegan el derecho a usar la píldora del día siguiente a jovencitas irresponsables que podrían evitar así una concepción indeseada que les cambiaría la vida de un golpe. Pero ignoran las condiciones de vida de esas mujeres, su sufrimiento, su miseria presente y futura. ¡Todo para los que vendrían, infierno para los que ya están!

Un cardenal de zarzuela, que cerraba las puertas a las mujeres que lo buscaban para recuperar a sus hijos y maridos detenidos vivos y desaparecidos en Ayacucho, ahora –demagógicamente– se ofrece a recibir a todos los nacidos no deseados (¿en su casa?), cuando sabe que es imposible, y renueva su campaña contra el control de la natalidad.

Un tiburón dominicano regresa al Perú a declarar sobre los petroaudios y los negociados en la asignación de lotes petroleros ante un juez que no entrega los discos duros incautados a Business Track a la fiscal y al Congreso. Un juez que ignora las visitas de Del Castillo, Navas (el secretario de García) y su secretaria a la suite de Canaán. ¿Alguien cree que Canaán aclarará algo?

Un Presidente que dice querer reformar la política en el Perú al final de su segundo mandato, estableciendo el voto voluntario y la renovación de Congreso por mitades, definida por sorteo. Mientras tanto, evade: verdadero control ciudadano sobre las autoridades, efectivo derecho de revocar a toda autoridad electa que incumpla sus compromisos electorales o actúe incorrectamente (desde el Presidente y los congresistas hasta los regidores), establecimiento de una República que reconozca la multiculturalidad y plurinacionalidad del país, democracia representativa, pero también participativa y comunitaria, con efectiva inclusión de la gente en la definición de los presupuestos nacionales, regionales y locales, y control sobre los gastos. Quiere vender gato por liebre y hasta amenaza con un "referéndum" recogiendo él mismo firmas en las calles. Arequipa, Puno, Cusco o Bagua lo esperan.

Como dice mucha gente, ante el rol de importantes medios de comunicación aceitados (al estilo del tío Bieto) por la propaganda oficial, "el Perú Abencia". Allí están la TV y escuchar a don Raúl, Aldo M. o la radio de los mineros para estar seguros.

El sábado, una fiesta animó la Plaza de Armas. Palacio había colocado un estrado con antelación. El Rey esperaba que el Perú ganara la sede de los Juegos Panamericanos 2015 y celebrar en grande, cual Lula lo hiciera al ganar Río la sede de los Juegos Olímpicos. Pero, pena, no ocurrió. No cubrimos las condiciones ni destacamos significativamente en deportes por el abandono de nuestra juventud y la práctica del deporte por el Estado.

Pero Garcimori no perdió la ocasión ni el micro. Le dio un giro a la situación: celebrar el hallazgo de gas (¡bien!) en el lote 58 concesionado a Petrobrás, junto a los conocidos lotes de Camisea, el 56 y el 88. Dijo que serían más de 1 trillón de pies cúbicos (TCF), aunque Petrobrás no confirma volúmenes. Pero ya Repsol encontró gas en el lote 57 el 2007, pegado a los otros: 2 TFC. Entonces no se celebró. ¿Curioso no? ¿Por qué será?

Repsol es parte del Consorcio de Camisea que quiere exportar el gas de Camisea, el de los lotes 56 y 88, a México. El Consorcio los recibió en una concesión en la que les regalaron los costos de exploración que había invertido la Shell, que devolvió el yacimiento al Estado sin costo alguno. Gracias al padrinazgo de Kuczynski y Quijandría, una mediocre empresa llamada Hunt Oil (que asesoraba PPK) y sus socios se hicieron –a precio de huevo– de yacimientos con reservas probadas y sin riesgo. Firmaron un contrato ilegítimo lleno de prebendas y cambiaron el DS 040-99 con la Ley 28552 para eliminar la obligación de mantener reservas para el país –en esa concesión– con un horizonte móvil y permanente de 20 años.

El Consorcio, dado cero gasto en exploración y riesgo, se obligó a que los cerca de 7 TCF de gas en el lote 88 se reservaran para consumo nacional y tuvieran 2 condiciones: 1) un precio ventajoso: $1.50 dólares por millón de BTU a boca de pozo para las empresas eléctricas, y $2,50 para las industriales. (ojo, Chile y Argentina pagan cerca de $10 por millón de BTU y en el mercado de Henry Hub de EEUU está a $4.50. Bolivia vende cerca de $6 dólares a Brasil). O sea, se abarató el gas para consumo nacional.

Y, 2) a pagar 37% de regalías a boca de pozo, aunque con el precio fijado es una miseria. Entonces, consiguieron derecho de exportar el gas del lote 56 y hasta de prestarse del lote 88 para cumplir con la exportación a precio mínimo. Pero, ojo, el gas del lote 57 de Repsol o el del 58 de Petrobrás tiene otras condiciones: lo venden a precio libre, mucho más alto, y pagan apenas 5% de regalías en general, contra el 37% del Consorcio Camisea o lo que cobra Bolivia: entre 50 y 82% de la producción. Una miseria.

Repsol pactó vender el gas del lote 57, a precio libre, a un grupo de los Brescia y chilenos para un polo petroquímico cerca de Paracas. El hallazgo de Petrobrás –de volúmenes no confirmados– pretenderá ser argumento para decir: no tenemos por qué impedir la exportación del gas de Camisea, ¡sí hay gas! Pero esconden la diferencia de precios y el impacto que tendría exportar nuestro gas barato y comprar energía cara. El Ing. Herrera Descalzi calcula que gastaríamos $ 42,000 millones para reponer la energía exportada a precio de huevo para cubrir la necesidad del país. ¡Pésimo negocio! Anulemos el contrato lesivo e ilegítimo de Camisea y el cambio en la Ley 28552: mantengamos un horizonte permanente de 20 años para el consumo nacional que nos ayude a tener una economía competitiva.

Hubo fiesta, ¿del Consorcio de Camisea y sus especialistas en faenones, o de Giampietri sabiendo que quedaría de Presidente cuando Garcimori viaje al Asia, a pesar de estar acusado de corrupción por la fiscalía y procesado por la matanza de penales? Nosotros celebremos al impedir exportar el gas de Camisea, recuperar soberanía sobre nuestros recursos, potenciar Petroperú, terminar con regalías ridículas de 5% y limpiar Palacio de pillos. Celebremos poner las cosas en orden.

IU, nacida hace 29 años en el marco de fuertes luchas sociales y de una gran presión popular por la unidad para el cambio y la justicia social, no logró escapar de los designios y la influencia letal de esta tendencia al hegemonismo y la "camiseta propia". Tampoco escapó a la tendencia al caudillismo que ha marcado la historia peruana y, lamentablemente, está hoy más fuerte que nunca en la política nacional ante la crisis de los sistemas de representación y de los partidos políticos. Ese caudillismo también marcó a las izquierdas.

Aunque el brutal impacto del terror de SL y la infame campaña de la derecha y su prensa de "senderizar" a la izquierda e imputarle responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad del senderismo para frenar la denuncia de los crímenes del Estado en aplicación de la política antisubversiva golpearon a IU, el sectarismo y el hegemonismo constituyeron errores que contribuyeron a destruir fuerzas como IU que tenían grandes oportunidades de abrir las puertas al cambio al país. Aun en las épocas de prédica y construcción de espacios de unidad política, persistieron expresiones de división en el frente político, de hegemonismo e instrumentalización del frente social y de falta de renovación, que constituyeron causas de la derrota de una de las experiencias políticas unitarias más importantes de AL.

Hoy vientos de cambio soplan en A. Latina y Andina. Una amplia mayoría de peruanos siente agotada la legitimidad del régimen político –corrupto y ajeno al control y la participación de la gente– y vive la exclusión de un régimen económico que solo sirve a los ricos y margina de derechos elementales a los más pobres del campo y la ciudad, evidenciando una reiterada demanda de cambios, pero el sectarismo, el hegemonismo y el caudillismo vuelven a amenazar.

No son las izquierdas de los 70 las que hoy ocupan el escenario central de las fuerzas del cambio, aunque lo acompañan. Son nuevos actores. Probablemente tres: el nacionalismo que lidera Ollanta Humala; la expresión de los movimientos medioambientalistas enfrentados a las secuelas de una economía primario exportadora en manos de grandes transnacionales, que lidera Marco Arana; y los movimientos indígenas, especialmente amazónicos, que han desarrollado una extraordinaria lucha, bajo el liderazgo de Alberto Pizango.

¿Las dividen visiones distintas sobre el Perú? ¿No aspiran a una nueva democracia –representativa, participativa y comunitaria–, al auténtico control ciudadano y popular, la transparencia y acabar con la corrupción generalizada que sufrimos? ¿No postulan todas reconocernos como un país multiétnico, pluricultural, con nacionalidades diversas con derechos fundamentales? ¿No plantean acabar con el modelo neoliberal primario exportador y bajo control de transnacionales para poner la economía al servicio de la gente y los recursos naturales al servicio del Perú descentralizado y compatible con sus ecosistemas? ¿No proponen que el Estado garantice derechos fundamentales a la gente –salud, educación, trabajo, saneamiento– y a los trabajadores? ¿No aspiran a la unidad latinoamericana por el cambio?

Entonces, ¿qué los divide? ¿Qué les impide unirse en un proceso que permita a la gente optar por la mejor candidatura en un proceso de elecciones primarias y dar una lección de grandeza y de respeto a la voluntad popular? La unidad es condición para el cambio, aunque no es suficiente. Sin ella, no habrá cambio.

LA POBREZA DEL CADE

¿Será verdad que la pobreza no tiene nada que ver con el neoliberalismo que Fujimori instaló en el Perú? ¿El Estado raquítico, los impuestos minúsculos y la no redistribución de la riqueza para generar educación, salud, programas alimenticios o desarrollo agrícola? ¿La desregulación del mercado, la imposición de toda clase de abusos, precios y tarifas excesivas de empresas monopólicas, extranjeras y nacionales, no acentúa la pobreza? La destrucción de derechos laborales, la desaparición de la negociación colectiva, el cholo barato ¿no generan pobreza? ¿Un país que no industrializa sus recursos, ni desarrolla ciencia y tecnología para explotarlos y transformarlos, que abandona a su suerte a la universidad pública e incumple con elementales compromisos salariales con los catedráticos, que no da recursos para investigación e implementación práctica de los conocimientos, saldrá de la pobreza? No.

El modelo económico neoliberal está en cuestión en el mundo entero. Una impresionante intervención de los Estados fue indispensable para salvar enormes transnacionales que quebraban. Estados intervienen hoy varias de las que salvaron y toman medidas para defender a los consumidores y deudores del efecto de la crisis. Pero aquí pretenden ignorar el papel del Estado en el manejo del orden económico, en la redistribución de la riqueza (¿esperemos el chorreo?), en la defensa de los consumidores y usuarios, en aprovechar los recursos naturales para beneficio del país (y no solo de un puñado de grandes empresas). Buscan obviar que se nos impuso una economía primario-exportadora (de materias primas) mientras se abandonó a su suerte al mercado interno y a los trabajadores y mypes, se ignoró la seguridad alimentaria y se privilegió al capital extranjero en el marco de una corruptela sin precedentes. ¿Eternizar este modelo?

La entrega de enormes concesiones de recursos naturales a transnacionales, dejando migajas al país, tiene mucho que ver con la pobreza. Un dato: si Alan García hubiera cumplido su compromiso de establecer el impuesto a las sobreganancias mineras, ¿no hubiéramos dispuesto entre el 2007 y 2008 de un ingreso adicional de más de 7,000 millones de dólares para invertir en educación, salud, apoyo alimenticio o el agro? ¡CADE se olvidó!

Olvida también que este entreguismo desenfrenado de nuestros recursos abrió paso a graves conflictos que hoy –en lugares como Espinar, Huancabamba o la Amazonía-– enfrentan al agro con la minería, acentúan la lucha por el agua y provocan la reacción de los pueblos originarios y comunidades campesinas contra el arrasamiento de sus tierras (el 75% de los 75 millones de hectáreas de la Amazonía están ya concesionadas a empresas petroleras y 18 millones de hectáreas, predominantemente del Ande y la Costa, para minería).

El fujimorismo permitió la captura del Estado por los grupos de poder económico y las multinacionales hasta hoy un instrumento a su servicio, penetrado por asesores y funcionarios destacados desde estos grupos de poder, como lo admitió Dionisio Romero o lo evidencian instituciones como el Instituto Peruano de Economía que proporciona los asesores de ministros que necesitan.

Terminar con la pobreza exige un manejo económico con soberanía sobre nuestros recursos, industrialización, desarrollo científico técnico, y un Estado descentralista plurinacional al servicio de todos los peruanos, con autoridades bajo control de la gente. Recuperar el Estado y el manejo económico es fundamental.

Pobreza y discapacidad van muy unidas. Las PCD son, muchas veces, desempleadas, marginales, excluidas de  servicios y derechos fundamentales como educación, salud, seguridad social, empleo, comunicaciones, etc. De allí que la Asamblea de la ONU, por impulso de las organizaciones de PCD, aprobara y pusiera en efecto, el 2008, una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Perú ha ratificado.

La Convención reconoce a las PCD los mismos derechos humanos, sociales, económicos y políticos que tienen todas las demás personas (a la vida y la autonomía, la identidad, la educación, la salud, la vivienda, el transporte, las comunicaciones, el deporte, la cultura, la expansión, la accesibilidad, etc.). Prohíbe toda forma de discriminación y obliga a los Estados a garantizar y hacer efectivos estos derechos con políticas concretas –adecuando sus leyes, normas y programas– y a dar, progresivamente, los recursos necesarios para ello. Compromete a los Estados a desarrollar estudios y elaborar la data para identificar la incidencia de la discapacidad en cada país y a establecer mecanismos de consulta y participación de las PCD y sus organizaciones en las definiciones de normas y políticas que las afectan o incumben, lo que no se viene aplicando en el Perú, como ocurre con los pueblos indígenas.

En Ecuador y Bolivia, que se esfuerzan por construir sociedades con igualdad de oportunidades para todos, sus Constituciones han incluido el tema de las PCD como acápites y desarrollan políticas sistemáticas y presupuestadas para atender a este sector. No se trata de otorgar presupuestos míseros y desarrollar la famosa "Teletón", que normalmente llama a la lástima y toma como símbolo a un niño o niña con discapacidad para invocar la solidaridad de la gente, mientras alguien aprovecha políticamente el  "marketing" humanitario (aunque algunos recursos lleguen a espacios serios como el Hogar Clínica San Juan de Dios).

En el Perú, cerca de dos tercios de los niños con discapacidad no van a la escuela. La  escuela inclusiva muchas veces fracasa porque no nombran profesores especializados que auxilien el proceso educativo, falta material pedagógico y tecnológico, no adecúan los locales escolares. Y en salud, solo una perla: hace siete años, sigue sin construirse el nuevo local del prometido Instituto Nacional de Rehabilitación (que cuenta con una donación extranjera congelada), hoy ubicado en el Callao, y no hay sedes regionales en un país tan grande. Ni hablemos del empleo, pensiones, transporte, comunicaciones…

El presidente Obama –reciente Premio Nobel de la Paz, en discutida decisión– acaba de hacer importantes anuncios promilitaristas en política internacional. Por un lado, incrementar la guerra en Afganistán: enviar 30,000 soldados más e instar –sin mucho éxito– a sus aliados en la OTAN a involucrarse. Busca resolver una operación militar empantanada en serios problemas, con creciente número de bajas y miles de millones de dólares invertidos en ella. Pero no le será fácil. Los EEUU ocuparon el país y derrocaron al gobierno de los talibanes para instalar un régimen servil, totalmente corrupto. Analistas internacionales calculan que en el 2008 salieron de Afganistán unas 8,600 toneladas de opio, en vinculación con la familia gobernante.

Pretender, como anunció Obama también, que dejarán Afganistán en 18 meses no es creíble. El gobierno "afgano" sólo controla parte del territorio y no hay liderazgo afgano, aliado a EEUU, en capacidad de manejar el país. Además, los problemas en el fronterizo Pakistán (país con armas nucleares) crecen: un gobierno frágil e impopular con expansión de los talibanes y creciente conflicto armado en las provincias fronterizas. Y, ciertamente, esta decisión convoca poco apoyo internacional y no satisface a nadie en EEUU: los republicanos y las FFAA, que han presionado por este camino, reclamaban no menos de 40,000 efectivos y rechazan un compromiso de retiro militar; viceversa, muchos demócratas exigían avance el repliegue militar y no se sigan comprometiendo miles de millones en medio de la más grave crisis económica desde 1929.

Obama se juega su futuro político y su reelección ante un fracaso, aunque su "victoria" sería modesta. No busca ganar la guerra sino, apenas, de iniciar el repliegue militar en el 2011 (luego de aumentar 30,000 soldados) y comprometer una salida en 2 o 3 años. Lo que muchos no ven viable.

El otro anuncio es especialmente negativo para América Latina y para los países que están batallando por recuperar soberanía, control sobre sus recursos naturales y sus rentas, establecer una verdadera justicia social y forjar una unidad sudamericana y latinoamericana que permita nuevas condiciones de relación entre los EEUU y su viejo patio trasero. El gobierno de Obama –después de haber condenado el golpe en Honduras y desconocer el gobierno de facto– anunció que reconoce los resultados de las amañadas elecciones, manipuladas por una dictadura cívico-militar, con enorme ausentismo ciudadano y, claro, no sólo sin haber repuesto al legítimo presidente Manuel Zelaya, sino con un Congreso que se negó a restituirlo siquiera por sus últimos meses, luego de los fraudulentos comicios.

En síntesis, Obama legitima el golpe y sede al militarismo con una seudosalida democrática que la mayoría de AL rechaza y evidencia que esta amenaza es aplicable a quienes se atreven a plantearse el cambio. El apoyo del Pentágono a los golpistas es más evidente que nunca y muestra el peso de los poderes fácticos en el régimen político norteamericano.

García, Uribe (sede de las amenazantes bases militares de EEUU para una intervención rápida en AL) y otros pocos como Arias se alinearon de inmediato tras este absurdo jurídico. Pero Brasil, gran parte de las fuerzas de UNASUR y de AL se han mantenido firmes. Más aún, las recientes victorias electorales del Frente Amplio en Uruguay (con un 53% para José Mujica, el tupamaro) y la apabullante victoria de Evo Morales, en Bolivia, muestran –junto a la reafirmación de Correa en el gobierno de Ecuador– que el imperio y los afanes golpistas constituyen una amenaza, pero que los pueblos están alerta y defenderán la causa de la segunda y verdadera independencia a las puertas de la celebración del bicentenario de la independencia de los pueblos de AL. Perú, y en especial las fuerzas por el cambio, si asumen un verdadero esfuerzo unitario, definirán su papel en esta gesta el 2010 y el 2011.