Se encontraron, también, con que la antigua Casa de Pizarro era un nido de ratas. La compañía encargada de desratizar Palacio capturó y contó, antes de incinerarlos -me aseguraron que la cifra era redonda- 6. 200 roedores que se habían aposentado en los sótanos, entretechos, rincones, repisas y covachas de la construcción que desde hace cuatro siglos y medio es emblema de los destinos del Perú.

Veo en esas ratas palaciegas legadas por la dictadura a la democracia que ahora renace de sus cenizas y en medio de grandes dificultades, una alegoría de lo que pasa en el Perú. En muchos sentidos, los cambios son profundos y exaltantes. El país ha recuperado la libertad, el derecho de opinión y la crítica se ejercita por doquier e incluso con estridencia, y los partidos y dirigentes políticos polemizan y rivalizan en todos los frentes, en tanto que la lucha contra la corrupción del decenio infame no se ha detenido. Por el contrario, por primera vez en la historia del Perú se hallan entre rejas buen número de militares, empresarios, dueños de medios, traficantes de influencia y prebendas, por robos y otros delitos cometidos al amparo del poder autoritario, y el Poder Judicial, en proceso de purificación, prosigue su tarea con bastante independencia y firmeza. Es verdad que buen número de acusados de fraude, corrupción y violencias se hallan fugados, aquí o en el extranjero, sin que la justicia dé con ellos. Pero, aun así, da la impresión de que, por una vez, no habrá total impunidad -la política de borrón y cuenta nueva- para un buen número de quienes a lo largo de diez años cometieron gravísimos delitos contra los derechos humanos, el Estado de Derecho, y saquearon el Estado hasta acumular fortunas inmensas.

Este panorama alentador se ve ensombrecido por una crisis económica profunda, que ha empobrecido el país, provocado unos índices de desempleo muy elevados y una caída de los niveles de vida que golpea, con particular brutalidad, a los sectores más desfavorecidos. Por ello, las demandas sociales son muy intensas, a lo que ha contribuido, sin duda, que el Presidente Toledo hiciera en su campaña electoral promesas exageradas, de imposible cumplimiento. Todo lo cual genera un clima de agitación y pugna social que dificulta la concertación.

La crisis económica es, en gran parte, consecuencia directa de la pillería sistemática y generalizada que la pandilla encabezada por Fujimori y Montesinos perpetró a lo largo de diez años amparada en la fuerza y la coerción. Como muestra, basta un botón: de los cerca de diez mil millones de dólares que ingresaron al Estado en ese período por concepto de las privatizaciones, hechas a menudo sólo para transferir monopolios públicos a monopolios privados o para favorecer a grupos cómplices y de testaferros de gente del régimen, no queda ya un centavo en las arcas del Estado. Deducidos ciertos gastos concretos del servicio de la deuda y los destinados a cubrir el déficit fiscal, buena parte de esa ingente suma se volatilizó misteriosamente, sin que quede ahora rastro de ella. Es decir, fue a perderse en el laberinto de paraísos fiscales y cuentas bancarias secretas de la mafia fujimorista que, al ser excretada del gobierno por la repulsa popular, dejó el país en estado económico comatoso.

El poder económico de esa mafia fujimontesinista está casi intacto, pues lo que se ha podido recuperar, o congelar, de las cuentas extranjeras de los numerosos inculpados es todavía insignificante. Y la experiencia reciente de países que se han emancipado de regímenes dictatoriales cleptómanos y que tratan de recobrar lo robado nos indica que, por desgracia, no hay que hacerse demasiadas ilusiones en lo que concierne a la recuperación de los dineros mal habidos por los prohombres (y algunas promujeres) de la dictadura.

¿Cómo fue posible que un régimen de esta índole, manejado por rufianes descarados y explícitos, que no sólo cometían a diario innumerables fechorías, sino, como hacía Vladimiro Montesinos, las filmaban en cientos, acaso miles de vídeos, que documentan día a día las dimensiones vertiginosas de la corrupción, fuera, durante buena parte de estos diez años de oprobio, un régimen popular? Porque, para vergüenza de los peruanos, lo fue, y hasta los dos últimos años, acaso menos, de su proterva existencia. La respuesta a esta pregunta es: gracias al inteligente e inescrupuloso manejo de los grandes medios de comunicación, en especial los canales televisivos de señal abierta, que la dictadura puso a su servicio, comprando a sus dueños.

La manera como procedió Montesinos, el habilidoso genio maléfico del servicio de inteligencia de la dictadura fue, al mismo tiempo, sutil y brutal. A ciertos medios de comunicación los chantajeaba, mediante la oficina de impuestos. A condición de su silencio, servilismo y complicidad la espada de Damocles del cobro de los tributos acumulados se alejaba o acercaba hasta amenazar la supervivencia de la empresa. Los que no se entregaban debían pagar sus deudas, que crecían a capricho del régimen. En otros casos, la operación era más cruda y directa: los dueños de los medios vendían en monedas contantes y sonantes, su línea editorial, sus primeras planas, sus informaciones, las mentiras, infamias y silencios que servían a la propaganda del régimen y a la satanización y desprestigio de sus críticos mediante campañas y diatribas que Montesinos concebía, administraba y ordenaba. Esta orquestación demagógica de la opinión pública, gracias a los grandes medios de comunicación, fue factor central en la popularidad de un régimen que vivía de y en la mentira.

Cuando los periodistas de Canal 2 -Frecuencia Latina- se rebelaron contra estos métodos y empezaron a decir la verdad, -ellos dieron a conocer los millones que ingresaba Montesinos en sus cuentas y algunas matanzas de los escuadrones de la muerte de la dictadura- el régimen privó de la nacionalidad peruana a su dueño, Baruch Ivcher, y entregó el canal a sus accionistas minoritarios (ahora presos), a los que tenía sobornados. Desde entonces, el Canal 2 fue también, como los otros, un vertedero de las inmundicias políticas del régimen.

Los dueños de los dos canales más poderosos del país -el 4 y el 5- fueron comprados con billetes de dólares, muchos millones.Y, naturalmente, filmados también por Montesinos, en vídeos donde aparecen, en escenas que dan náuseas, contando las pirámides de dólares, y, en medio de vulgaridades pestilentes, mendigándole al amo y señor del régimen de fuerza, más millones de los que recibían a cambio de su labor de turiferarios mediáticos. Esos personajes -los Crousillat en Miami y Schutz en Argentina- están ahora prófugos. Pero, aunque usted no lo crea, siguen siendo los amos y señores de esos canales que alquilaron a la dictadura para manipular a la opinión pública, desinformando y mintiendo, calumniando, defendiendo los fraudes electorales y las violaciones a la Constitución, y, naturalmente, cerrándose a piedra y lodo a los opositores, al extremo de que en las últimas elecciones fraudulentas, se negaron a pasar incluso los avisos pagados de los candidatos no fujimoristas. Para guardar las apariencias, los prófugos han traspasado sus acciones a testaferros de la familia.

Mi opinión es que dejar estos instrumentos en manos de quienes cometieron, valiéndose de ellos, el peor crimen que se puede cometer contra una sociedad -destruir el Estado de Derecho y amparar una dictadura-, constituiría un peligro mortal para la democracia que ahora comienza, rodeada de acechanzas, a levantar cabeza en el Perú después de una década abyecta. Sería igual que dejar en manos de sus dueños un laboratorio que obtuvo una licencia para producir medicinas y se dedicó a fabricar estupefacientes, o el fusil en manos de quien acaba de perpetrar un asesinato. El arma del delito de estos personajes prófugos fueron esas licencias que ellos vendieron a la dictadura y que, ahora, utilizan a través de intermediarios para una lenta labor de zapa de la democracia. En un acto de verdadera provocación ya no sólo a la democracia, sino a la simple decencia, uno de esos canales se apresta a reponer el programa 'informativo' de uno de los peores esbirros mediáticos de la dictadura, Nicolás Lúcar, de cuyos métodos puedo dar testimonio personal, pues, cuando el autogolpe, me preparó una emboscada en la que ingenuamente caí: me ofreció su programa para dar mi opinión sobre lo que ocurría en el Perú, y, a la hora de la entrevista, me cortaba el micro y, mientras yo movía la boca sin emitir sonido alguno, él vomitaba propaganda y consignas fujimoristas. Su regreso a la pantalla es todo un símbolo de la desvergüenza con que la mafia fujimontesinista ha emprendido su nueva batalla para frustrar la democratización del Perú.

Esas licencias deben serles retiradas, no mediante un acto de fuerza sino siguiendo rigurosamente los procedimientos que contempla la ley, para asegurar una libertad de expresión y de crítica que aquéllos ayudaron a conculcar y que ahora quisieran envilecer a fin de obstruir la transición democrática. Naturalmente, el proceso debe tener como meta la transferencia de esas licencias a otros empresarios privados, mediante una licitación transparente y bajo severa vigilancia internacional, de manera que ni el gobierno ni el Estado peruano puedan, ni directa ni indirectamente, beneficiarse con la transferencia, ni echar mano de esas empresas, porque si así ocurriera, el remedio resultaría tan nefasto como la enfermedad. Pero hay maneras sobradas de asegurar esa transferencia dentro de la sociedad civil, sin intervención del gobierno, con participación de organismos de probada independencia -asociaciones internacionales de comunicaciones y auditores internacionales de prestigio- para levantar la hipoteca que hoy día pesa sobre la difícil reconstrucción de la legalidad y la libertad en el Perú. Ésta jamás será una realidad mientras, como en el palacio de Gobierno antes de la desratización, las alimañas que la dictadura prohijó, sigan desde sus cuevas y escondrijos preparando nuevos liberticidios ¡en nombre de la libertad!

¿Cómo se explica que aquel canciller principista que en 1997 renunció al propio cargo por no aprobar el despojo de la nacionalidad de Baruch Ivcher, defienda hoy con tanto entusiasmo a este régimen abiertamente dictatorial? Recordemos el argumento principal de la campaña fujimorista para desprestigiar am.mx Luri Toledo en los días previos a la segunda vuelta: contradicción. Es curioso. Los voceros del partido de gobierno deberían leer el Nuevo Testamento: "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra". Especialmente el vocero estrella, el más reputado, el más socorrido, el sofista mayor. Es curioso, repito: si debiéramos cifrar en una sola palabra la historia personal del ex canciller, coincidiríamos con la contracampaña oficialista: contradicción. ¿Quién es realmente Francisco Tudela? Una caja de sorpresas. Y sólo una de ellas, quizá la más espeluznante por decir lo menos, es un filonazismo convicto y confeso. Tengamos cuidado: si son ciertos los rumores sobre el cáncer irremediable de Alberto Fujimori, este personaje misterioso podría ser el próximo presidente del Perú.

El Pequeño lord

Flemático, impecable, labia académica. Híbrido de virrey español y lord inglés, Tudela Van Breugel Douglas nunca fue un segundón. Su abuelo, el aristócrata Varela y Tudela, fue canciller del segundo gobierno de Prado: es el ejemplo de la familia, pero el nieto fue educado siempre para superarlo. Cuentan que Doña Josefina, la abuela, le decía siempre: "tú llegarás a ser lo que tu abuelo no pudo". Ahora está muy cerca; ya es el vicepresidente, y Fujimori, según algunos autorizados, tal vez no termine su tercer período.

La iniciación

Estudió en el Colegio Maristas de San Isidro, en la época en que apareció el grupo " Falangista Escalones " Juveniles Nacionalistas", fundado por Luis Figari. Precisamente, junto con éste fundó luego Tudela una sucursal de la secta católica de extrema derecha: "Tradición, Familia y Propiedad".

Una tesis controversial

Para acceder al doctorado, Tudela escribió una tesis sobre la necesidad de la insurgencia popular m.mx Luricontra los regímenes tiranos. Cualquiera puede revisarla; pregunten al bibliotecario de la Central por el código TD 10767 y el título "Legitimidad e insurgencia; un ensayo sobre los fundamentos morales del ejercicio del poder"; fue asesorado por el actual canciller Fernando de Trazegnies. Estas son algunas de las ideas capitales:

¿Éste es el mismo Tudela que condenó a Toledo por organizar marchas pacíficas? ¿Es el mismo que se declaró partidario de la Ley de Amnistía? ¿El mismo que aprobó la rereelección? ¿El mismo Tudela que defiende a capa y espada los excesos del dictador?
Sin embargo, no se trata de pura inconsecuencia. Hay que decir que, por aquellos años, Francisco Tudela no se avergonzaba de proclamar en charlas de café sus profundas simpatías ideológicas, por ejemplo, con el tirano español Franco.

Tradición, Familia y Propiedad

Este culto de origen brasileño tiene adeptos en toda Latinoamérica. Como ya fue dicho, Tudela y Figari fundaron la sucursal peruana. En Europa también existe, pero funciona bajo otros nombres: "Sociedad Cultural Covadonga" en España, "Alleanza Cattolica" en Italia, "Lecture et Tradition" en Francia, etc. El propósito de la secta, nos dicen, es "denunciar los valores ateos que niegan a Jesucristo y defender a la familia". Se confiesan católicos pero lo cierto es que la iglesia los ha condenado más de una vez. En Venezuela, por ejemplo, la Cancillería y el Ministerio de Justicia ordenaron su disolución y prohibieron a sus líderes abandonar el país porque se comprobaron numerosas denuncias por "atentar contra la vida familiar y lavarle el cerebro a sus miembros"; el presbítero Amador Merino Gómez señaló que la TFP "incurre en desviaciones y manipulaciones de la doctrina de la Iglesia y el culto".

En otros países, además, mantiene contacto con partidos y facciones de extrema derecha neonazi europeas (entre ellas, la peligrosa "Fundación Familia Española"). Es decir, por lo menos, TFP es una secta de cuño fascista.

La TFP en la Católica

Alrededor de 1973, aparece en la P.U.C. y Cayetano el grupo de derecha radical "Dios y Patria". En el 74, varias facciones de este movimiento se independizan y toman otros nombres: la política "Condederacióm.mx Lurin de Juventudes", y "Sodalitium Vitae", de índole religiosa. Luis Figari pertenecía a ésta última.

Tudela, por supuesto, como co-fundador, defendería públicamente en las aulas de la Católica los cuestionables principios de la TFP. Alguna vez, cuentan algunos ilustres ex alumnos, Tudela y un grupo de amigos de la secta desfilaron por el tontódromo con camisas negras y portando estandartes con la esvástica nazi. Ese mismo grupo llegó a publicar un panfleto llamado "Temple", apólogo fervoroso de ideologías fascistas.
Por si acaso, y por desgracia, no es el único nazi en las filas de Perú 2000. Según el politólogo Julio Cotler, Fernán Altuve, otro vocero oficial y congresista electo –lógicamente, también es miembro de la TFP-, se declaró siempre admirador de Hitler y Mussolini.

El déspota ilustrado

Simpatizante de Pinochet y a favor de los británicos cuando la guerra de las Malvinas, ha dicho de él su primo -Alejandro Tudela Chopitea- que es el "auténtico representante del despotismo ilustrado". Fujimori ya es un déspota; el vicepresidente añade, entonces, el ingrediente ilustrado. Tudela cree que el Perú –cuenta el primo- no posee las condiciones que permitan el desarrollo de un estado democrático, y que es necesaria la intervención del autoritarismo. Nos preguntamos de inmediato: ¿por qué sostiene exactamente lo contrario en la tesis de doctorado?

Tudela y los militares

Apenas terminó derecho en la Católica, Francisco Tudela partió para la Universidad de Navarra, en España, regentada por el Opus Dei. No llegó a terminar; decidió entonces viajar a los Estados Unidos. Aquí obtiene el grado de Master en Derecho Internacional y Público, y Regulación de Mercados Financieros. A fines de los 80 regresm.mx Luria al Perú para dictar cursos en la P.U.C. Y en el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI). En éste último promovió cursos especiales para militares: especialmente marinos. Desde aquellos años mantiene cercanas relaciones con algunos altos mandos de las FF. AA. De alguna forma, esto puede explicar el apoyo a la controvertida Ley de Amnistía de 1993. Y esa posición, del todo criticable, terminó por alejarlo de la Comisión Andina de Juristas, del IDEI y de la propia P.U.C.

Fobia anticomunista

Como embajador del Perú en la ONU, Tudela defendió los exabruptos jurídicos del régimen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es conocido aquel tamaño improptu en plena asamblea, cuando tildó de "Segunda Internacional Socialista" a la Comunidad Europea. No sorprende, pues, que también sostenga esa teoría absurda sobre una conspiración internacional patrocinada por los EE. UU. para desprestigiar al gobierno de Fujimori.

El próximo presidente

Recordemos que Francisco Tudela fue voceado no hace mucho como candidato presidencial por Renovación; y se le prometió entonces el respaldo total del Opus Dei (de sopetón, hay que decir que su esposa es una miembro muy activa). Pero el ex canciller no aceptó. ¿Acaso ya tenía una mejor oferta?

En la presentación de "La Fiesta del Chivo" en la Universidad de Lima, Mario Vargas llosa, intentando explicar el servilismo del actual vicepresidente, contó que un amigo común a ambos le repitió alguna vez el argumento incontestable de Fujimori: "tú te vas a quedar con la presidencia, yo me voy a morir, estoy muy grave". Es un secreto a voces que aquel tumor en la lengua que le diagnosticaron hace un par de años no era benigno como dijo la prensa y ha llegado a comprometer toda la garganta.

Se siente, se siente...

La más reciente apología hecha en torno al régimen fujimorista expresa escuetamente la siguiente conclusión sobre ese período: "El Perú entre 1991 y 1997 logró un progreso significativo en la estabilización de su economía y en la implementación de reformas estructurales que ayudaron alcrecimiento de la economía, sin embargo posteriormente ese desempeño se deterioró en un contexto de choque externos adversos, entre los cuales estuvieron el Fenómeno del Niño, el deterioro de los términos de intercambio como consecuencia de la Crisis Asiática y la reducción de liquidez a causa de la turbulencia financiera. Notablemente, la economía también fue afectada por problemas políticos internos que llevaron a la destitución del presidente, la designación de un gobierno transitorio por el Congreso hacia finales del año 2000 y por las nuevas elecciones realizadas en la primera mitad del 2001".

Como autores de este libelo figuran a pie de página los nombres del que fuera presidente ejecutivo de una de las empresas privatizadas de los años 90, beneficiaria de un régimen tributario excepcional que le permite permanecer siete años sin pagar impuestos, y el que fuera interventor a cuenta del Estado de uno de los bancos quebrados que la dictadura decidió "salvar" con dineros públicos para evitar las consecuencias penales que hubieran derivado sobre sus propietarios distinguidos amigos del poder de la época. Estos dos señores son actualmente ministro de economía y presidente del banco central del gobierno de Toledo y el documento del cual hemos extraído la cita es el borrador la carta de intención con el FMI para el 2002, que por metodología de trabajo debe contener sus firmas y asentimiento, aunque se sepa que la redacción está normalmente a cargo de funcionarios que hacían cartas parecidas durante la década anterior.

Progreso significativo, estabilidad, reformas estructurales y crecimiento son las cosas que pasaron en el Perú en la era Fujimori-Montesinos, lo que se vio afectado por factores externos y problemas políticos que incluyeron la destitución del presidente, la designación de un gobierno transitorio y nuevas elecciones. Esta es la tesis FMI, Kuczynski, Webb. Ninguna referencia a la caída vertical del empleo y del ingreso promedio de los peruanos (efectos colaterales, que les dice); ninguna mención a los indicadores de pobreza en contraste a la inmensa cantidad de recursos orientados a "política social"; ningún detalle sobre los excedentes financieros de la privatización que el FMI ordenó no gastar y que se los tiraron en sus narices. Ni que hablar de una evaluación honesta de las llamadas reformas estructurales que están dejando un país estructuralmente sujeto a decisiones de inversores externos, sin industria y agricultura, consumidor de servicios caros y mercadería extranjera.

Todo este daño no vino por supuesto del Asia ni del Fenómeno del Niño. Otra cosa es que la política económica nos hiciese mucho más difícil defendernos de las turbulencias del mercado y las contingencias de la naturaleza. Curiosamente cuando el mundo empezaba a repensar los dogmas neoliberales, como reacción elemental a la crisis, en el Perú sufríamos una y otra recaída en lo mismo: regreso de Boloña, ingreso de Silva Ruete, nombramiento de Kuczynski y anuncio de que durará hasta el 2006, etc. Pero tómese nota que el progreso fujimorista se vio notablemente interferido también por "problemas políticos".

¿Qué tal si no se cuestionaba a la dictadura, se dejaba en su lugar a Fujimori, Paniagua quedaba de congresista y Toledo se preparaba para los siguientes cinco años?. De repente no estaríamos tan mal como nos va actualmente. Por lo menos es lo que se deduce del documento. Y que el FMI piense de esa manera a nadie debería sorprenderlo. Por años, el régimen de Fujimori fue su modelo de pagar deuda, privatizar todo y mantener abierta la economía contra viento y marea. Por años monitorearon cada uno de sus pasos y los gobernantes no se escandalizaron de la interferencia. Por años cerraron los ojos a la corrupción como un asunto de menor importancia. Entonces, en este caso, los discípulos de Camdessus están hablando de sí mismo.

El problema son los funcionarios del toledismo que dice estar peleando contra una terrible mafia que fue la misma que condujo al Perú al supuesto "progreso significativo" de que habla la carta de intención. ¿Dónde está la coherencia?.

Por María Elena Hidalgo
Unidad de Investigación

La comisión del Congreso de la República que investiga la matanza del penal Miguel Castro Castro ocurrida el miércoles 6 de mayo de 1992 ha encontrado evidencias claras de que el ex presidente de la República Alberto Fujimori habría tenido responsabilidad penal directa en ese evento que dejó un saldo de cuarenta internos muertos, todos ellos pertenecientes a Sendero Luminoso.

Tres decretos refrendados de puño y letra por el ex mandatario en los días previos prepararon por extraña coincidencia las condiciones que desembocaron en la intervención combinada de fuerzas de la policía y del ejército sobre ese penal.

El operativo fue bautizado oficialmente con el nombre de "Operación Mudanza I" y tuvo una duración de tres días.
El objetivo declarado fue trasladar a las mujeres de Sendero Luminoso que ocupaban el pabellón I-A de Castro Castro hasta las celdas especiales de la Cárcel Santa Mónica en Chorrillos.

La investigación efectuada por la comisión presidida por el congresista Mauricio Mulder Bedoya, de la bancada del Partido Aprista, ha encontrado indicios que llevarían a la conclusión de que el traslado de presos no fue más que una medida calculada, cuyos reales propósitos habrían sido de conocimiento del ex presidente de la República.

Abona a favor de esta hipótesis el hecho de que fueron tres dispositivos firmados por Alberto Fujimori los que definieron la orden de intervención del penal Miguel Castro Castro.

Primero: dictó dos decretos leyes (números 25421 y 25475) y luego un decreto supremo (número 007-92). En ambos se establecieron las reglas para el traslado de los internos acusados de terrorismo. El primer Decreto Ley (25421) fue publicado el 8 de abril de 1992. En él se declara en reorganización al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y se dispone que el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, "asuma, a nivel nacional, el control de la seguridad interna y externa de los Establecimientos Penitenciarios y Dependencias Conexas, así como la administración de los mismos". Hasta ese momento, las responsabilidades competían únicamente al Ministerio de Justicia.

Otro hecho que la Comisión Mulder va tomando en cuenta para determinar la responsabilidad del ex mandatario Alberto Fujimori son las reiteradas negativas del gobierno de entonces para que el representante de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, Luis Jiménez, y el Presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor José Dammert Bellido, actuaran como mediadores con los subversivos.

Las declaraciones a la prensa vertidas por Luis Jiménez son categóricas. "Teníamos información -manifestó- de que eso (la mediación) era posible y de que los detenidos tenían la intención de acceder a su traslado, pero lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, no fuimos oídos". Inclusive, se llegó a enviar un documento a Cancillería, pero nunca se obtuvo una respuesta ni explicación, recordó Jiménez.

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en esa fecha, Pilar Coll, también fue impedida de ingresar al penal. Durante tres días consecutivos Pilar Coll solicitó entrevistarse con el entonces ministro del Interior, general Juan Briones Dávila, para coordinar una tregua que permitiera disuadir a los senderistas y lograr su entrega pacífica. Pero, el general no la atendió.

Frente a la denuncia de los familiares de las víctimas, poniendo al descubierto el verdadero fin de la intervención, el primer ministro Oscar de la Puente Raygada negó en forma tajante tal posibilidad. Por el contrario, declaró que los efectivos del orden ingresaron al penal sin portar armas y recalcó que había recibido orden expresa de no responder a los ataques de las internas.

La comisión Mulder solicitó a los ministerios del Interior y de Defensa la documentación que sobre el tema tuvieran en su poder. Los ministerios dijeron en esa oportunidad no haber encontrado documentación referente al caso por lo que presumen que esta haya sido desaparecida durante el fujimorismo. El parte policial que obra en manos de la comisión congresal no da mayores detalles sobre el tema, ni siquiera precisa los nombres de los que efectuaron el operativo. Fuentes vinculadas a la investigación informaron que la Comisión Mulder citará en los próximos días al entonces ministro del Interior general (r) Juan Briones Dávila y a los sobrevivientes de la extrajudicial ejecución, a fin de esclarecer plenamente los hechos y responsabilidades.

Los hechos

La matanza de cuarenta internos en el Penal Castro Castro, todos ellos considerados miembros de la organización subversiva Sendero Luminoso, se produjo la madrugada del miércoles 6 de mayo de 1992. Fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional irrumpieron en forma cruenta en dicho establecimiento penal para una aparente operación de traslado de internos. En medio de la penumbra, los efectivos del orden fueron colocando cargas explosivas en los techos y lograron abrir forados hasta que tomaron el pabellón donde estaban recluidos los sentenciados por terrorismo. Deslizándose por los techos y valiéndose de los boquetes abiertos, los policías dispararon ráfagas de metralletas y arrojaron bombas lacrimógenas y paralizantes hacia el interior de los pabellones. La mayoría de reclusas lograron escapar mediante túneles subterráneos al pabellón adyacente 4-B, ocupado por presos senderistas. Una vez atrincherados en el 4-B, los subversivos usaron armas caseras, tales como "bombas molotov" y los llamados "quesos rusos". Inclusive llegaron a lanzar depósitos que contenían ácido muriático contra las fuerzas del orden. Días antes, el ácido muriático había sido proporcionado negligentemente a los subversivos del penal Castro Castro por funcionarios del Ministerio de Salud. Los internos no vacilaron en utilizar esta sustancia química como arma letal contra los miembros del Ejército y la Policía Nacional. Sólo en el primer día de la intervención, se registraron nueve muertes entre los internos alineados con Sendero Luminoso.

Después de tres días de confrontación violenta, la resistencia subversiva dentro del penal fue derrotada, dejando un saldo de cuarenta internos muertos.
Entre los fallecidos fueron identificados importantes líderes del Comité Central de Sendero Luminoso, entre éstos, el jefe del Comando de Aniquilamiento del grupo terrorista, Tito Valle Travesaño. También fueron ultimados conocidos comandos regionales de la organización terrorista que cumplían condena en ese penal. Alberto Fujimori en conferencia de prensa trató de explicar las circunstancias en que murieron los senderistas. Refirió que algunos subversivos al verse perdidos decidieron rendirse, pero al ser advertida esta actitud por los cabecillas de su grupo, éstos ordenaron que fueran liquidados. Fueron catalogados como traidores y acribillados con armas de fuego, manifestó el ex mandatario. Pero, esa explicación resulta hoy día insuficiente al lado de las nuevas evidencias obtenidas por la comisión investigadora del Congreso que muestran una responsabilidad más directa del ex presidente en este suceso.

¿Intervino el Grupo Colina?

Denuncias periodísticas basadas en versiones de fuentes de inteligencia no descartaron la posibilidad de que este operativo combinado de intervención en el penal Miguel Castro Castro haya contado con la participación del grupo Colina, comandado por el mayor Santiago Martin Rivas. La probabilidad se sustenta en testimonios que obrarían en manos de los organismos anticorrupción que investigan violaciones a los derechos humanos y en la coincidencia de tiempos.

Si tratta di un'azione sul governo giapponese per chiedere l'estradizione di Fujimori. Non capita a caso. Ricordiamo i fatti degli ultimi tempi, l'estradizione chiesta dal governo peruviano, il mandato di cattura internazionale, etc. Inoltre, poco tempo fa e' avvenuta la visita di una delegazione composta da un legale dell'ONG APRODEH, che come sapete e' una delle organizzazioni che si occupano della difesa dei diritti umani in Peru' e da una delle vittime del massacro di Barrios Altos, per prendere parte ad alcuni incontri organizzati dalla sezione giapponese di AI, per portare all'attenzione dell'opinione pubblica le violazioni dei diritti umani commesse durante i 10 anni del governo di Fujimori. Gli incontri si sono svolti fino al 10 Novembre.

Il segretariato internazionale di Anmnesty ha chiesto di intensificare, per quanto possibile, gli sforzi a sostegno del lavoro di informazione e pressione che stanno svolgendo la sezione giapponese e i due delegati del Peru'.

Vorremmo portare la sua attenzione sulla vasta e sistematica violazione dei Diritti Umani che avvenne durante i 10 anni in cui Alberto Fujimori fu presidente del Peru'. Amnesty International ritiene che le violazioni dei diritti umani commesse sotto la presidenza di Alberto Fujimori costituiscono crimini contro l'umanità.

Secondo le leggi internazionali, tutti gli stati, incluso il Giappone, hanno l'obbligo di esercitare la giurisdizione universale per perseguire e punire i crimini contro l'umanità e cooperare nella detenzione, arresto, estradizione e punizione delle persone implicate in questi crimini.

Per la legge internazionale, se Fujimori non sarà consegnato al Peru', il Giappone sarà costretto ad intraprendere un'indagine rapida, profonda ed indipendente s tali crimini. Se tale indagine mostrasse una sufficiente evidenza, ALberto Fujimori dovrebbe essere portato a giudizio, senza riguardo della sua nazionalità e del luogo dove i crimini sono stati commessi. Molte delle violazioni dei diritti umani avvenute durante i 10 anni di governo di Fujimori sono casi di tortura e maltrattamenti e, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura, ogni stato sottoscrittore, incluso il Giappone cha ha ratificato la Convenzione nel Luglio 1999, ha l'obbligo di estradare chiunque, nella sua giurisdizione, è accusato di avere commesso torture oppure "sottoporre il caso alle autorità competenti per l'incriminazione".

Invitiamo le autorità giapponesi a dimostare alla comunità internazionale che sono in prima fila nella protezione e promozione dei diritti umani, adempiendo ai propri obblighi derivanti alla legge internazionale. Facendo così il Giappone romperà il circolo di impunità che nega i valori di verità e giustizia e porta ad ulteriori violazioni dei diritti umani.

Prime Minister Mr. Koizumi Junichiro
Prime Minister's Office
2-3-1 Nagata-cho
Chiyoda-k
Tokyo 100-0014
Japan
Minister of Justice
Ms. Moriyama Mayumi
Ministry of Justice
1-1-1 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8977
Japan
Minister of Foreign Affairs
Ms. Tanaka Mikiko
Ministry of Foreign Affairs
2-2-1 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8919
Japan

Your excellency,

we are a group of members and sympathisers of Amnesty International, the non-governmental organisation whose primary concern is, as You certainly know, the defence of human rights all over the world.

We would like to draw Your attention to the widespread and systematic human rights violations which took place during the 10 years Alberto Fujimori was the president of Peru. The attached Amnesty International's document "Peru/Japan – Alberto Fujimori – ex-president of Peru must be brought to justice, AMR 46/017/01, October 2001" illustrates this point.

Amnesty International believes that human rights violations committed under the presidency of Alberto Fujimori constitute crimes against humanity.

According to international law, all states, including Japan, are under an obligation to exercise universal jurisdiction to prosecute and punish crimes against humanity and to cooperate in the detection, arrest, extradition and punishment of persons implicated in these crimes.

Under international law, if Alberto Fujimori is not returned to Peru, Japan is obliged to carry out a prompt, thorough and independent investigation into the allegations of crimes. If such investigation shows there is sufficient admissible evidence, Alberto Fujimori should be brought to trial, regardless of his nationality and of where the crimes were committed.

Many of the human rights violations which occurred during Alberto Fujimori’s ten years in office are cases of torture and ill-treatment and, according to the UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, every state which is a party, including Japan which ratified the Convention in July 1999, has an obligation to extradite anyone found in its jurisdiction alleged to have committed torture or to "submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution".

We urge the Japanese authorities to show the international community that they are at the forefront of human rights protection and promotion by fulfilling their obligations under international law; doing so Japan will help break the cycle of impunity which negates the values of truth and justice and leads to further human rights violations.

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Il conferimento dei dati personali richiesti sara' considerato da Amnesty International quale consenso al trattamento dei dati stessi come descritto in precedenza.

L'aiasp (associazione internazionale di amicizia e solidarietà con i popoli) nel 1999 aveva già inviato oltre ventimila firme in collaborazione con la rivista "Avvenimenti" contro la detenzione politica in Perù. Michele Capuano nell'occasione in un iniziativa davanti l'ambasciata peruviana è stato "incriminato" per vilipendio a Capo di Stato estero avendo accusato Fujimori di assassinio continuato nei confronti del popolo: sono seguite diverse interrogazioni parlamentari sulla questione attraverso il parlametare Paolo Cento mentre si èattivato il Parlamento Europeo su iniziativa dell'europarlamentare Luigi Vinci e il GUE/NGL. Ora bisogna fare il possibile perchè chi si è macchiato di crimini veri contro l'umanità sia giudicato...

Alberto Fujimori was president of the Republic of Peru between 1990 and 2000. During his two terms in office, grave human rights violations were committed by Peru's security forces. During Alberto Fujimori's ten year administration Amnesty International documented hundreds of cases of human rights violations which included extrajudicial executions, forced disappearances, torture and ill-treatment, death threats and harassment, arbitrary detention and unfair trials.

When Alberto Fujimori took over the presidency, the Shining Path, Peru's largest armed opposition group, had already been operating since 1980 and the Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, Túpac Amaru Revolutionary Movement, since 1984. At the time he became president emergency zones under military control formed the core of the government's counter-insurgency strategy. In the ten years prior to Alberto Fujimori becoming president the term ''subversive'' increasingly came to be applied to all inhabitants of areas where the armed opposition had a strong presence or some degree of control. The presumption that entire communities would be considered collectively responsible for Shining Path actions was invoked in justification of what amounted to a policy of widespread and systematic extrajudicial executions and ''disappearance''.

During the first two years of Alberto Fujimori's presidency, the number of extrajudicial executions and ''disappearances'' remained high. In 1991 Amnesty International documented the cases of 306 people who ''disappeared'' after having been detained by the security forces. Of these, 23 were subsequently found dead and 40 were eventually released or transferred to the custody of the police, the rest remain unaccounted for. In 1992 the organization documented the cases of 178 people who ''disappeared'' after detention by the security forces. Of these, 139 remain unaccounted for, 22 were found dead and 16 had their detention acknowledged or were released. In addition Amnesty International documented over 65 extrajudicial executions. For example, between August and October of that year at least 19 university students in the city of Huancayo, Junin department, were found dead in circumstances suggesting they had been extrajudicially executed. A further seven students were reported to have ''disappeared'' during this period. All had been detained by the security forces in or near the city.

In 1992 Alberto Fujimori's administration implemented a new counter-insurgency strategy that differed from those of previous governments. In particular the government developed and increased the use of civil patrols organized by the armed forces in areas where the armed opposition operated, and strengthened the intelligence services as well as enacting new wide-ranging ''anti-terrorism'' legislation.

In April 1992 President Alberto Fujimori announced the closure of Congress, the suspension of constitutional rule and the establishment of an emergency government. The country was ruled by decree law until December of that year. Between May and November 1992 Alberto Fujimori and his Council of Ministers, Consejo de Ministros, issued a new set of ''anti-terrorism'' decrees as part of the emergency government's new counter-insurgency measures. The wide-ranging decree laws widened the definition of ''terrorism''-related crimes, granted the police virtually unlimited pre-trial powers, accelerated trial procedures and significantly lengthened the terms of imprisonment for those convicted.

Following the implementation of the new counter insurgency measures in 1992, Amnesty International received fewer reports of victims having ''disappeared'' or been killed after being detained by the security forces. However, other grave human rights violations began to be carried out from 1992 onwards. Hundreds of people were falsely charged with terrorism related offences and sentenced to up to life imprisonment under an anti-''terrorism'' legislation that fell short of international human rights standards. Between 1992 and 1997 thousands more were denied a fair trial under legislation which provided that trials were to be held in secret. In addition, those charged with the ''terrorism''-related crime of treason were tried in military courts which are neither independent nor impartial.

In addition, throughout the ten years that Alberto Fujimori was in power, torture and ill-treatment by the Peruvian security forces was widespread. Since May 1992 the vast majority of complaints laid before the authorities about torture and ill-treatment were linked to prisoners detained under the ''anti-terrorism'' laws passed in 1992. This legislation facilitated the torture and ill-treatment of detainees. For example, for an initial period of 17 months, the right to habeas corpus was suspended.(1) Furthermore, the legislation granted extensive powers to the police during the investigative stage in cases of alleged ''terrorism''. For example, between 1992 and 1995, the police had the right to hold the detainee in total incommunicado detention for up to 10 days ''when the circumstances require it and the complexity of the investigations demand it'' . The police were also granted powers to detain a suspect for a period of 15 days which could be extended indefinitely if the person was suspected of having committed the ''terrorism''-related crime of treason.

Since 1992 Amnesty International documented hundreds of cases of prisoners charged with ''terrorism''-related offences who had been tortured and ill-treated. María Elena Loayza Tamayo, a 38 -year-old mother of two and lecturer at the San Martín de Porres University in Lima, the capital, was detained by the anti-terrorism branch of the police on 6 February 1993 on suspicion of having links with Shining Path. Her lawyer was not able to see her until 15 February, almost 10 days after her detention. In a letter to Amnesty International written in July 1995 in the Chorrillos High Security Prison for Women, María Elena Loayza recounts how she was raped while in police custody:

''... At midnight [on 7 February] I was taken bound and blindfolded out of the DINCOTE [anti-terrorism branch of the police] headquarters, I didn't know where they were taking me until we got to the beach. There were several of us. The men from the DINCOTE got me out of the car, stripped me and took me away forcefully. We walked for quite a stretch... they pushed my face down and violently raped me, bending back my legs and arms, I fainted.... They asked me a lot of questions, but as I didn't know about any of the names or things they were talking about, they kept submerging me in the water... [and] took me back to the sand and raped me again...''

That same night other men and women who were suspected of terrorism-related offences were taken blindfold to the beach and tortured by the DINCOTE. Pedro Telmo Vega Valle was among them. In his testimony he describes how he was tortured: ''First they forced me to undress completely... Once naked they made me lie on a blanket which the policemen had brought with them. I was forced to lie face down, then two of the policemen stood on my legs and a third sat on my buttocks... they bent my arms back on three occasions for about 20 minutes or more, later... they lifted me up and submerged me in the sea, they had me under the water for a long time... I could feel the water getting into me through my ears.''

Amnesty International received hundreds of cases of persons who had been detained on suspicion of ''terrorism''-related offences between 1990 and 2000, the majority of them had been tortured during interrogation. Throughout the years that Alberto Fujimori was in power these grave allegations of gross human rights violations were rarely ever investigated and the perpetrators were only exceptionally brought to justice. In fact, the government during this period ensured that impunity was not only institutionalised but legalised. On 14 June 1995 the Peruvian Congress passed an amnesty law which granted a general amnesty to all those members of the security forces and civilians who were the subject of a complaint investigation, indictment, trial or conviction, or who were serving prison sentences for human rights violations committed between May 1980 and 15 June 1995.

The effect of the amnesty law was that thousands of victims of gross human rights violations and their relatives are unlikely ever to know the full truth about their loved ones. The effective investigation of human rights abuses is essential if the full truth is to emerge and the perpetrators are to be brought to justice. Victims, their relatives and the society at large all have a vital interest in knowing the truth about unresolved human rights violations. In addition, bringing the perpetrators to justice sends a clear message that violations of human rights will not be tolerated and that those who commit such acts will be held fully accountable. However, the government was determined to ensure that the amnesty law remained in effect. On the day the law came into effect, the judge in charge of investigating the 1991 Barrios Altos massacre, in which 15 people were killed, ruled that the amnesty law was inapplicable to this case. But on 28 June 1995, before her ruling reached the High Court for ratification or veto, Congress passed yet another law which reinforced the first amnesty law. This second law prohibited the judiciary's ruling on the legality or applicability of the amnesty law. Thus Congress effectively blocked the examining judges's ruling. The Inter-American Court of Human Rights ruled in March 2001 that the amnesty laws contravene the American Convention of Human Rights and are legally ineffective (''carecen de efectos jurídicos'').

In November 2000, only four months after Alberto Fujimori had been sworn in for a third term in office amid allegations of electoral fraud, he was declared ''morally unfit'' to govern by Congress after he resigned the presidency while visiting Japan. In September 2000 it had been widely reported that his adviser on intelligence matters, Vladimiro Montesinos, had bribed opposition members of Congress, and that the armed forces were involved in selling arms to the Colombian armed opposition.

Vladimiro Montesinos, also fled the country but was arrested in June of this year in Venezuela and returned to Peru where he faces charges including human rights violations, corruption and money laundering. Members of Peru's armed forces during Alberto Fujimori's regime as well as members of his cabinet are also awaiting trial on similar charges. However, Alberto Fujimori, the head of state during that whole decade, has yet to be brought before a court.

On 5 September 2001 the Peruvian Attorney General formally charged Alberto Fujimori before the Supreme Court of Justice on charges of the murder of 15 people in 1991 at Barrios Altos in the capital Lima and on charges of the forced disappearance and murder of nine students and a professor of La Cantuta University also in Lima in 1992. On 14 September 2001 a Vocal Supremo Instructor, judge of the Supreme Court of Justice, ordered the detention of Alberto Fujimori. The judge argued that there is strong evidence to suggest that Alberto Fujimori had full knowledge of the existence of the Grupo Colina, the death squad attached to Peru's Intelligence Service which is allegedly responsible for these crimes and instructed that the national police as well as INTERPOL should be informed of the detention order. According to reports INTERPOL has already been notified.

Amnesty International considers that the widespread and systematic nature of the human rights violations which were committed under the government of Alberto Fujimori between 1990 and 2000 constitute crimes against humanity under international law. Crimes against humanity recognized by international law include the systematic or widespread practice of murder, torture and forced disappearances. All states, including Japan, are under an obligation to exercise universal jurisdiction to prosecute and punish crimes against humanity and to cooperate in the detection, arrest, extradition and punishment of persons implicated in these crimes.

If Alberto Fujimori is not returned to Peru, Japan is obliged to carry out a prompt, thorough and independent investigation into the allegations of crimes under international law. If the investigation shows there is sufficient admissible evidence, Alberto Fujimori should be brought to trial, regardless of his nationality and of where the crimes were committed. Amnesty International urges Japan to open a judicial investigation into Alberto Fujimori's responsibility if he is not returned to Peru, for crimes against humanity committed in Peru between 1990 and 2000.

Moreover, many of the human rights violations which occurred during Alberto Fujimori's ten years in office are cases of torture and ill-treatment. Every state which is a party to the UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, including Japan(2), has an obligation under Article 7(1) of that treaty, to extradite anyone found in its jurisdiction alleged to have committed torture or to ''submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution''. Failure to fulfil this obligation would be a violation of international law.

Amnesty International expects the government of Japan to show the international community that they are at the forefront of human rights protection and promotion. In doing so Japan will help break the cycle of impunity which negates the values of truth and justice and leads to further human rights violations.

KEYWORDS: FORMER GOVERNMENTS1 / IMPUNITY1 / CRIMES AGAINST HUMANITY1 / EMERGENCY LEGISLATION / LEGISLATION / AMNESTIES FOR VIOLATORS / EXTRAJUDICIAL EXECUTION / DISAPPEARANCES / TORTURE/ILL-TREATMENT / SEXUAL ASSAULT / UNIVERSAL JURISDICTION / JAPAN

(1)Habeas corpus is a powerful remedy in cases of unlawful detention. It is one of the most important instruments by which the actions of the security forces may be judicially controlled.
(2) Japan ratified the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in July 1999.

Vladimiro Montesinos no tuvo reparos en entrar en detalles ante el grupo parlamentario que presidía el congresista Daniel Estrada que lo interrogó. El ex asesor reveló las actividades mafiosas del entorno de origen japonés que rodeó a Fujimori.

D. Estrada.- Algo muy importante que es colateral a nuestra investigación es si fue usted la persona que orientó al ingeniero Fujimori a tener garantía para que los dineros que él percibía en forma ilícita fueran depositados en cuentas poco probables de descubrir.

V. Montesinos.- El señor Fujimori tenía un núcleo íntimo formado por el señor embajador Aritomi, sus hermanos, el señor Tsuboyama, o sea gente de origen japonés, quienes veían otras áreas. Por ejemplo, el que era ministro de Energía y Minas, el señor Hokama, todo el tema de lo que era privatizaciones, lo que era Ministerio de la Presidencia lo manejaba él directamente. El tenía un procedimiento que le pude detectar. Por ejemplo, venía el embajador Aritomi, y un día pasó un hecho, me llama el presidente a Palacio, me dice: véngase urgente. Y yo llego como a las 11 de la noche a Palacio. Y el edecán me dice: el presidente dice que suba usted a la residencia. Ingreso y estaba con la señora Rosa Fujimori y el señor Aritomi. Recién me había enterado que habían llegado de Japón. El presidente le dice a la señora Rosa: cuéntale el problema. Entonces, yo: ¿qué problema hay? Me dice: estamos en una dificultad.

¿Qué ha pasado, señora Rosa? En Japón, la policía japonesa ha intervenido una especie de CLAE, que era una entidad privada captadora de fondos, y han hecho una investigación y entre los papeles que han encontrado hay movimiento de dinero de mi esposo, el señor Aritomi, y míos; entonces, nos han informado de que están haciendo la investigación, porque eso es ilegal allá y quieren saber cómo es que han llegado esos fondos de Perú para allá, ¿y cómo vamos a justificarlo? Entonces, me dice: no podemos hacer aparecer como que se ha llevado esto vía bancos, porque aparece que ha sido en efectivo.

¿Y de qué orden es eso?, le pregunto yo. Y me dice: es más o menos del orden de un millón 200, un millón 300; ¿cómo podemos solucionar?

En ese momento yo me puse a pensar y digo: ¿ahora qué hacemos? Bueno, tenemos que ver alguna forma de que alguien le haya proporcionado ese dinero, le digo. Yo me acordaba que ellos tienen una casa en la calle Pinerolo, donde la señora Rosa con el señor Aritomi tenían la mitad del inmueble, y la otra mitad la tenía el señor Fujimori con la señora Susana Higuchi. Entonces, le dije: ¿por qué no hacemos una simulación de venta a una persona que aparezca comprando y hacemos un documento legalizado por la época, coincidiendo con las fechas de los viajes y de los movimientos migratorios que han venido usted y el señor embajador al Perú, para acreditar que ustedes han ido sacando y llevando, transportando ese dinero?

Y la persona que posibilitó eso fue el señor (Antonio) Páucar (presidente de la Telefónica en ese momento), que era compañero de colegio del señor Fujimori, dueño del local donde funcionaba Apenkai, que era el manejo de toda la ropa usada...

V. Montesinos.- Sí, sí, que dicho sea de...

L. Heysen.- ¿Páucar Carbajal?

V. Montesinos.- Que dicho sea de paso, con él manejé todo lo de la interceptación de teléfonos en la primera fase, cuando él estaba en Telefónica y después estuvo en el Ministerio de Transportes, y Telefónica era del Estado; él me posibilitaba a mí y a los institutos de la Fuerza Armada y de la Policía todo el chuponeo a nivel nacional.

Y después cuando eso pasa a manos de los españoles, con el señor Ramón Vela, que es el representante de la Telefónica acá, y con él va a las instalaciones del Servicio de Inteligencia y con él hicimos todo el manejo de las operaciones para continuar el chuponeo telefónico.

D. Estrada.- ¿Páucar, Vela y usted?

V. Montesinos.- No, no, primero con Páucar, antes de la privatización. Cuando se privatiza, el señor Vela viene y Páucar es contratado como asesor de Telefónica, pero es de la empresa española, ahí sigo con Páucar; llega un momento que Páucar sale del escenario y entro yo en contacto con José Ramón Vela, quien me posibilita para que el coronel Huamán infiltrara los elementos en las centrales para el manejo a nivel de Lima y de provincias el tema de interceptación de líneas fijas, no de celulares, porque el equipamiento de celulares es otro equipamiento diferente.

Entonces, este fue un primer indicativo para mí desde el punto de vista de Inteligencia de que había un despliegue de dinero en una forma de hormiga porque, por ejemplo, le digo, venían a cada rato, el señor Fujimori traía muchos japoneses que invitaba, venía mucha gente de Japón para hacer turismo en el Perú y después regresaban. Todas esas personas iban llevando dinero en el tema hormiga, y eso lo manejaba la señora Juana Fujimori con Aritomi y Rosa Fujimori.

D. Estrada.- Bueno, pero Alberto Fujimori era el actor principal.

V. Montesinos.- Lógico, era el beneficiario directo, claro que sí. O sea, ellos eran los operativos de la operación.

D. Estrada.- Esos recursos que llegaban ilícitamente a manos de Fujimori pudieron tener un tratamiento de esa naturaleza y es por eso que no es posible detectar en este momento el lugar donde se ubican los recursos.

Por ejemplo, le pongo un caso. En el tema de los 15 millones que me pagan (entre comillas) a mí como compensación por los diez años de servicio, me entregan los 15 millones. El Ministerio de Economía le entrega al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa me entrega directamente a mí y yo lo entrego al señor Tsudit para mandarse a las cuentas de Zúrich, en Suiza, porque dijo el señor Fujimori que en los fondos que yo tenía allá afuera fueran incrementados con estos últimos 15 millones.

Me entregan el dinero, dos días antes de partir a Panamá, que es el 22 ó 23 de setiembre; pero un mes después es devuelto ese dinero. Es citado el ministro de Defensa Bergamino con el ministro Boloña a Palacio de Gobierno, está el señor Aritomi, y el señor Fujimori le entrega al señor Bergamino los 15 millones de dólares.

Pero hay un detalle que no se dieron cuenta. Los billetes que me entregan a mí, los 15 millones, tienen una denominación y una numeración, y los billetes que entrega el señor Fujimori todos son de 100 dólares; vale decir, que él tenía en disponibilidad en Palacio 15 millones de dólares diferentes a los que me entregaron a mí, o sea, los que devolvió no fueron los que me entregaron. Porque los que me entregaron a mí esa noche, yo se los entregué en las instalaciones del Servicio de Inteligencia al señor Tsudit y al señor Stone en presencia de los capitanes, ellos ayudaron a cargar las bolsas al carro, y ellos se lo llevaron para su casa y después enviarlos a las cuentas de Suiza. Entonces este dinero tuvo ese destino.

Pero en el tema de los 15 millones que devuelve el señor Fujimori es dinero totalmente diferente, además hay otro hecho importante. Hubo una Resolución Suprema que firma el señor Federico Salas, el señor Boloña y el señor Bergamino, ministro de Defensa, y el señor Fujimori obviamente como presidente, se devuelve el dinero, pero nunca hubo una resolución que derogara esa resolución devolviendo el dinero. O sea, el acto administrativo está válido, hay un egreso de dinero, no ha habido un acto que anule el documento y hay una devolución indebida de dinero al Estado.

V. Montesinos.- O sea, qué es lo que quiero explicarles. Que el señor Fujimori tenía en Palacio pues con el señor Aritomi 15 millones de dólares, porque quien saca las maletas y le entrega al general Bergamino y al viceministro Jalilie y saca las maletas es el señor Aritomi, saca de uno de los ambientes de Palacio de Gobierno. ¿Y qué está demostrando? Que el señor Fujimori tenía 15 millones de dólares en Palacio de libre disponibilidad como para hacer esta devolución (entre comillas) del dinero que supuestamente...

D. Estrada.- Dinero que nunca pasó por las manos suyas.

V. Montesinos.- Que nunca pasó por las manos mías.
Entonces todo el tema del Ministerio de la Presidencia que tenía una partida voluminosa él directamente hacía el manejo de adquisiciones y compra, yo no intervenía absolutamente para nada en eso.

D. Estrada.- Quiere decir, entonces, que este señor Fujimori tenía ingresos ilícitos totalmente fuera de control suyo.

V. Montesinos.- Así es, señor presidente.

D. Estrada.- Porque usted lo que le enviaba, ya sea con Rosa Fujimori, él le pedía a usted directamente.

V. Montesinos.- Claro, él me pedía directamente. Claro, que sí.

D. Estrada.- Usted le enviaba también unos sobres.

V. Montesinos.- Le enviaba sobres, veinte, treinta, cien. Por ejemplo, una vez le he entregado 700 mil dólares para la compra de un terreno en Chavimochic a nombre del señor Miyagusuku, que era de Popular y Porvenir. Y el señor Miyagusuku compra un terreno en Chavimochic porque Fujimori quería tener unos terrenos para el día que él se retirara; me dijo a mí: voy a tener unas tierras para poder cultivar y dedicarme a la agronomía, que era su hobby. Entonces, me dijo: entréguele 800 mil dólares a Miyagusuku. Y yo saqué 800 mil dólares, entré a la suite donde estaba ahí y le entregué en presencia de Fujimori a Miyagusuku los 800 mil dólares.

D. Estrada.- Pero dígame una cosa. Usted, un oficial con una preparación evidente en el campo de la Inteligencia, al entregarle a Fujimori estos recursos que provenían de una fuente no lícita en este caso, ¿tenía conciencia de que Fujimori estaba cometiendo un delito?

V. Montesinos.- Obviamente, señor presidente. Claro que sí, por supuesto que tenía conocimiento; o sea, no puedo decir que no tenía conocimiento. Si estoy entregando yo 800 mil dólares para un gasto que estamos haciendo esta simulación de documentos, claro, era consciente. Yo acepto mi responsabilidad en lo que me corresponde, no estoy negando mi responsabilidad.

Toda declaración merece una confrontación con hechos, con indicios, con otras declaraciones, con documentos, con circunstancias, con comportamientos. Por ejemplo, cuando Vladimiro Montesinos dice que la congresista Martha Chávez tenía como misión encubrir el "chuponeo" telefónico cuando investigó el hecho, lo único que se puede hacer para verificar si eso es verdad o no, es recurrir al documento que ésta firmara. Si en él se hubiera determinado que el chuponeo existió y hubiera señalado responsables, hubiese quedado patente que Montesinos hoy estaría mintiendo. Pero como lo que realmente ocurrió es que, pese a todas las evidencias, la señora Martha Chávez llegó a la increíble conclusión de que el "chuponeo" no existía y que no había culpables, entonces sí queda demostrado que su misión fue encubrir el delito y que en ese extremo Montesinos dice la verdad.

Es sólo con su comportamiento como todos los mencionados no sólo por Montesinos, sino por todos los que dan testimonios reveladores y de colaboración, pueden refutar o desmentir las acusaciones de las que son objeto.

Por ejemplo: los llamados tránsfugas, como los ex congresistas Elías, Ruby Rodríguez, Palomo, los Cáceres, González Inga, Ticona, Waldo Ríos, ¿se pasaron o no a Perú 2000? Lo hicieron. Si está registrado el testimonio de Alberto Kouri y el de Federico Salas en el sentido de haber recibido dinero, y a su vez el de tantos otros no congresistas que fueron coimeados, o se les ofreció cargos, o solución en juicios o por último hasta obras, ¿es dable suponer que los tránsfugas se pasaron gratis, sin absolutamente nada que demandar? No olvidemos el papel ignominioso que jugaron: sus rostros fueron escupidos en los "muros de la vergüenza", sus apellidos manchados, sus nombres coreados por el pueblo. ¿Acaso fue que súbitamente quedaron iluminados por su majestad Fujimori como una suerte de revelación divina en sueños?

¿Acaso todo el oficialismo fujimorista y por enésima vez el mismo Fujimori no defendieron a capa y espada a Montesinos, pese a las evidencias mostradas en enero del 2000 por el diario Liberación sobre sus millonarios manejos? ¿Acaso no defendieron al mismo Kouri diciendo que no era funcionario público en el momento del cohecho? ¿Acaso no despachaban con Montesinos y Fujimori y diseñaban con ellos la estrategia de copamiento de poderes para mantenerse en el poder ilícitamente? ¿Acaso no fue verdad el ignominioso papel que juraron los miembros del JNE al derivar el referéndum contra la reelección al Congreso luego de que inicialmente dijeron que le era aplicable la ley que obligaba a una iniciativa legislativa previa? ¿No fue verdad acaso que el día que el Congreso echó por tierra dicho referéndum se hicieron los locos tres congresistas para no dar quórum?

¿No es verdad acaso que la propaganda y las pintas de Perú 2000 eran hechas por el Ejército, como lo demostraron La República y un video tomado en Iquitos por el congresista Javier Diez Canseco, y que frente a esas evidencias las congresistas geishas una y otra vez "desmentían", jugando conscientemente el papel de cómplices? ¿No es verdad acaso que las elecciones del 2000 fueron un fraude, y que se sabía públicamente que se usaban recursos del Estado para financiar la campaña de todos y cada uno de los congresistas fujimoristas, con "vladipolos", con prensa chicha, con recursos del Pronaa, con soldados como personeros, con chuponeo a opositores, todo lo cual fue puntualmente denunciado, con fotos, documentos y testimonios por la prensa libre como "La República", "Liberación" y "El Comercio" en el caso del millón de firmas de Perú 2000? ¿No fue acaso cierto que la ONPE cumplió escrupulosamente cada una de las órdenes que le daba la mafia? Podrán querer negar los testimonios, pero los hechos, contundentes, acusadores, macizos, no podrán jamás cambiarlos.

Tampoco fue oído el reclamo de Amnistía Internacional, según el cual "las violaciones de los DD.HH. cometidas en el Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori de manera generalizada y sistemática le dan un carácter de crímenes contra la humanidad, contra los cuales cualquier Estado está habilitado para ejercer la jurisdicción universal".

Gustavo Espinoza M.
El Siglo

Recientemente, Benjamín Ziff, un oscuro consejero político de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, entregó a la Comisión Parlamentaria que investiga la corrupción en el Perú un conjunto de "documentos secretos" que el Departamento de Estado yanqui decidió "desclasificar". Fueron alrededor de 200 páginas, conteniendo 38 reportes referidos a la materia, las que recibiera Anel Townsend Diez Canseco como una muestra de la cantada "voluntad de cooperación" del gobierno de los Estados Unidos.

Los documentos muestran que la administración norteamericana sabía todo lo que ocurría en el Perú bajo el régimen de Alberto Fujimori. Tenía no sólo conocimiento exacto de la violación constante y sistemática de los derechos humanos, sino también de la existencia de escuadrones de la muerte manipulados por las más altas esferas del poder y cuya misión era aniquilar adversarios en todos los niveles. Los textos revelan, en efecto, que ya en 1990 Washington fue informado de ejecuciones extrajudiciales y de la formación de comandos asesinos encargados de las mismas. Ciertamente, guardó silencio en toda la década.

También, el gobierno de los Estados Unidos conocía desde un inicio que el afamado "asesor para asuntos de inteligencia" del Presidente peruano estaba estrechamente ligado a las mafias de la droga en el país y en el exterior y que tenía intereses afincados en el narcotráfico, en cuyo provecho hacía uso de los recursos del poder.

A ambos extremos se suma el hecho también relevante de que la Embajada de los Estados Unidos en Lima recibió precisiones definidas en torno a un complot oficial alentado por el gobierno peruano contra el entonces parlamentario de la oposición y director del diario "La República", Gustavo Mohme Llona, quien muriera en abril del año 2000 formalmente víctima de desórdenes de tipo cardiovascular. El documento específico está fichado con el número 2000 LIMA 06752 y registra que la modalidad operativa para el caso consistió en infiltrar dentro del personal de seguridad del fallecido parlamentario a un agente del servicio de inteligencia con la misión de sustituir los medicamentos usados para combatir la hipertensión arterial.

Independientemente de la necesidad de procesar investigaciones en torno a estos elementos que configuran delitos, incluso novedosos en el panorama peruano, hay que formular algunas observaciones.

Los documentos, en primer lugar, son escasos. La administración norteamericana sabe mucho más de lo que ha dicho y tiene muchísimos más documentos que mostrar, que aquello que entregara el 7 de enero a los parlamentarios peruanos. De alguna manera se podría decir que los comentados papeles son apenas la punta de un iceberg mucho más consistente y definido que lo anunciado ya.

En segundo lugar, hay que subrayar el hecho de que los documentos desclasificados poseen párrafos íntegros que han sido censurados por la propia administración norteamericana. Ello implica que formalmente el gobierno de los Estados Unidos reconoce que en torno al caso hay secretos que no puede revelar a las autoridades peruanas, y que deben seguir siendo mantenidos en reserva por Washington. ¿De qué tipo de secretos se trata? ¿Por qué, si son asuntos vinculados al Perú, el gobierno de los Estados Unidos no los pone íntegramente en conocimiento de las autoridades de nuestro país? ¿Qué lazos quiere ocultar el Departamento de Estado yanqui en la materia?

Es conveniente también, en el marco de esa reflexión, preguntarse ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos, que tenía en sus manos todos estos elementos de juicio, siguió colaborando hasta el fin con el gobierno de Alberto Fujimori? Porque si bien es verdad que esporádicos informes sobre los derechos humanos reconocían en el plano general la violación de éstos en el Perú, y si incluso algunos funcionarios de la embajada norteamericana en Lima fueron hostigados por el régimen fujimorista, también es cierto que virtualmente hasta el fin el Presidente depuesto siguió gozando de la plena confianza de Washington, que tuvo además en el asesor presidencial para temas de inteligencia un consultor y un operador privilegiado para toda la región. Eso no lo niega en absoluto el gobierno de los Estados Unidos, aunque ciertamente se muestra reacio para admitirlo.

Cada día está más claro que una buena parte de los hechos ocurridos en el país en esta materia, a lo largo de toda la década pasada, fue producto del trabajo de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados, en cuyo provecho y beneficio trabajó laboriosamente Vladimiro Montesinos.

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